“Constituir sociedades offshore es 100% legal. No hay nada ilegal per se en una sociedad offshore", sostiene el abogado Martín Litwak, especialista en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. "En cuanto a las operaciones que se hacen a través de estas, la práctica demuestra que la inmensa mayoría son lícitas. El 98 o 99% de lo que se hace offshore es legal y hay un 1% o a lo sumo 2% de gente que usa mal la herramienta. Pero en ese caso, lo que está mal es el uso y no la herramienta en sí misma”, añade.

Litwak es una de las pocas voces que en el mundo defiende abiertamente no sólo la legalidad de las estructuras y jurisdicciones offshore, sino también su justeza y su necesidad en un contexto global marcado por Estados fiscalmente cada vez más voraces que además trabajan en conjunto para eliminar todo resquicio de competencia fiscal. 

Son los llamados “infiernos tributarios”, término que el propio especialista acuñó y que formó parte del título de uno de sus libros, llamado precisamente “Paraísos fiscales e Infiernos Tributarios: una mirada diferente sobre las jurisdicciones offshore y la competencia fiscal”.

Antes que una campaña en favor de las offshore y los paraísos fiscales, Litwak lleva adelante una cruzada contra su demonización o una “batalla cultural”, como prefiere llamarla.

 

Sus principales adversarios, sin embargo, no son los típicos Estados ineficientes del tercer mundo y sus gobiernos de orientación populista. Sino que Litwak tiene la mira puesta en los poderosos países que integran el G-20 o el G7, así como en figuras del tamaño del magnate húngaro George Soros, el economista Thomas Piketty (autor del best seller “El capital en el siglo XXI”) o el mismísimo Joe Biden.

En particular, apunta sus dardos a la OCDE (las siglas en inglés para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), quizá hoy la usina más sonora contra la competencia fiscal, es decir, “el derecho de cada país o jurisdicción a fijar sus impuestos en forma libre y soberana, sin presiones de otros Estados, de manera de cumplir con sus objetivos de recaudación y al mismo tiempo fomentar, o no, determinadas actividades comerciales”.

De hecho, fue en el seno de la OCDE donde, se llegó a un acuerdo en octubre para imponer una tasa impositiva corporativa mínima global del 15% a grandes empresas multinacionales.

Según Litwak el ataque a la competencia fiscal se disimula bajo la crítica a los “paraísos fiscales”, otra expresión con mala prensa con la que se busca denigrar a los que simplemente son, en realidad, territorios de baja tributación, alta seguridad jurídica y un respeto por los derechos de propiedad y privacidad de las personas. Estas jurisdicciones son presentadas como lugares pecaminosos, puro lujo y placeres debajo de los cuales se esconden secretos inconfesables de evasión y delitos económicos. Pocas cosas más alejadas de la realidad.

La OCDE, una organización surgida para administrar los fondos de reconstrucción de la segunda posguerra bajo el Plan Marshall, también hizo un pase mágico idiomático para profundizar su propaganda contra las offshore, los paraísos fiscales y la competencia fiscal.

Litwak lo recuerda así: “Cuando se acabaron los fondos del Plan Marshall, la OCDE debería haberse disuelto. Sin embargo, en lugar de hacerlo, amplió su cometido e incorporó a otros países fuera de Europa, como Estados Unidos y Canadá, y se dedicó a pontificar sobre diversas cuestiones, entre ellas los impuestos”.

La historia sigue: “Hasta fines de los 90, para atacar a los paraísos fiscales, la OCDE hablaba de `prácticas tributarias dañinas´ y hasta elaboró una lista de 41 países a los que instó a abandonar las promociones fiscales. Nadie la escuchó. Pero con el atentado a las Torres Gemelas, la organización cambió el discurso y relacionó la privacidad de los paraísos fiscales, en cuanto a la identidad de quienes ponen sus fondos ahí, con la posibilidad de que estuvieran financiando el terrorismo, esto pese a que el ataque al Word Trade Center se fondeó 100% onshore, con dinero en Estados Unidos. Así, lograron otra repercusión y tuvieron el éxito que hasta ese momento se les había negado”.

Litwak recuerda, sin embargo, que las jurisdicciones offshore no se crearon para captar inversiones de residentes fiscales de otros países; sino que fueron esos otros países “quienes ahuyentaron a sus propios residentes fiscales cuando crearon impuestos exorbitantes sobre sus ganancias y sobre sus activos, llevando la presión fiscal a límites insostenibles”.

“Los paraísos fiscales son combatidos, en realidad, porque ponen un límite a los impuestos que los Estados de alta tributación pueden cobrar y porque son un `mal ejemplo´: muestran que un Estado puede de hecho subsistir sin cobrar impuesto alguno sobre las ganancias de los individuos, sin tener deuda pública y -en muchos casos- sin emitir moneda”, explica Litwak.

En su libro “Paraísos fiscales e Infiernos Tributarios” ya mencionado, Litwak explica que las jurisdicciones offshore solamente se dedican a ofrecer herramientas y sistemas jurídicos de avanzada que se utilizan para muchas cuestiones: para canalizar negocios lícitos, para estructurar patrimonios y proteger activos, entre otras.

“La gente siempre me pregunta por qué o para qué se recurre a sociedades offshore. La respuesta es simple: por seguridad jurídica, por un lado, y para obtener privacidad, de la misma manera en que alguien pone una alarma para proteger su casa”, grafica Litwak.

Y ahonda: “Hay personas que viven en países en los cuales la necesidad de la protección patrimonial no tiene que ver con el deseo de pagar menos impuestos, ni con el derecho a la privacidad como derecho en sí (que, de todos modos, sería entendible), sino para proteger su integridad física. Los países de América Latina, por ejemplo, tienen niveles altísimos de delincuencia, que incluyen secuestros extorsivos a ciudadanos de alto poder adquisitivo, robos, torturas y asesinatos. ¿Para qué sirve, entonces, la privacidad? Para proteger activos, sí, pero también para proteger la vida”.

“Debe saberse, por ejemplo, que existen más controles para abrir una sociedad offshore que una onshore, es decir, doméstica. Incluso, desde que se conocieron los Panamá Papers, se comprobó que a lo sumo en el 2% de los casos hubo un mal uso o una actividad delictiva. El porcentaje es mucho mayor en países que no califican como offshore”, agrega.

Para Litwak, el derrotero de la propaganda anti offshore había empezado a evolucionar favorablemente en los últimos años, a partir de que “en particular los periodistas y la prensa en general comenzaron a confrontar mejor los datos objetivos y a madurar otra idea al respecto, pero la pandemia trajo secuelas”.

“Casi nadie últimamente discutía la legalidad de las offshore, de hecho, si uno compara el tratamiento mediático de los Panama Papers con los Pandora Papers, se percibe esa evolución, ya que se los aborda con otro grado de responsabilidad. Pero el coronavirus, con la legítima sensibilidad que despertó en la opinión pública el padecimiento de grandes masas de población, fue aprovechado nuevamente por los países fiscalmente más voraces para cargar otra vez contra los paraísos fiscales o territorios de baja tributación con la coartada de la sensibilidad social. Desafortunadamente, retrocedimos diez pasos en esta batalla por un mundo con pocos y bajos impuestos”, se lamenta Litwak.