El conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina fue detenido junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad terapéutica que no estaba habilitada, tras lo cual la Sedronar tomó intervención para garantizar la situación de los pacientes y sus familiares pidieron evitar la clausura de la institución.
Fuentes policiales y judiciales informaron que Medina quedó detenido en la seccional 1ra. de la localidad bonaerense de Berazategui a la espera de que mañana sea indagado por el fiscal Daniel Ichazo.
La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense, y en el departamento de Punilla, en Córdoba.
Voceros judiciales informaron que en el lugar "se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".
Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.
El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido.
El procedimiento fue llevado a cabo por el titular de la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui, Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.
En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos involucrados de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes.
Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.
También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron a Télam los voceros.
"Mi hijo tiene 18 años y está internado hace un mes, acá me ofrecieron rehabilitarlo sin pastillas ni medicaciones, como hacen en otros lados, acá hacen terapias, juegan al fútbol. Mi hijo empezó a estudiar primer año, hacen carpintería, tienen terapia con psicóloga y psiquiatra y la contención de sus mismos compañeros", dijo a Télam Mercedes, la madre de un joven internado en el lugar.
La mujer manifestó su total apoyo a la comunidad La Razón de Vivir, en compañía de otras 50 familias de los 60 jóvenes que permanecían esta mañana en una de las tres sedes que tiene el lugar, ubicada en las calles 1 de Mayo y General Belgrano, en la localidad de Florencio Varela.
El espacio consta de dos manzanas, con una especie de galpón de grandes dimensiones, y un parque con caballo y ovejas.
El barrio, llamado San Rudesindo, cuenta con algunas viviendas en predios aledaños y otros terrenos se encuentran deshabitados.
Vecinos del lugar comentaron a Télam que "el terreno de la comunidad pertenece a una empresa de agrotóxicos que antes tiraban todos sus desperdicios y ahora está este lugar, donde se los ve bien a los chicos".
Otro de los centros que está siendo investigado se encuentra ubicado en la ruta 53, del barrio El Tropezón, en la misma localidad, y el tercero en la provincia de Córdoba, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados hoy.
Las familias se manifestaron esta mañana en la puerta de la comunidad terapéutica para "impedir que trasladen a los chicos internados a otro lugar" y evitar su cierre, mientras que personal de Policía Federal, de la Sedronar, SAME y el fiscal Ichazo, se encontraban trabajando en su interior.
Por su parte, la titular de la Sedronar, Gabriela Torres, aseguró a Télam que este centro de rehabilitación no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y lamentó "este tipo de noticias que son reiteradas".
"Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar", indicó Torres.
En medio de gritos de familiares y pedidos de ayuda para que habiliten en lugar, el fiscal Ichazo salió a la puerta de la comunidad para solicitar a los presentes que los deje trabajar y confirmarles que dejarán pasar a familiares para que se encuentren con los jóvenes.
Ichazo confirmó que las detenciones de 17 personas "comenzó con la denuncia de exinternados y fue corroborada con escuchas telefónicas".
"La investigación comenzó por denuncias de las propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 personas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada, que se le daba a algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que les hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota", explicó el fiscal.
Mercedes, cuyo hijo estaba internado allí, comentó a Télam que cuando lo visitaba él le decía que no se quería ir de allí, "que de esto salen todos juntos y que lo tratan bien". "Yo lo veo bien, con una sonrisa de oreja a oreja y los chicos tienen una contención excelente acá", agregó.
Otro joven, llamado Catriel, se acercó al lugar para apoyar a las familias y dijo estar rehabilitado del consumo de drogas desde hace tres años, tras haber estado internado de la comunidad.
"Todos están acá por su voluntad, no puedo estar más agradecido a este lugar, tengo una vida gracias a esta comunidad, me pasaba cinco días consumiendo, aunque era supervisor de ventas y llegué a ser gerente, pero me iba a Constitución de traje y me quedaba cinco o seis días consumiendo", apuntó el joven.
Los familiares continuaban hasta esta tarde protestando en la puerta del lugar, mientras agentes policiales les informaban que estaban trasladando a algunos jóvenes a las comisaría tercera de esa localidad y a otros hacia otras comunidades terapéuticas.
"Vení, vení, baila conmigo que un amigo vas a encontrar, y de la mano del loco Pipi, toda la vuelta vamos a dar", cantaban los jóvenes desde adentro del lugar, con banderas y bombos, en conjunto con las familias que los apoyaban desde afuera, tras aclarar a Télam que "Pipi" es el apodo del director de la comunidad, Eduardo Zelaya.
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Desde del interior de la comunidad, un joven se dirigió a la prensa con un mensaje de apoyo al centro y transmitió que "estas detenciones tienen que ver con un fin político".
