Tres grupos de acreedores privados rechazaron la propuesta del gobierno argentino de suspender pagos de la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera hasta 2023 con una quita del 62% de los intereses.

Ya corren los 20 días de plazo que estableció el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que los acreedores acepten, o no, las condiciones de reestructuración que se hicieron públicas el jueves. En cualquier caso, y como explicó ayer Guzmán en una entrevista con Horacio Verbitsky, la Argentina, aún antes del coronavirus, ya se encontraba en “virtual default”. Este lunes, según informó el Financial Times, los tres grupos que representan a la mayoría de los acreedores rechazaron la propuesta. Y la incógnita abierta es si el Gobierno contempla la posibilidad de hacer otra oferta.

La propuesta de Guzmán reestructura no sólo la deuda emitida a partir de 2016 si no también bonos previamente reestructurados, fruto de las negociaciones de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen a partir de 2003. “Estos llamados ?bonos de intercambió”, explica el artículo de FT, “requieren un mayor porcentaje de tenedores de bonos para aceptar cualquier cambio en los términos de pago de la deuda, potencialmente haciendo más difícil que el gobierno llegue a un acuerdo”.

Los grupos de acreedores que representan a los bonistas son tres. El Exchange Bondholder Group, que según sus declaraciones retiene más del 16% de los bonos, representa a hedge funds como Monarch Alternative Capital y HBK Capital Management, y es asesorado por firma de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

El segundo grupo es asesorado por White & Case, incluye a BlackRock, Fidelity, Ashmore, T Rowe Price, y afirma poseer colectivamente más del 25% de los bonos argentinos emitidos desde 2016 y más del 15% de los bonos intercambio.

El tercer grupo, asesorado por UBS y Mens Sana Advisors, no informó el stock de deuda que mantiene, pero también rechazó los términos del acuerdo.

La propuesta de Guzmán implica la suspensión de los pagos hasta 2023, un "recorte" del 62% en los pagos de intereses por valor de casi $ 38 mil millones, y un cupón de 0.5%, antes de subir a niveles de menos del 5 por ciento. El gobierno también solicitó una reducción del 5,4% en el valor nominal de la deuda, por un valor de alrededor de $ 3.6 mil millones. Los acreedores no encuentran “incentivos” para aceptar. Se esperan dos semanas de alta tensión.