Esta semana, varias empresas y cámaras que agrupan compañías del sector financiero emitieron comunicados criticando la decisión de algunas provincias de subir impuestos a Proveedores de Servicios de Pago (PSP). El caso más llamativo fue el de Santa Fe, que aumentó Ingresos Brutos para PSP de 5% a 9% y generó polémicas con los principales jugadores y referentes del sector. 

Pareciera que el objetivo de las provincias al incrementar las tasas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos responde a un fin meramente recaudatorio. Las reducciones a nivel nacional que se dieron en los últimos meses, tanto en materia financiera convencional como digital, estaban vinculadas a pagos al exterior, lo cual, con el acercamiento del dólar financiero al oficial, facilitó la eliminación de esos gravámenes. Asimismo, se quitaron las retenciones a cuenta tanto en el Impuesto a las Ganancias como en el IVA para las ventas que hicieran los comercios con tarjetas de crédito, débito y otros medios electrónicos de pago.  

Ahora bien, a nivel doméstico, las provincias no cuentan con otros mecanismos de recaudación que no sean coparticipables y es por ello que acuden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos como principal herramienta de recaudación. No obstante, este impuesto se suele trasladar al precio de los productos y servicios, en todas y cada una de las etapas del proceso productivo y de comercialización, con lo cual una suba de las alícuotas puede atentar contra el crecimiento de estas actividades y retraer el consumo. 

Realizar aumentos significativos en impuestos indirectos afecta claramente el consumo, y por ende no contribuyen al crecimiento de los negocios dado que se contrae la demanda. Los impuestos indirectos son tributos de carácter regresivo que no contemplan la capacidad contributiva. El impuesto sobre los débitos y créditos bancarios por ejemplo, introducido en Argentina a inicios de la década del 2000, podría afectar la competitividad y también desalentar la formalización de la economía. Sin embargo, la eficiencia recaudatoria resultó muy tentadora como para eliminar este tributo. 

De manera similar, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a servicios financieros y medios de pago digitales, además de atentar contra el consumo encareciendo los costos de los comercios, podría fomentar el crecimiento de economías informales. Debe tenerse en cuenta que en Argentina no solo contamos con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que recae sobre las ventas, sino también con el IVA recaudado a nivel nacional. Si bien las mecánicas de recaudación y liquidación son diferentes, ambos impuestos son indirectos y recaen sobre las ventas afectando el consumo. 

Utilizar los sistemas de pago como herramienta recaudatoria podría causar un efecto nocivo sobre la formalidad, con lo cual, por el contrario, se deberían generar mayores incentivos para su uso. Si la venta se genera en la informalidad, no solo no se recaudará el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuyas alícuotas se incrementaron, sino que no se recaudaría impuesto alguno. 

Como se comentaba anteriormente, no es común contar con dos impuestos indirectos que se apliquen sobre la misma base imponible, a pesar de que uno se recaude a nivel nacional - IVA - y otro a nivel provincial - Ingresos Brutos -. Una posibilidad a evaluar, junto con una reforma integral tributaria podría ser la unificación de estos impuestos. Pocos países en el mundo cuentan con un régimen tributario con ambos impuestos. Otra opción sería otorgar regímenes de incentivos específicos para determinadas industrias que se pretendan fomentar, otorgando beneficios a pequeñas y medianas empresas, sectores en crecimiento e industrias en las que se desee invertir, ya sea a nivel nacional o en búsqueda de capitales extranjeros. El régimen debería ser claro y accesible para que los contribuyentes pueden aplicarlo sin mayores dificultades ni trámites complejos. 

En mi opinión, es habitual que se genere esta oposición de intereses entre los Fiscos y los contribuyentes. De cualquier manera, la presión fiscal en Argentina es elevada en comparación con otros países de la región. Si bien esto históricamente no ha sido impedimento para el desarrollo de negocios en Argentina, se deberían arbitrar los mecanismos para no desatender las necesidades provinciales, pero también para fomentar un crecimiento genuino de los negocios, como así también la formalización y simplificación de la economía. En este intento, el incremento de impuestos que recaen sobre el consumo no parecería ser una medida atractiva para potenciales inversores. 

*Por Pablo Minniti, Socio de Impuestos & Legales de Deloitte