Al igual que en otras partes del mundo, el avance del COVID-19 ha obligado en nuestro país a emprender políticas preventivas de aislamiento social, con efectos regresivos en materia socioeconómica. En este contexto, la actual emergencia sanitaria agrava el estado de crisis estructural de un sistema económico que se mueve a diferentes velocidades, y donde el aumento de la marginalidad y la pobreza constituye un emergente inevitable. No es que estamos en crisis como resultado de una pandemia global; la sociedad argentina está en crisis autodestructiva, tanto en términos económicos como políticos, desde mucho antes y debido a sus propias decisiones.
A fines de 2019, luego de dos años de estanflación, en el marco de los problemas estructurales de desequilibrio macroeconómico con caída tendencial de la inversión y el empleo productivo, en el contexto de una crisis de deuda, el porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza (según cifras del INDEC, del cuarto trimestre) llegó al 38,4%, de los cuales 8,7% se ubicaban por debajo de la línea de indigencia. Sin duda, la situación es hoy aún más grave, y todo indica que la crisis habrá de extenderse durante los próximos meses.
El nuevo escenario económico generado por la emergencia sanitaria detiene la inversión y aumenta el desempleo en amplios sectores vinculados al mercado interno, retrae el consumo, pone en crisis a miles de unidades de negocio y destruye puestos de trabajo, afectando especialmente a los sectores informales, pero también a empresarios y trabajadores de pymes formales, ampliando la brecha de desigualdad estructural entre los sectores económicos más dinámicos y los componentes menos productivos, destruyendo o debilitando mediaciones y oportunidades de integración económica y convergencia social.
En este contexto, las políticas sociales adoptadas por el Gobierno permiten amortiguar el impacto de la caída para los sectores más vulnerables, pero no constituyen una estrategia de solución sustentable, ni para los tiempos de pandemia, ni mucho menos para el día después. En especial, entre los sectores sociales que se ven impedidos de mantener sus actividades laborales y no cuenta con fondos de reserva. A pesar de estas medidas compensatorias, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, ya se habrían perdido 800.000 empleos, 200.000 de ellos formales, y la población en situación de pobreza superaría el 45 por ciento.
Si bien todavía estamos en medio del transe, resulta predecible el impacto estructural postpandemia de este proceso en términos sociales. Por una parte, una caída en el nivel del bienestar en las clases medias de obreros, empleados, profesionales y empleadores, con pérdida de remuneraciones y empleos. Por otra parte, un empobrecimiento más estructural por parte de los sectores informales que se concentran en la base de la estructura social, por deterioro de sus fuentes de ingreso laboral y mayor dependencia de la asistencia pública. Por último, un techo de cristal más rígido en la parte superior de la pirámide formada por las clases medias técnico-profesionales, donde se concentran gran parte de las dirigencias políticas, económicas y sociales, así como empresarios, profesionales y trabajadores especializados de los sectores más dinámicos.
El balance final en términos socioeconómicos dependerá de la duración de las medidas de aislamiento y del ritmo de recuperación económica posterior. Pero la situación actual no solo no ofrece una vía de escape, sino que despierta sentimientos sociales negativos: frustración, incertidumbre, desesperación, e incluso vértigo para quienes por mérito o privilegio han logrado mejoras, alivio o refugio en este contexto. De ahí no solo la importancia de poder ofrecerle a la sociedad un plan integral que permita transitar la emergencia, sino también la de definir políticas de estado orientadas a los necesarios cambios estructurales que deben encararse postcrisis COVID-19.
El nuevo escenario, lejos de imponer una “nueva normalidad”, tiene como principal atributo agravar las múltiples tragedias estructurales que, en clave de grieta, atraviesan al sistema social argentino, pero por lo mismo constituye también una novedosa oportunidad histórica para el campo de la construcción política de un nuevo acuerdo social.