Ayer se dio a conocer un dato sobre el panorama del poder adquisitivo de los argentinos en 2021: sólo en el primer trimestre del año, la inflación ya registró una suba del 13%. ¿Y los salarios? Por ahora siguen perdiendo contra el aumento de precios y la vara para no caer en la pobreza es cada vez más alta.
Según el INDEC, en marzo, la canasta básica alimentaria -la que mide el nivel de indigencia- subió 4,5% respecto de febrero, mientras que la canasta básica total -que establece la línea de pobreza- subió 5%, es decir, por encima del índice de inflación de marzo (4,8%).
Este nuevo esquema de precios hizo que, en el tercer mes del 2021, una familia requiriera $ 60.874 para no ser pobre y $ 25.685 para no ser indigente. La progresión mensual de estos indicadores impulsaron al Gobierno a lanzar una batería de medidas con el fin de contener el alza inflacionaria de productos básicos, en especial ligados a la alimentación.
De allí la semana pasada el Ministerio de Desarrollo Productivo anunció nuevas acciones para contener la suba de precios en el sector alimenticio y garantizar el abastecimiento de mercancías, insumos y bienes industriales, con la idea de bajar la inflación y recuperar el poder adquisitivo de los salarios.
Qué piensan en el Gobierno
En una reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno se definieron nuevas medidas con la idea de promover la competencia y el aumento en la oferta de productos en diversos rubros de la actividad económica. Las medidas fueron dadas a conocer casi a la par con la inflación de marzo.
Las iniciativas son una respuesta del Gobierno que parte de un análisis macroeconómico sobre el efecto que generó el aumento del precio internacional de los alimentos -del 30% en dólares desde septiembre de 2020, en promedio- a lo que a nivel local se sumaron "maniobras especulativas", según aluden desde el Ejecutivo.
Por eso, desde la Casa Rosada informaron que trabajarán en impulsar el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles; un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro; el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas; una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos; y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas.
La falta de actualización de los precios es una de las críticas que advierten los empresarios de firmas alimenticias.
Por otro lado el Gobierno trabaja en una modificación para el relanzamiento del programa Precios Máximos que vence a mitad del mes próximo. A fin de marzo el gobierno renovó este programa con los mismos valores y productos alcanzados en la última actualización, a comienzos de febrero de este año. La falta de actualización de los precios es una de las críticas que advierten los empresarios de firmas alimenticias por lo que se está buscando una alternativa.
Por estas horas la propuesta oficial es elaborar una canasta de 120 productos a precios populares que quedarían congelados por seis meses que, en este caso, los empresarios aceptarían sólo con la promesa de que finalice el programa Precios Máximos.
En ese marco, los 120 productos que llegarían tanto a supermercados como a comercios de cercanía, aparecen como un puente para cumplir con el pedido de los empresarios sin que esto signifique una nueva disparada en la canasta básica.
En tanto que días atrás la Secretaría de Comercio Interior renovó hasta julio próximo el programa Precios Cuidados 2021, una canasta de productos representativos del consumo masivo local, que pasa a contener 670 referencias y que, aquellos que ya estaban incluidos en la lista, incrementaron sus precios un 4,8% en promedio.
A fines de marzo, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), daban a conocer su intención de reclamarle al Gobierno que dejara sin efecto la medida por las que se las obliga a brindar información sobre la producción, ventas, precios y stock de los productos que fabrican. En caso de que la secretaría de Comercio se niegue y mantenga la disposición, los empresarios recurrirán a una instancia judicial para hacer el reclamo.