Alrededor de la mitad de la población mundial vive sin ninguna protección social, aunque la pandemia del coronavirus obligó a los gobiernos a amparar mejor a su población, indicó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según este primer informe de la OIT, desde 2017 sobre el estado de la protección social en el mundo, 4.100 millones de personas siguen careciendo por completo de esos servicios. La protección social incluye el acceso a la salud, el apoyo financiero durante la jubilación y en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, accidentes laborales, maternidad, entre otros aspectos.
En 2020, solo el 46,9% de la población mundial recibía al menos una prestación de protección social, mientras que el 53,1% no contaba con ninguna garantía de ingreso por parte de su sistema nacional de protección social. Los porcentajes globales ocultan importantes disparidades entre las regiones y dentro de ellas.
Mientras que la cobertura está por encima de la media mundial en Europa y Asia central (83,9%) así como en América (64,3%), está por debajo en Asia y el Pacífico (44,1%), los Estados Árabes (40%) y África (17,4%). El gasto público en protección social también varía considerablemente. En promedio, los países le destinan el 12,8% de su Producto Bruto Interno (PBI), mientras que los países de renta alta le dedican el 16,4% de su PBI y los de renta baja sólo 1,1%.
La pandemia permitió realizar una "radiografía" de las desigualdades en el mundo, pero también "reveló el rol absolutamente crucial que la protección social tuvo en la respuesta" de los gobiernos a la crisis, afirmó el director general de la OIT, Guy Ryder, durante la presentación del documento, informó la agencia de noticias AFP.
"Los países están en una encrucijada. Este es el momento crítico para utilizar la respuesta a la pandemia para construir una nueva generación de sistemas de derechos de protección social", advirtió. La OIT pidió a los dirigentes mundiales seguir con los esfuerzos implementados durante la pandemia, pese a la enorme presión financiera que esto supone. Porque aunque la pandemia empujó a los países en invertir en estos servicios, el Covid-19 -que paralizó la economía mundial durante un tiempo- podría también recortar los avances en la reducción de la pobreza.
El déficit de financiación -el gasto adicional necesario para proporcionar al menos un nivel mínimo de protección social para todos- aumentó alrededor de un 30% desde el inicio de la crisis sanitaria, debido a la mayor necesidad de servicios de salud, de medidas para compensar los ingresos y a la caída del PIB provocado por la crisis.
Para garantizar al menos una cobertura básica, los países de renta baja tendrían que invertir US$ 77.900 millones adicionales al año, los países de renta media baja US$ 362.900 millones adicionales y los países de renta media alta US$ 750.800 millones más, lo que equivale al 15,9%, 5,1% y 3,1% de su PBI respectivamente, según la OIT.
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