La primera decisión de peso del juez que administra el concurso de acreedores de Vicentin rebajó las funciones de los interventores decididos por el Gobierno como "veedores controladores”. ¿Qué quiere decir? Que tendrán “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”.

Las decisiones de administración diarias -al menos hasta que se expida la Cámara, ya que se descarta que el Estado apelará- estarán a cargo nuevamente de la administración original de la compañía. La "imposición" del interventor Gabriel Delgado y el subinterventor Luciano Zarich "impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”, manifestaron los directores de la compañía concursada, que además reclamaron que se determine inconstitucional el decreto por el cuál fue instrumentada la intervención. El juez Lorenzini se declaró incompetente en este punto, con lo cuál la decisión dependerá de instancias superiores.

En los considerandos del fallo, el juez afirmó: “Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.