La empresa de inversión Adhemar Capital SRL está bajo la lupa de la Justicia por una serie de denuncias contra su titular, Edgar Adhemar Bacchiani, por presunta estafa. En las últimas horas, el responsable de la firma no recibió buenas noticias desde los juzgados que lo investigan: le revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron el embargo de las cuentas que posee en la reconocida billetera para criptomonedas, Binance Services Holding Limited.
Esa última disposición judicial fue adoptada por la jueza María del Rosario Arias Gómez, a cargo del Juzgado Civil en Documentos y Locaciones I de la ciudad de Tucumán, dando lugar a una medida cautelar de embargo preventivo sobre las cuentas que el demandado tiene en la plataforma de Exchange Binance.
La medida es la primera de este tipo contra una plataforma de criptomonedas que presta sus servicios desde el exterior. El fallo abarca tanto las cuentas que tenga el demandado y como los fondos actuales y futuros que se liquiden a favor del mismo, todo ello hasta cubrir la suma de U$S 5.000 por capital más U$S 1.500 para responder por acrecidas posteriores.
Desde el juzgado se va a librar un oficio a un correo electrónico de la compañía Binance Services Holdings Limited, como notificación para que procedan a dar cumplimiento a lo resuelto y depositen los fondos en una cuenta bancaria que el mismo disponga.
Al ser consultados por NA, desde la plataforma digital remarcaron que "Binance reafirma su compromiso con las autoridades locales e informa que trabaja activamente junto a las entidades que hacen cumplir la ley para garantizar que la comunidad esté segura y evitar actividades fraudulentas".
Adhemar Capital es una empresa que se dedica a realizar inversiones con criptomonedas, prometiendo importantes rendimientos a sus clientes y que funciona en el norte argentino, principalmente en Catamarca, Tucumán y Córdoba.
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La firma prometía a sus inversores y ahorristas, que al destinar su dinero para que fuera invertido en criptomonedas, a cambio, obtendrían ganancias con tasas de interés que llegaban al 50% anual. Cuando los pagos se retrasaron y la posibilidad de recuperar el dinero se redujo notoriamente, se empezaron a radicar las correspondientes denuncias en la justicia.
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Por Joaquín Morosi, de NA.