"La calle y la sociedad nos estaban matando, acá volvimos a nacer, a crecer, aprendimos a escuchar, a hablar, por eso, todo esto es una movida política para que nosotros no vayamos a la marcha de hoy, convocada al Congreso de la Nación sobre la ley de adicciones", apuntó el joven desde el enrejado de la puerta de la comunidad.
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El conductor de Tv Marcelo "Teto" Medina pasará la noche detenido en la comisaría primera de Berazategui a la espera de ser indagado mañana a primera hora en la causa en la que se investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", que no contaba con habilitación oficial.
El exintegrante de VideoMatch ingresó pasadas las 15 a la comisaría tras ser detenido esta mañana en su departamento del barrio porteño de Palermo para "informarse de su situación procesal" según dijeron a Télam fuentes policiales.
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Luego ingresó su abogado Adrián Tenca quien a la salida dijo a la prensa que Medina quedaba detenido en la comisaría "a la espera de ser indagado mañana por el fiscal, tras lo cual presentaré un pedido de excarcelación porque es absolutamente inocente".
"Medina me comentó que iba los martes de 11 a 17 a dar charlas motivacionales nada más, cobraba un pequeño sueldo para eso por cada charla y que esa era su única vinculación con esta organización", dijo Tenca a la prensa.
Agregó además que (Medina) "tiene el teléfono intervenido desde hace seis meses y me dijo que le pueden escuchar todas las conversaciones que de ninguna va a salir que haya cometido delito alguno".
Respecto a las razones de la acusación, explicó que "la Justicia tiene por uso tirar una red y detener a todo el mundo y eso esta muy mal. Le tiene que dar la libertad en forma inmediata después de que lo indaguen mañana. Medina no tiene idea de lo que pasaba dentro de la comunidad para el caso que hubiera pasado".
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Precisó que el conductor "esta espectacular de ánimo sabiendo que es inocente. La Justicia tiene que probar su culpabilidad, la realidad es que una persona que va una vez por semana y no hace ningún tipo de actividad entiendo que no hay ninguna prueba contra él".
"Si la Justicia dice que hay 200 horas de escucha -sostuvo el abogado- tiene que relacionar eso con un acto ilícito que le imputa. Me manifestó que las madres y los chicos le tienen confianza y que si les hubiera pasado algo se lo hubieran contado".
Tenca destacó además que "Medina va a declarar mañana, no se negará, las charlas eran de un adicto recuperado a uno en recuperación, ese era su rol, no lo hacía desde ningún título ni nada. Creo que su condición mediática tiene que ver con su detención".
"No se si esta organización cometió un delito o no. El llegó acá como exadicto y me dijo que quiere declarar. Todo lo que él hacía está en las redes sociales y después promocionaba su propia charla", destacó el letrado.
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Fuentes del caso indicaron que el exVideoMatch cumplía la función de “marketing”. Creen que “ayudaba a acceder a organizaciones privadas, favoreciendo así las actividades llevadas a cabo en los distintos centros terapéuticos, movimientos que a su vez le producían un gran beneficio económico”, aseguró la periodista Cecilia Di Lodovico en TN
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Lo acusan de captar adolescentes y adultos y lo ubican por debajo de los sindicados jefes de la presunta banda, en los que están involucrados policías.
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En lo más alto de la pirámide aparece Néstor Ezequiel Zelaya, el socio fundador de la S.R.L. y Director General de la comunidad terapéutica. Fue el encargado del manejo de las redes sociales y publicidad utilizando diferentes figuras públicas y medios de comunicación locales y nacionales.
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La causa, en manos del fiscal Daniel Ichazo, se originó por una denuncia que aseguraba que en “La Razón de Vivir”, sometían a las personas que asistían a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, dentro y fuera de los establecimientos.
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Los detectives identificaron a más de 200 víctimas (mayores y menores de edad), distribuidos en siete centros de rehabilitación y 19 víctimarios. Ellos son:
- MARCOS ALEJANDRO PACHKO (Socio Fundador de la SRL).
