En Argentina existen al menos 177 regímenes previsionales diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos con sus propias reglas, instituciones y mecanismos de financiamiento, que se diferencian del régimen general conocido como SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y explican un 40% de los beneficios y más de la mitad del gasto del sector.
Según el documento “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina” elaborado por Rafael Rofman, director del programa de Protección Social de CIPPEC, existen más de 3.7 millones de beneficios bajo regímenes de excepción (un 40% del total de los beneficios previsionales) y perciben haberes que son hasta un 85% superiores al promedio del SIPA. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas equivalen a un 7% del PBI.
“Los regímenes de excepción no responden a una estrategia integral en base a un cuidadoso análisis de las condiciones de distintos grupos de trabajadores para identificar aquellos con mayores vulnerabilidades o merecimientos, sino al éxito puntual que distintos grupos de interés han tenido para lograr la aprobación de sus regímenes a lo largo de los años”, advierte Rofman.
Las pensiones no contributivas son el componente más relevante en términos de cobertura, pero dado los montos relativamente bajos que pagan, su impacto fiscal es menor. En cambio, los esquemas provinciales son los más importantes, ya que implican un gasto del 2,5% del PIB.
“Es posible definir un sendero de reformas que, de manera gradual, reduzcan los niveles de fragmentación y, con ellos, los costos excesivos, las inequidades y las ineficiencias”, afirma Rofman.
La Argentina, a contramano de la tendencia mundial
Argentina tuvo varios intentos por eliminar o reducir estos esquemas desde los años ochenta, aunque con éxito limitado. En lo que va del siglo XXI la importancia de estos regímenes aumentó, lo que agrava los desafíos. En particular, el número de jubilaciones bajo el régimen general de ANSES se mantuvo estable desde 2010, mientras que las jubilaciones en los regímenes especiales aumentaron más de un 40%.
“En la Unión Europea, un 80% de los países con estos esquemas están avanzando en reformas para su reducción, tal como en América Latina ocurre con Perú, Brasil y Colombia. En Argentina, por el contrario, de los siete regímenes nacionales especiales vigentes, cinco fueron restablecidos o creados entre 2005 y 2009. Esta tendencia ha continuado en años recientes, lo que profundiza los problemas del sistema. Por ejemplo, solo en 2020 se presentaron 33 proyectos en la Cámara de Diputados que crean nuevos regímenes o amplían los existentes, y en los primeros meses de 2021 el Poder Ejecutivo anunció dos normas que amplían esquemas ya vigentes”, asegura Rofman.