Con el comienzo de un nuevo período de sesiones ordinarias, perdió estado parlamentario el proyecto del gobierno que buscaba reformar a las SAS, el cual había generado controversia y temor entre los emprendedores y pymes del país.
La SAS fue creada en 2017 por la ley 27.349, propuesta por la Asociación de Emprendedores de Argentina y votada por unanimidad por todo el arco político con el objetivo de fomentar la creación de empresas y el emprendimiento en el país.
El proyecto buscaba limitar la creación y funcionamiento de las SAS, estableciendo que las personas debían inscribirse en un registro de emprendedores a cargo del gobierno nacional como paso previo previo a constituir una sociedad. dejando a discreción del gobierno de turno a quien aceptaba o no como emprendedor.
Además, cuestionaba la validez de más de 40.000 sociedades SAS digitales constituidas bajo la ley 27.349, generando inseguridad jurídica para miles de pymes y emprendedores del país que están trabajando y creando empleo. El proyecto -ahora trunco- era una reedición de las resoluciones dictadas por la IGJ en CABA, todas ellas oportunamente cuestionadas judicialmente por ASEA.
Referentes en la materia han opinado sobre la cuestión: "No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra la Argentina, se ponen trabas para aquellos que quieren crear empresas”, manifestó Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). “Por tres años, tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Por suerte esta situación ha terminado”, explicó.
Por su parte, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, subrayó que “con la SAS, cualquier persona podía abrir una sociedad de manera fácil, sencilla y de forma digital. Mediante el caído proyecto de ley y las resoluciones de la IGJ, se pretendía volver al papel. Argentina es el único país del mundo que busca volver un trámite digital y con blockchain al papel. Eso no solo es una nueva barrera para quienes quieren emprender; significa un enorme retroceso porque agrega discrecionalidad, quita transparencia, suma burocracia e inseguridad jurídica”, agregó.
"Crear un registro de emprendedores, y establecer que estos tienen que pedirle autorización al gobierno de turno para emprender, es algo que tiene tintes soviéticos e intervencionistas, y que solo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía. Por suerte este proyecto de ley ha quedado sin efecto”, sostuvo Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo.
"Es una excelente noticia para los emprendedores y emprendedoras que crean empleo y eligen las SAS en todo el país. Es hora de mirar al futuro y de pensar qué más podemos hacer para hacerle la vida más fácil a todos ellos. En eso estamos ahora desde ASEA y el objetivo es el mismo de siempre: hacer de nuestro país un lugar donde emprender sea deseable y posible”, dijo Patricio Gigli, Director Ejecutivo de ASEA.
Si bien las limitaciones de la SAS se dieron en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto de ley buscaba limitarlas en todo el país. Al respecto el profesor de la Universidad de Cuyo, Fernando Perez Hualde dijo: “En Mendoza 8 de cada 10 empresas que se crean, son SAS. Por suerte el proyecto de ley no ha prosperado, porque habría creado un gran caos en el resto del país, donde estamos ajenos a la problemática porteña”.
Por otro lado, Lisandro Hadad, director del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario, afirmó que: “la creación de un Registro Nacional de Emprendedores es totalmente inconstitucional. Es inviable que a un emprendedor del interior, un organismo nacional le diga si puede o no emprender. Claramente, rompe con el federalismo de nuestra Constitución”.
La Ley de Emprendedores fue un gran avance para el ecosistema emprendedor en Argentina al permitir la creación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Este nuevo tipo de sociedad permitió una mayor flexibilidad para la organización del capital y la posibilidad de escalar de forma simple y ágil, algo que era muy valorado por los emprendedores.
Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50.000 empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 80.000 puestos de trabajo registrados, lo que representa un importante impulso para la economía del país. Sin embargo, la IGJ limitó su uso en 2020 con resoluciones cuestionadas judicialmente, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para los emprendedores.
A pesar de las limitaciones impuestas por la IGJ, las SAS siguen siendo una figura societaria muy utilizada en provincias como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas. Esto demuestra que los emprendedores valoran la flexibilidad y simplicidad que ofrece este tipo de sociedad y que su uso puede ser una herramienta importante para fomentar la creación de nuevas empresas y empleos en Argentina.
Carlos Vanney, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, sostuvo que “la caída de este proyecto demuestra la importancia de generar consensos, y ojalá sirva para que todos entendamos que darle a los emprendedores las herramientas necesarias para su desarrolló debe ser una política de estado que todos tenemos que apoyar y defender.”