El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial la actualización del monto del capital social a partir del cual las compañías constituidas como sociedades anónimas quedan sujetas a fiscalización estatal permanente. La cifra fue fijada en 2 mil millones de pesos, tal como quedó establecido en la Resolución 10/2024 del Ministerio de Justicia.
La fiscalización del Estado en las sociedades anónimas tiene como objetivo principal la protección del interés público. La ley establece dos tipos de fiscalización estatal: a) fiscalización estatal permanente y b) fiscalización estatal limitada,
Qué es la fiscalización estatal permanente
La fiscalización estatal permanente se aplica a ciertas categorías de sociedades. Estas incluyen: 1) aquellas que ofrecen públicamente sus acciones; 2) aquellas con un capital superior a un monto determinado por el Gobierno; 3) las de economía mixta o en las que el Estado sea socio; 4) aquellas que realizan operaciones financieras que involucran al público con promesas de prestaciones futuras (bancos, sistemas de ahorro previo, compañías de seguros, prepagas de salud, etc.); 5) las que operan con concesiones o servicios públicos; 6) cualquier sociedad que sea parte de las mencionadas anteriormente.
La autoridad de control no solo supervisa las asambleas de accionistas y, si es necesario, las reuniones del directorio, sino que también puede solicitar información y documentación, realizar inspecciones, examinar libros y recibir y formular denuncias, siempre y cuando esté en juego el interés público y no el de los socios.
¿Cuándo había sido la última actualización?
En el texto difundido se recordó que la última modificación del monto había sido el 11 de julio de 2018. En aquella ocasión, según surge de la iniciativa generada por la Inspección General de Justicia (IGJ), se había establecido la cifra de 50 millones de pesos.
Para justificar el incremento, se señaló que desde aquella ocasión hasta diciembre pasado la tasa de inflación acumulada fue del 1.800%.
Además, el Gobierno subrayó que el DNU 70/2023 "ha buscado dinamizar el funcionamiento de las PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS (PyMEs) estructuradas bajo figuras societarias, y a la vez estimular su crecimiento".
"Se impone, en aras del cumplimiento del principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe inspirar los actos de gobierno, adecuar a la realidad económica, el monto de capital social previsto en la citada norma para imponer el control estatal", sostuvo la resolución firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
