De acuerdo al corte del mercado laboral que realizó el Instituto de Desarrollo Económico y Social Argentino (IDESA), hay menos empleados registrados, entre públicos y privados, que la suma de cuentapropistas e informales. El informe atribuye esta clasificación, que sitúa en desventaja al trabajo asalariado en blanco, a las altas cargas sociales y la proliferación de plantes asistenciales, "a que mucha gente gane más trabajando como informal que contratado por una empresa que cumple con todas las normas".
La proporción es 47% para asalariados registrados en el sector público y privado; 30% trabajadores por cuenta propia (monotributistas y autónomos) y 23% que directamente no figuran en ninguna planilla.
También, en el estudio se hace una distinción en el segmento de los cuentapropistas entre los que son formales, y por lo tanto aportan al sistema previsional, y los informales que, afirma, constituyen la gran mayoría. Pone como ejemplo un telegrama de renuncia de un trabajador tucumano al que tuvo acceso, el cual dice: “Por la presente, presento mi renuncia en forma indeclinable como así también solicito en carácter de urgente la baja laboral, ya que significa un perjuicio en mi economía, al no poder acceder a ciertos beneficios como ser planes sociales y otras asignaciones”.
Haciendo cálculos tomando como base el 4to trimestre de 2020, IDESA llega al siguiente planteo:
- Un empleador para poner en blanco a un trabajador tiene que pagar, sumando salario bruto más cargas sociales, unos $ 67.000 mensuales.
- El trabajador recibe como salario de bolsillo, es decir neto de aportes, unos $ 45.000.
- Trabajando en la informalidad cobraría unos $ 20.000 que sumados al programa Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar por otros $ 20.000 llega a unos $ 40.000.
Una conclusión que surge a simple vista es que resulta muy factible que en la informalidad se consigan mejores ingresos que con un empleo formal.
De modo que se puede colegir que, si una persona de bajas calificaciones consigue un empleo formal, seguramente es con un salario inferior al promedio. La simulación no considera otros programas asistenciales administrados por diferentes organismos nacionales, provinciales y municipales que también exigen no tener empleo formal. Es decir que los incentivos a trabajar en la informalidad son mucho más fuertes que los calculados en este ejemplo.
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La imposición de muy altas cargas sociales, que aumentan los costos laborales y baja la remuneración de bolsillo, es un ejemplo concreto e ilustrativo de cómo las malas políticas publicas estimulan la informalidad. Esto es así porque con un sector público crónicamente deficitario, que cobra muchos y malos impuestos y brinda servicios de baja calidad, "se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad. Esto garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios".
Reflexiona que, en este marco, la pobreza se vuelve crónica, masiva y estructural lo cual da pie al agigantamiento del asistencialismo, que, lejos de ser una solución, se convierte en un factor que contribuye a darle sustentabilidad a la pobreza.
"Es así porque, primero, la máxima aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos, pero no sustituir el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a las familias. Segundo, porque el asistencialismo genera una alta rentabilidad política, lo que explica la proliferación de programas asistenciales que tienen como principal objetivo generar material de comunicación para que un funcionario aparezca entregando algo a una familia vulnerable", agrega el estudio.
