Por qué la liberalización de la política obligó a todos a reposicionarse
Marcos Falcone Politólogo. Fundación Libertad
Argentina experimenta, desde hace pocos años, un fenómeno no sin precedentes pero sí con inusual fuerza: el ascenso del liberalismo. Durante la presidencia de Mauricio Macri pero sobre todo desde la llegada al poder de Alberto Fernández, el éxito de figuras e ideas liberales es a tal punto significativo que los debates en el Congreso, en los medios de comunicación y en las redes sociales frecuentemente se miden según quién tenga propuestas más o menos liberales.
Este ascenso liberal es particularmente incómodo para todo el arco político porque pone en cuestión no solamente a partidos y líderes percibidos desde siempre como antiliberales, sino también a aquellos para los que dicha caracterización no ha sido tradicionalmente tan clara. En otras palabras: si algunos esperaban políticas consistentemente liberales por parte de Cambiemos, este no siempre fue el caso, y el público de a poco se lo hizo notar.
Al principio, la respuesta en el gobierno de Macri fue agresiva: la crítica liberal por la inercia inicial de una política económica estatista derivaba en no pocas acusaciones hacia los “liberalotes” que señalaban el curso de colisión que llevaba el país. Pero hoy, el hecho de que los “halcones” en Juntos por el Cambio ganen posiciones frente a las “palomas” es novedoso, porque implica que los “gradualistas” menos liberales pierden terreno.
El éxito liberal, sin embargo, ha obligado a todos los actores a reposicionarse. Hasta el kirchnerismo duro intenta desesperadamente mostrar mínimas rebajas de impuestos con orgullo e incluso habla pomposamente de “libertad de elegir” en medidas que de otra forma pasarían desapercibidas, como puede ser la elección de un médico en el sistema de salud público. Los peronistas que se asumen o se han asumido en el pasado como no kirchneristas, por otro lado, también parecen “oler” un cambio de época donde el intervencionismo estatal pasa a estar fuera de moda.
No es la primera vez que el liberalismo, especialmente en términos económicos, irrumpe con fuerza en la historia argentina, y a simple vista puede observarse un patrón por lo menos en los últimos cuarenta años según el cual los liberales ganan fuerza a medida que el país se hunde en crisis económicas. No parece casualidad que Álvaro Alsogaray pudiera llenar el Monumental a fines de los ochenta, que Domingo Cavallo fuera el político con mejor imagen positiva a principios de los 2000, o que Ricardo López Murphy estuviera cerca de convertirse en presidente en 2003.
De la misma forma, tampoco sorprende el ascenso de Javier Milei, José Luis Espert y nuevamente López Murphy en los últimos años: ante el desquicio económico que causa un Estado descontrolado, la propuesta de achicarlo y liberar las fuerzas productivas de los impuestos y la burocracia se vuelve más popular.
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En este sentido, la calificación del liberalismo como mayormente económico es importante por dos cuestiones: por un lado, los debates públicos con mayor resonancia en un país que no registra crecimiento hace más de una década son naturalmente económicos. Pero por otro lado, no es tan claro que el liberalismo económico se traduzca necesariamente en liberalismo social, y es precisamente la centralidad de los temas económicos la que permite en ocasiones al movimiento liberal aliarse al conservadurismo sin mayores problemas.
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Sin embargo, la reacción liberal de estos años tiene al menos un elemento decididamente anticonservador: la lucha contra los privilegios establecidos por la ley, que parece haber tomado un giro novedoso en el enojo contra la “casta”. Desde siempre, los liberales han señalado los obstáculos que ponen activamente las corporaciones para el funcionamiento libre de la economía, y entre ellos no solamente se cuentan las amenazas de los sindicatos sino también las acciones de empresas que buscan subsidios o protecciones especiales. Pero esta vez parece haberse instalado en la sociedad una crítica más comprehensiva.
La crítica a la “casta” no solamente incluye los privilegios concedidos por ley a personas o industrias puntuales sino que incomoda, por definición, a todos los espacios políticos preexistentes. En efecto, se trata de un escepticismo que pone en cuestión los privilegios de los que hace tiempo gozan los políticos y sus empleados, que quizás no serían problemáticos para la ciudadanía si el país estuviera en buena forma pero que resultan inaceptables en un contexto de empobrecimiento generalizado. Y aunque haya, desde afuera, quienes vean con temor un enojo con la dirigencia que podría asemejarse al “que se vayan todos” del 2001, la crítica contra la casta parte de un precepto liberal con base en la igualdad ante la ley: si a los ciudadanos les va mal, el Estado y sus ocupantes no tienen por qué contar con privilegios legales que los eximan del sacrificio.
Los salarios desproporcionadamente altos del sector público, la posibilidad de ser improductivo o directamente de no trabajar sin sufrir consecuencias, hasta los convenios colectivos con cláusulas hereditarias: son tantos los aspectos negativos del funcionamiento del Estado argentino que la crítica no sorprende.
En retrospectiva, el ascenso liberal era inevitable: un país donde solo se acumulan privilegios concedidos por el Estado mientras la ciudadanía se empobrece es una receta, sino para el desastre, al menos para una reacción.
En ese sentido, es sano que el liberalismo presione no solamente con su propia oferta electoral sino también a otros actores para mover el punto de partida de las discusiones en el país hacia uno que implique más libertad. Pocas dudas deberían caber de que los impuestos bajos, la desregulación, la apertura al mundo y el fin de los privilegios legales redundan en mayor progreso para todos los argentinos. Y la sociedad argentina se acerca todos los días un poco más a alcanzar esos objetivos.
