Se acerca fin de año y la tensión empezó a crecer en un sistema de salud que desde hace casi un cuarto de siglo trabaja bajo la emergencia sanitaria, pero que ahora enfrenta una amenaza que, literalmente, podría llevar a la quiebra a unos 5.000 prestadores, ahogados por importantes deudas con el fisco.

El próximo 31 de diciembre vencerá el plazo fijado por la Resolución 617/2024 del Ministerio de Economía, que establece la "suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares" o embargos por deudas acumuladas con la Seguridad Social (Obras Sociales) y el PAMI. 

Técnicamente, las deudas son con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) pero la que puede actuar y demandar a los deudores es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sucedánea de la AFIP.

Las deudas comenzaron a acumularse a partir de la firma del decreto de necesidad y urgencia 486 del 13 de marzo de 2002, tras el estallido de la Convertibilidad, que estableció la emergencia sanitaria nacional.

En ese contexto, los financiadores del sistema (agentes de la Seguridad Social y el PAMI) estaban en una situación crítica y no tenían recursos para pagar a los prestadores (clínicas, sanatorios, mutuales, centros de diagnóstico) por lo que se fueron acumulando deudas de los prestadores con el fisco por aportes y contribuciones. El DNU 486/2002 prohibió a los acreedores del sector público ejecutar sus acreencias en el marco de la emergencia sanitaria. 

En diciembre de 2002 otro DNU, el 2724/2002, a cambio del no pago de las obras sociales les dio a los prestadores -que no venían aportando- el beneficio de la "inembargabilidad". Concretamente, la AFIP podía iniciar acciones legales para cobrar, pero no podía embargar.

Amenaza real

Todo este andamiaje podría caerse de acá a dos semanas. Luego de casi 23 años de sucesivas prórrogas de la norma hoy en el sector salud es vox populi que "nadie que no haya pagado en 20 años puede pagar y ponerse al día". 

Ni siquiera la moratoria surgida de la Ley Bases, a la que adhirieron algunas empresas del sector, es una solución. A sólo tres meses de ingresar al régimen varias empresas ya tienen problemas para pagar la moratoria (el stock de la deuda) más el flujo o los aportes habituales de cada mes.

Forbes intentó saber a cuánto asciende la deuda de los prestadores, pero fue imposible determinar el número. Tanto prestadores como financiadores admiten que "tampoco se puede hacer un 'paga Dios'". Como fuere, desde Adecra, la entidad que agrupa a clínicas, sanatorios y mutuales, estiman que "el sector debe cientos y cientos de millones de pesos al fisco".

La medida abarca a las micro, pequeñas y medianas empresas prestadoras de salud (sanatorios, clínicas, mutuales) -tramos 1 y 2- con "Certificado MiPyME" vigente a la fecha de dictado de la resolución. También a personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes según el organismo recaudador, así como a entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de salud.

Según datos consignados en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), en todo el país operan unas 25.000 empresas de salud, de las cuales estarían en situación de ser embargadas o ejecutas por la ARCA unas 5.000 firmas, según datos del propio organismo.

En medio de la ebullición que hay en el sector, que alerta por la situación terminal que atraviesan una gran cantidad de empresas de salud, aseguran que la solución inmediata y de corto plazo es que una vez más se prorrogue la suspensión de las ejecuciones y actuaciones judiciales. 

Sin embargo, advierten que se necesita una solución de fondo y no desconocen que "una prórroga es prolongar la angustia" que afecta a miles de empresas en la actividad.

Sin diálogo

"Si la AFIP (sic) va a salir a ejecutar a las empresas, vamos a quedar sin el eslabón de prestadores de salud privados", anticipó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra).

Adecra en general actúa casi en tándem con CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio) y juntas representan a unas 420 entidades de salud privada con presencia en todo el territorio nacional.

Consultado sobre las negociaciones en curso con el Gobierno nacional para evitar la caída de las empresas en riesgo, Cherro destacó que "no tenemos diálogo, nadie nos llama del Ministerio de Salud, pero saben de la situación".

"Habrá que hacer una mesa de trabajo para ver cómo salimos de esto de una manera ordenada", apunta Cherro. 

Un dato a tener en cuenta es que en esta advertencia están actuando en sintonía con la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), que nuclea a las empresas de medicina prepaga. Son los financiadores del sistema junto a las obras sociales, con quienes los prestadores solían protagonizar duras pulseadas por la actualización de los aranceles, mientras regía la regulación del sector por parte del Estado, vigente entre 2012 y octubre de 2024.

"Muchas empresas prestadoras no pagan desde 2002 y otras desde la pandemia", porque no hay que olvidar que "en 2020 se perdieron cuatro facturaciones completas", señaló Hugo Magonza, presidente de la UAS. Luego, por subsidios y asistencia solo se pudo recuperar el equivalente a una facturación.

Reconociendo que es virtualmente imposible que una firma que no pagó aportes por más de dos décadas pueda ponerse al día corto plazo, Magonza propone "transformar esto (la deuda con el fisco) en un beneficio fiscal, con prestaciones hacia el sistema de Seguridad Social y al sistema público". 

Por lo pronto, la alternativa urgente es una prórroga de la Resolución 617/2024 por seis meses o más tiempo, y después el Gobierno deberá encontrar una solución de más largo plazo. Todavía no se sabe qué pasará.

Mientras tanto, desde la UAS admiten que el costo de la salud "cada vez va a seguir creciendo" porque la gente vive más tiempo, se incorpora tecnología y hay más coberturas.

En este sentido, un dato es revelador. "Entre el 1 de enero de 2012 y octubre de 2024, mientras rigió la ley de regulación del sector, las cuotas de las prepagas aumentaron 20.350%, los salarios 21.259%, el costo de vida según IPC 29.000% y los medicamentos 35.378%", detalló Magonza. Una ecuación difícil de sostener.