La Unión Europea (UE) llevó ante la Justicia al laboratorio AstraZeneca y lo acusó de mala fe por haber enviado a otros países dosis de su vacuna contra el coronavirus que había prometido entregar al bloque, pidiéndole a la corte que le imponga una fuerte multa. Algo similar a lo que ocurrió aquí en la Argentina, cuando a fines de abril la Justicia Federal comenzó a investigar el contrato por incumplimientos.
Los Estados de la UE y su órgano ejecutivo, la Comisión Europea, iniciaron acciones legales contra AstraZeneca ante la Justicia belga porque el bloque firmó su contrato con el laboratorio anglo-sueco en territorio belga y, por ende, bajo las leyes belgas. La UE pide a la Justicia que obligue al grupo farmacéutico a entregar 90 millones de dosis más de su vacuna contra el coronavirus antes de julio, arguyendo que violó el contrato al suministrar solo un cuarto de las dosis prometidas para el primer trimestre de 2021.
Según la Comisión, el contrato expira a mediados de junio, y la UE considera que el laboratorio tendrá que pagar multas si no cumple este calendario. AstraZeneca entregó en el primer trimestre sólo 30 millones de dosis de los 120 millones que estaba obligado contractualmente a suministrar. Para el segundo trimestre sólo prevé entregar 70 millones de los 180 millones inicialmente prometidos.
Los abogados de la compañía han centrado su defensa en los argumentos de que el contrato estipula que AstraZeneca solo debía hacer "el mejor esfuerzo razonable" y que su producción sufrió demoras inevitables. Sin embargo, ante la corte en Bruselas, el abogado de la UE, Rafael Jeffareli, dijo que la firma privilegió el suministro del Reino Unido y de otras naciones externas al bloque, y no aumentó su producción en su fábrica dentro de la UE, que queda en Países Bajos.
El letrado pidió a la corte imponer una multa de 10 millones de euros a la compañía y forzarla a pagar 10 euros por cada dosis por cada día de demora como compensación por haber violado el contrato. Jeffareli aseguró que, durante meses luego de la firma del contrato, en septiembre pasado, la planta neerlandesa, operada por Halix, una filial de AstraZeneca, siguió proveyendo de vacunas a otros mercados.
El 26 de abril, la Comisión Europea, que negoció los pedidos en nombre de los Estados miembros, anunció que había recurrido a la justicia para arbitrar el conflicto con el laboratorio anglo-sueco. AstraZeneca dice que no violó el contrato y que la demanda carece de fundamento.
Los europeos reprochan al laboratorio farmacéutico -asociado a la Universidad de Oxford en la elaboración de la vacuna- no haber utilizado para las entregas a la UE sus dos plantas británicas, mencionadas en el contrato. AstraZeneca trabaja con otra planta fabril en territorio de la UE además de la de Países Bajos, situada en Bélgica, pero Bruselas considera que las dosis producidas en territorio británico también debían ser incluidas en las entregas debidas a los países europeos.
Qué sucedió en nuestro país
El mes pasado ingresaba en los tribunales federales una denuncia penal contra el empresario Hugo Sigman para que se investigara el escándalo de la vacuna que su laboratorio produjo con AstraZeneca y por la que el Estado ya había pagado por anticipado, pero seguía sin recibir ni una dosis.
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La denuncia de finales de abril, fue radicada en el tribunal del juez federal Julián Ercolini y fue instruida por el fiscal Guillermo Marijuán. Tal como publicó La Política Online en ese entonces, el caso Sigman escaló con el pasar de los meses sin vacunas y luego que un funcionario del Ministerio de Salud reconociera en una reunión con diputados que efectivamente, el Estado argentino le pagó el 60% del contrato que firmó con su socia AstraZeneca por las 22 millones de dosis que nunca llegaron.
Los detalles del acuerdo sellado entre el Estado Nacional y AstraZeneca, con sede en el Reino Unido, daban cuenta de que la Argentina pagó US$ 89.719.368 de dólares -según reveló el diario Clarín- al laboratorio británico por más de 22 millones de dosis de su vacuna. Ese pacto había sido incumplido por la firma internacional y la Justicia comenzó a investigar el asunto.
Por esta operación, 22.429.842 millones de dosis totales, la Argentina había pagado anticipadamente casi US$ 90 millones y hasta hace algunas semanas atrás no había recibido ninguna vacuna través de ese contrato. Las que habían llegado fueron través del mecanismo COVAX, un fondo internacional constituido para una distribución más justa de las vacunas en todos los países.
El contrato firmado en el 2020 era muy preciso sobre los millones de dosis que debían llegar al país en etapas y en forma progresiva, y hasta completar las 22.4 millones de dosis totales: durante marzo 2021 debían llegar 2.382.000 millones de vacunas, en abril 4.040.000 millones; en mayo otras 4.040.000 millones, en junio 3.451.000 millones y en julio 8.518.000 millones.
