Detrás de cada, o al menos de muchas, medidas de desregulación que implementa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Surzenegger, se esconde una anécdota o una historia personal. 

A mediados de febrero, Walter Javier Detzel, fue el protagonista de una decisión que celebró todo el sector frutícola argentino, aquejado por altos costos y un tipo de cambio que no los favorece. Walter es un productor de sandías, zapallos y melones de la localidad chaqueña de Castelli, 100 km al norte de Roque Sáenz Peña. Estaba viendo las noticias cuando escuchó en un reportaje a Sturzenegger y se decidió a escribirle. Ése fue el origen de las resoluciones 20/2025 y 21/2025 de la Secretaría de Agricultura que modifica las condiciones para los productores y exportadores frutícolas.

"Me crié en el campo con mi viejo, entre melones y sandías. En 2018 se contactó una persona de Paraguay para importar sandía. Le compraban a un productor de Brasil, pero Goainia está 2000 kilómetros de Asunción y acá estamos a 420 kilómetros" explicó Detzel, en diálogo con Forbes.

"Acordamos enviar 5 equipos, logramos meter cuatro con camión y acoplado, unas 28/30 Tn, pero el quinto equipo fue demorado en Aduana. Nos exigían una reglamentación de 1983 sobre embolsado y enrejillado sin logo ni escritura", explicó. Finalmente, lo liberaron por única vez. A partir de ese momento, empezaron a enviar las sandías en bolsas, pero el cliente se quejó de que al cortar la bolsa la fruta se rayaba y se golpeaba. Dijo que así no le servía. "Perdimos la venta del 6° y 7° equipo por unos US$ 10.800, además del costo del flete hasta Asunción", recordó Detzel.

Empeñado en encontrar trabas burocráticas y regulaciones que, en su visión, ponen palos en la rueda de los diferentes sectores económicos, enterado de la historia de Detzel, removió las regulaciones de empaque para la exportación de frutas y se estableció una suerte de libertad de cosecha, eliminando los plazos que hasta ahora fijaba el Senasa. De esta manera, ya no será el Estado el que fije cuáles son las condiciones necesarias para exportar, sino que bastará con cumplir las exigencias del importador.

El propio ministro dijo que fue el mail del productor quejándose por las excesivas regulaciones que lo llevaron a dejar de exportar a Paraguay. La modificación es una buena noticia para el sector. Sin embargo, el momento que atraviesa es poco auspicioso. El trance más complejo se vive en el sur, donde se está desarrollando la cosecha de peras y manzanas, que obligó a tirar la fruta que quedó sin vender. El principal motivo es que es más barato tirarla que mantenerla en depósitos refrigerados.

Ante ese panorama, una de las principales medidas que reclama el sector es un tipo de cambio diferencial, es decir, un "dólar fruta".

Viento de frente

La crisis en el Alto Valle, que abarca a las fincas productoras de Río Negro y Neuquén, es de tal magnitud que el Puerto de San Antonio Este (SAE), por donde salen las exportaciones de estos productos, redujo su programación de buques para esta campaña a un buque cada 

El titular del Ente Regulador del Puerto de SAE, Facundo Fernández, destacó que "la crisis de la fruticultura se refleja directamente en el puerto. Lo ideal sería un puerto con dos frecuencias semanales, como en su mejor momento". Esto trae además problemas de logística y suba de costos portuarios, al tener parte de la estructura paralizada.

"Las desregulaciones para el sector privado son buenas y la normativa para empaques está bien, pero en esta actividad el 50% del costo es mano de obra, que subió con la inflación por lo que la producción que se exporta (las peras) subieron su costo en dólares", explica Miguel Sabbadini, gerente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI).

El ejecutivo explicó que en noviembre pasado habían quedado sin vender unos 50 millones de kilos de peras, que luego parte "se malvendió a un bajo costo", otra parte se tiró y otra se entregó a bancos de alimentos. Así quedó un remante de unos 20 millones de kilos.

Bajos precios, costos altos

El punto crucial es que con la llegada de la nueva cosecha hay que hacer lugar en depósitos y cámaras. Además, hay un tema de costos. Los números son elocuentes. Mientras en 2012 la producción de peras y manzanas llegó a 2 millones de toneladas, para este año se estima que podría llegar a 1,1 millones.

En parte, es resultado de que en los últimos años muchos productores dejaron la actividad y hubo concentración del mercado. Se estima que hay unos 1200 productores activos (medidos por CUIT) cuando supo haber en las mejores épocas más de 5000 productores.

"Hoy tenemos un dólar planchado, costos que en dólares aumentaron 50% en el año -sólo la mano de obra subió 115%- y el precio de venta de las peras que se exportan o las manzanas que van al mercado interno, bajó o se estabilizó. Así los números no cierran", apuntó Zanardi. 

Agregó que necesitan que los productores reciban los 0,35 dólares por kilo acordados y "no los $200 promedio que reciben hoy". Como paliativo, Zanardi pide "un dólar fruta" que se conforme a partir de un reintegro de hasta un 30% del valor exportado, como hubo en los años 80 y 90, algo que -los productores saben- está muy lejos del manual de procedimientos del Gobierno.

Otra alternativa es reponer el reintegro por puertos patagónicos, que llegó a ser del 12%. Y también reducir las cargas patronales. "Si este Gobierno de verdad es libertario, que elimine las contribuciones patronales", lanzó el productor. Entre los pedidos que desde CAFI y Copal hacen al Gobierno, Sabbadini menciona la actualización del monto fijado en el decreto 128/2019 aplicado a contribuciones patronales para 35 economías regionales. "Ese monto quedó fijo en $16.000 por trabajador, si se hubiera actualizado con la inflación, hoy debería estar en torno a $650.000", detalló.

Argumentó que "las economías regionales, que tienen un promedio de dos trabajadores por hectárea, no pueden pagar las mismas cargas laborales que la soja, que ocupa una persona cada 200 hectáreas".