- EDUARDO HUMBERTO ZELAYA (Subdirector de la Quinta Uno y progenitor de Zelaya Néstor)
- MARIANO JORGE LUIS TORCHIA (Director de la Quinta Dos Florencio Varela, domiciliado en la localidad de La Matanza - un ex agente de la Policía Federal Argentina)
- JORGE ALBERTO BASÍLICO (Director de la Quinta Tres de la Provincia de Córdoba)
- GÓMEZ ROSANA ELIZABETH (Administradora encargada de los cobros y esposa de Jorge Basilico)
- DURAN RUBÉN ERNESTO (Encargado del Nexo con las Familias de los internos en la Quinta Uno)
- ARIAS MARTIN EZEQUIEL (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno y Quinta Tres)
- NIEVA EMILIO DAVID (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Dos)
- FEDERICO EMMANUEL RISO PATRÓN (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno)
- SONIA ELIZABETH CÓRDOBA (Encargada en Quinta Tres de la Provincia de Córdoba, nexo entre las familias y el Director General, realiza publicidad en dicha Provincia)
- ALFREDO MARTIN CÓRDOBA (Operador en Adicciones, Coordinador de las Quintas Uno y Dos)
- CÁCERES FERNÁNDEZ DAMIÁN ALBERTO (Director General Quintas ELECCIÓN DE VIDA, cuya pareja es efectivo de la policía bonaerense)
- PATRICIA ELIZABETH ENTRE RÍOS (Coordinadora de Operadores o Coordinadores)
- LANZA TATIANA (Policía de la Provincia de Buenos Aires)
El caso del director Torchia, las denuncias de las víctimas, hablan de un trato militarizado, maltrato verbal y psicológico, incluso sus propios compañeros de la Organización comentan en las escuchas esta situación, avalando todo esto los testimonios de las víctimas.
En tanto, Lanza con jerarquía de Oficial de Policía, cumpliría dentro de la organización el rol de amenazar a los internos que desean abandonar las quintas, presentándose uniformada o haciéndose pasar por Fiscal o Jueza dentro de los centros, advirtiendo a los mismos que podrían ir presos en el caso de volver a fugarse del lugar o que se comportan de manera indebida.
La directora de la Sedronar confirmó en TN que el sitio no figuraba en sus registros, requisito para poder funcionar de manera legal.
Los investigadores determinaron que la organización, a través de “La Razón de Vivir” y “Elección de Vida” (otro centro sin habilitación), ofrecía a los familiares de los internados un servicio de atención psicológica, cuidados médicos y de enfermería, tratamiento personalizado acorde a cada necesidad de cada paciente, servicios que no existían, de acuerdo a las fuentes.
Sin embargo, los familiares pagaban una cuota mensual más una inscripción, siendo la cuota diferente e impuesta acorde a las apariencias y acorde nivel adquisitivo de cada familia. El básico era de 35 mil pesos, pero variaba y aumentaba con el tiempo. En algunos casos, era de 200 mil pesos por mes.
“Los internados eran obligados a realizar tareas de albañilería para la expansión y mejoras de las instalaciones de los centros de rehabilitación, todo ello sin ninguna remuneración”, precisaron.
Al mismo tiempo, los detectives detectaron que “los internos sufren controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta como así también cuando manifiestan deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento”.
De acuerdo a las fuentes, cuando quieren retirarse “son engañados por parte de los directores del lugar asociados, coordinadores y cómplices, quienes se hacen pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces; haciéndoles creer que en caso de abandonar el lugar, deberán enfrentar cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias”.
“Valiéndose de figuras públicas y realizando diferentes publicaciones en Redes Sociales o entrevistas en Radios de la zona o medios nacionales, el ámbito de actuación se extiende a lo largo del país”, indicaron.
“Se aprovecharon de personas muy vulnerables”, resume un investigador. Casi todas las estrategias que aplicaron para que los pacientes no se escaparan violaron la Ley de Salud Mental. El objetivo, aseguran, era continuar cobrando la cuota.
Los agentes lograron determinar la existencia de un grupo de internos, que ha logrado la “confianza” o la “benevolencia” del Director General, estos internos son llamados “Chicos Tiempo” y se encuentran jerárquicamente por encima de sus compañeros, teniendo beneficios como salidas o visitas de sus familiares.
Los “Chicos Tiempo” son los encargados de dar aviso cuando un compañero quiere abandonar la Comunidad. Tras la alerta, obligan al interno a regresar, por cualquier medio, incluso por el uso de la violencia, detallaron las fuentes.
En caso de que el interno no quiere escapar, pero manifestó su necesidad de retirarse; “la intervención es aún más intensiva; no importa los motivos que esta esgrima para irse, los “Operadores” llaman al “Director General”, que hace una intervención directa, lo aísla y comienza a hablarle durante horas sobre la necesidad de que se quede; no hace ninguna evaluación por ningún equipo interdisciplinario ni tampoco realiza una intervención con la familia”, agregaron.
“Hay un sistema perverso que utiliza el miedo de las familias a la recaída de sus familiares, en ese momento interviene uno de los investigados, que valiéndose de la desesperación de estas personas, comienza a presionar a las familias diciendo que si sus familiares se van pueden terminar muertos o presos, para cuando el interno puede comunicarse con su familia, esta no cree los dichos de los internos”, indicaron las fuentes.
Los investigadores remarcaron que “cada centro de rehabilitación cuenta con directores, administradores, coordinadores, psicólogos y otros cómplices participes necesarios, quienes han sido correctamente identificados y certificado su participación en la organización”.
- Con información de Télam y de Ceciilia Lodovico para TN
