Tras la guerra de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, mucha agua corrió bajo el puente. Mientras la joven democracia argentina se enfrentaba a múltiples desafíos internos , Reino Unido expandía su control marítimo de facto en el Atlántico Sur.
Los sucesivos Gobiernos argentinos no lograron más que restablecer las relaciones diplomáticas y colocar la principal reivindicación argentina bajo la fórmula del paraguas de soberanía. En tanto, Reino Unido avanzó unilateralmente con hechos consumados que fortalecieron su presencia en las Islas.
Londres apostó desde 1985 a desarrollar económicamente el archipiélago. Su estrategia fue esencialmente marítima. El puntapié inicial fue la decisión de Margaret Thatcher de establecer una zona económica exclusiva en un radio de 320 kilómetros alrededor de las islas.
Esa medida, respaldada por la fuerte presencia militar británica, posibilitó la posterior venta de licencias pesqueras y un notable salto exportador que, entre otras cosas, permitió que el Gobierno local solventara todos sus gastos salvo la Defensa y las Relaciones Exteriores. Hoy el PBI de las Islas trepa a 334 millones de dólares (71.800 dólares per cápita), sustentado fundamentalmente en la pujanza de su industria pesquera, que representa el 64% de sus ingresos.
Otra de las iniciativas del Reino Unido fue impulsar la exploración petrolera off shore en el mismo ecosistema marino done la justicia argentina frenó con un amparo una actividad similar a 400 kilómetros de Mar del Plata
Aunque sea doloroso, Reino Unido ha velado por los intereses de los isleños mejor que el Estado argentino por el de sus compatriotas.
Desarrollo económico, la vía para ejercer soberanía
En lo que va del siglo XXI, Argentina sufrió la crisis de 2001, que implicó un dramático aumento de la pobreza, el boom de las commodities que permitió un bienestar económico pasajero, y, luego, una década de estancamiento. En ese período, la dirigencia no fue capaz de trazar un modelo de desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo.
En ese modelo, el mar, considerando la enorme extensión de la plataforma continental argentina, tendría que ocupar un rol central. Entre las actividades productivas que pueden proveer los dólares que la Argentina necesita están, sin dudas, los hidrocarburos y la pesca.
La industria pesquera aportó 1.700 millones de dólares en 2021, una cifra considerable que podría crecer aún más si el Estado propone un horizonte político y macroeconómico consistente y estable.
Una estrategia geopolítica y geoeconómica para el Atlántico Sur
A la importancia económica de la pesca y los hidrocarburos, hay que agregar el valor geopolítico que tiene el Atlántico Sur. Allí, Londres comparte con Estados Unidos la posesión de la Isla de Ascensión y ostenta el dominio colonial de Santa Helena, Tristan de Acunha, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De esa manera, Reino Unido mantiene una fuerte presencia marítima en la región, proyectando poder hacia la Antártida, un continente rico en recursos donde sus reclamos de soberanía están en colisión con los de la Argentina. Además, su control de facto de las Islas le da acceso al pasaje de Drake y al estrecho de Magallanes, la vía alternativa al Canal de Panamá para comunicar el océano Atlántico y el Pacífico. Su pretensión de convertirse en un país ribereño en la región también debiera encender las alarmas de las autoridades argentinas.
Argentina tiene por delante sus propios desafíos y oportunidades. Según el internacionalista Juan Gabriel Tokatlián, el país necesita diseñar e implementar una estrategia para el Atlántico Sur, en la que “sería conveniente tener a China afuera, a Estados Unidos neutral, al Reino Unido agobiado (en otras partes del mundo), a Brasil aliado y a Chile distante”.
Esa estrategia enfrenta el peligro de que la competencia global entre Beijing y Washington se traslade al Atlántico Sur. Para dimensionar el riesgo basta recordar en qué contexto Thatcher implementó la zona de exclusión pesquera en los 80. Por ese entonces, el gobierno de Raúl Alfonsín negociaba Convenios pesqueros con la ex Unión Soviética y Bulgaria, con el objetivo de cobrar un canon y conseguir que esa superpotencia reconociera los derechos argentinos sobre el Atlántico Sur y, por consiguiente, sobre sus recursos. La estrategia fue osada y generó la respuesta británica, que, como se explico, fortaleció la economía isleña.
Al fomentar ahora la explotación de la industria pesquera, las autoridades deben tener especial cuidado de no atraer a una potencia extra regional como China y generar un comportamiento reactivo de los Estados Unidos en el Atlántico Sur.
Vivir de espaldas al mar
Argentina no puede pensarse de espaldas al mar. La mayor parte del comercio internacional circula por vías marítimas, la explotación de hidrocarburos es cada vez más en plataformas offshore, y la industria pesquera ha aumentado su volumen a partir del cambio de hábitos alimenticios de buena parte de la población.
En los últimos 40 años, la disputa por los recursos ictícolas en el Atlántico Sur fue el aspecto más espinoso en las relaciones bilaterales entre el Reino Unido y la Argentina El hito más significativo que logró Argentina fue la presentación y la aprobación ante la ONU del límite exterior de su Plataforma Continental, en la que se incluye a las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y se proyecta un país bioceánico y bicontinental. Ahora, el desafío es pasar de la cartografía a las olas.
Una política pesquera acorde con una estrategia hacia el Atlántico Sur debería tener como columna vertebral el aumento de inversión en las Fuerzas Armadas, para aumentar la presencia, patrullaje y custodia del Atlántico Sur y, también, para desarrollar y fomentar la industria pesquera. Una buena alternativa para esto último sería otorgar líneas de créditos blandos para comprar y refaccionar embarcaciones.
Más capacidades en la Armada y Prefectura permitirán también disuadir a las embarcaciones apostadas en el límite de la milla 200, que entran y salen de la Zona Económica Exclusiva argentina, depredando los recursos y no pagando el correspondiente canon al Estado. Velar por un uso racional de los recursos y respetar los límites de capturas máximas permisibles fijadas por el Consejo Federal Pesquero de acuerdo a los relevamientos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) debe estar en el centro de cualquier política de promoción de la industria pesquera.
Con el 37% de su población bajo la línea de pobreza -cifra que trepa arriba del 50% entre los niños-, el país necesita un modelo de desarrollo para revertir su declinación. Ese modelo de desarrollo no puede pensarse de espaldas al mar. Esa estrategia de desarrollo es una forma de ejercer la soberanía que no puede empezar ni terminar en Malvinas, sino tomarla como un símbolo, una idea, de cómo defender los recursos del mar.