Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una audiencia pública con el objetivo de determinar el precio del gas y el nivel de subsidios que asumirá el Estado para evitar su traspaso pleno al usuario. Más de 40 oradores participaron virtualmente de la audiencia organizada por la Secretaría de Energía, entre legisladores nacionales, asociaciones de defensa del consumidor, defensorías del pueblo y representantes de empresas productoras y de distribución.
En la primera audiencia, el eje estuvo puesto sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (Pist), que representa aproximadamente el 40% de la factura, y el porcentaje de ese costo que el Estado nacional asumirá mediante subsidios y lo que deberán afrontar los usuarios, en el marco del Plan de Promoción del Gas Natural Argentino 2020-2024.
La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, señaló hoy que las opciones para cubrir el costo del fluido a fin de atender la demanda prioritaria -que comprende a los usuarios residenciales y determinados comercios- pasan por la asignación de partidas presupuestarias adicionales o por correcciones tarifarias de entre 17% y 35%.
“En la actualidad entre el 55,7% y el 60% del costo total del gas natural es afrontado por Estado nacional”, precisó Videla. La funcionaria aclaró que el análisis oficial parte de los supuestos contemplados por un lado en el Presupuesto 2021, y por otro, en las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundidas por el Banco Central.
Sin partidas presupuestarias adicionales, el precio del gas podría aumentar entre 17% y 35% y el costo lo absorbería el consumidor.
Sobre esa base se busca definir la tarifa transitoria que regirá hasta tanto concluya el análisis de una nueva revisión tarifaria integral (RTI) por parte de los entes reguladores respectivos. En el caso del gas, la funcionaria describió que “las opciones van desde que el Estado asuma la totalidad de ese costo fiscal que representa el incremento del precio del gas; que distribuya ese valor en todos los usuarios de igual manera; o que se aplique una segmentación tarifaria real”, explicó Videla.
La subsecretaria precisó que el costo fiscal total vigente del gas natural afrontado por el Estado nacional para 2021 es de entre $ 110.586 millones y $ 132.963 millones. Pero requeriría partidas adicionales del Presupuesto -no previstas en la actualidad- que van desde $ 36.736 millones hasta $ 56.087 millones, según el escenario que se tome. Sin partidas presupuestarias adicionales, el precio del gas podría aumentar entre 17% y 35% y el costo lo absorbería el consumidor.
Visión por sector
El titular de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), Carlos Magariños, destacó el "compromiso asumido por las empresas con el Plan Gas.Ar para detener la declinación de la producción, aumentar la oferta, incrementar inversiones, sustituir combustibles, generar desarrollo local, trabajo directo y trazar el camino como exportador de gas".
Por su parte, la diputada oficialista Fernanda Vallejos dijo que la discusión sobre el precio del gas y los subsidios, equivale a hablar sobre el salario indirecto para las familias cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años. "Esos subsidios -afirmó la legisladora- representan una política de competitividad, porque la energía es un vector crucial, y por ende impulso del consumo y de la demanda, lo que hace de los subsidios una política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones de la Argentina".
En representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), Albeto Calsiano llamó la atención sobre "los 3.000 grandes usuarios que compran en el mercado mayorista", al que calificó como "el sector que históricamente pagó el precio del gas más caro y sufrió la mayor cantidad de cortes, y que como consecuencia de la caída de la demanda en mayo 2020 cerraron contratos anuales a valores decrecientes inferiores a los del Plan Gas" recientemente licitados
Tras resaltar que "la industria atraviesa una situación estructural", Calsiano destacó que el sector "necesita tener un precio competitivo del gas en forma de energía o de materia prima", en un marco en que "el desarrollo de Vaca Muerta alcance economía de escala para lograr un precio decreciente, y que la reducción de los subsidios no recaiga exclusivamente en el sector productivo".
El costo del consumidor
Otro de los expositores, el titular de la Asociación Consumidores Libres, el exdiputado Héctor Polino, afirmó que el futuro aumento tarifario "va a incidir en forma negativa en los derechos más elementales de los consumidores de un servicio público fundamental", y resaltó que esa decisión no se debería tomar "sin antes analizar cuál es el valor real del m3 de gas en boca de pozo, o si se trata de un valor que fijan las empresas y el gobierno de turno traslada a tarifas y subsidios".
"Venir a plantear un aumento del precio del gas en medio de una pandemia es afectar aún más el bolsillo de amplísimos sectores de la sociedad", aseveró Polino al reclamar "conocer cuál es el nivel de rentabilidad que tuvieron las empresas y por qué en un país donde un sector importante de la población todavía no tiene las redes de gas natural".
La representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso, coincidió en que "la determinación del precio final del gas impactará en la factura final del usuario y es imprescindible tener en cuenta la capacidad económica de los usuarios. Deben contemplarse las circunstancias sociales, políticas económicas y el análisis de los efectos de la pandemia".
"En la Argentina hay usuarios que se endeudan para pagar sus facturas. Los pagos de servicios no deben disminuir la capacidad de las personas de ceder a los derechos de la salud, la educación, a la alimentación y una vivienda digna", postuló la Defensora al pedir "mantener el esquema de bonificación del 100% en el precio del gas para la tarifa social".
Por el lado empresario, en representación de Asociación de Distribuidoras de Gas (Adigas), Daniel Martini, planteó que la decisión de un nuevo precio del gas a boca de pozo "debe mantener la neutralidad económica" en el denominado pass through del costo de la energía al usuario. A pesar de ello, estimó que ese pasaje de precios no alcanzará "a compensar todo el impacto económico que genera en los costos de una distribuidora y que para el próximo año podría representar un sobre costo del sistema de $ 5.400 millones".