La semana pasada, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de enero próximo la vigencia de los Precios Máximos para 18 categorías de productos. Esta decisión no tuvo el visto bueno de las empresas alimenticias, que sostienen que la continuidad del plan pone en riesgo al sector en cuanto a las “fuentes de trabajo y abastecimiento de los productos”.
El programa Precios Máximos, que se inició el 19 de marzo y abarca valores de alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza; incluye a todos los almacenes, mercado, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micropequeñas y medianas empresas y los establecimientos comerciales mayoristas de venta de productos de consumo masivo, que cuenten con salón de ventas.
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que nuclea a 35 cámaras sectoriales que en total representan a 14.500 empresas a lo largo del país, expresó su "total desacuerdo y preocupación" frente a la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de extender nuevamente por 3 meses el programa.
Ante la medida, la Copal alertó que "el sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas".
La continuidad de esta política generará para el sector alimenticio "el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria", que actualmente alcanza a más de 400 mil puestos de manera directa.
Los industriales de la alimentación dijeron que "resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%".
Ante el planteo industrial, las fuentes de la Secretaría de Comercio que conduce Paula Español, dijeron que "el diálogo con todos los sectores es permanente, ya se dieron dos aumentos durante el congelamiento a través de la disposición 13 y 14, en julio y octubre, respectivamente".
"Paulatinamente, se fueron dando aumentos del 5% promedio", agregaron desde la oficina que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Por ello, en ambas oportunidades "se le requirió a las compañías información sobre la estructura de costos para realizar las actualizaciones", precisaron.
Comunicado de COPAL
"En un nuevo encuentro de los representantes de la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) de Argentina, que nuclea a 35 cámaras sectoriales alcanzando a más de 14.500 empresas pequeñas, medianas y grandes a lo largo de todo el país, se expresó su total desacuerdo y preocupación frente a la decisión de la Secretaria de Comercio Interior de extender nuevamente por 3 meses más la política de Precios Máximos, que mantiene el congelamiento de precios desde marzo pasado, luego que se expusiera la crítica situación que enfrenta la industria de alimentos y bebidas.
El sostenimiento en el tiempo de la política de Precios Máximos pone en riesgo en lo inmediato el normal abastecimiento de los alimentos y bebidas en nuestro país, generando el cierre de empresas con la consecuente pérdida de fuentes de trabajo de la industria (actualmente más de 400 mil puestos de trabajo directo). Los representantes coincidieron en que resulta insostenible la política de congelamiento de precios y que ello queda reflejado en los distintos aumentos de costos que el sector ha sufrido y que representan un incremento promedio del 26%. Si bien estas cifras son constatadas por las autoridades, no fueron consideradas para brindar los respectivos aumentos autorizados, que resultaron escasos y esporádicos y que distan sensiblemente en magnitud y temporalidad para cubrir los costos.
Desde el comienzo de la pandemia, la Industria de alimentos y bebidas nucleada en COPAL ha sido declarada actividad esencial demostrando su espíritu de acompañar el proceso con todas las dificultades que eso implicaba, tanto para el abastecimiento como para satisfacer las necesidades de los consumidores. En este contexto, se requiere que se reconsidere la aplicación de una medida inmediata para revertir la situación y evitar el agravamiento de esta crisis sin precedentes.
Por último, respecto a los avances en lo relativo al proyecto de alimentación saludable, los representantes de la Comisión Directiva coincidieron en que se trata de un proyecto que demoniza la actividad y los productos que la industria de alimentos y bebidas elabora, destacando que no se ha dado el debido debate intersectorial, y expresando la profunda preocupación, porque este no preserva las bases para la armonización normativa en el MERCOSUR, espacio que se encuentra dando tratamiento y sobre el cual la industria de alimentos y bebidas de la región se ha pronunciado en favor de una resolución en el tema".