La Corte Suprema aceptó la renuncia del director de la obra social del Poder Judicial, Aldo Tonón, en plena investigación por parte de la justicia de su gestión por irregularidades en la contratación de servicios y sobreprecios, se informó hoy oficialmente.

La resolución 511, firmada el martes por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, aceptó la renuncia presentada por Tonón pero "condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite".

La crisis en la obra social, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, comenzó en septiembre del 2021 con la denuncia de un empleado del área informática que dio cuenta de presuntas contrataciones irregulares, malversación de fondos y otras anomalías.

La investigación recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, con la asistencia del fiscal Carlos Rívolo, quienes allanaron la sede de la Ospjn y el domicilio de Tonón en busca de documentos y los equipos de telefonía usados por los empleados.

Un día después, el 28 de septiembre, y por unanimidad, la Corte apartó a Tonón y derivó el control de la obra social a la Secretaría General de la misma Corte, a cargo de Daniel Marchi.

Un mes después de hacerse cargo de la obra social, Marchi elevó un informe en el que constató malversación de fondos, concentración de decisiones y un incremento del 50% de la planta de empleados en la última etapa, antes de ser intervenida.

En agosto del año pasado, en un informe de cincuenta cuerpos, la Comisión de Auditoría de la Corte confirmó y amplió los datos de Marchi, abarcando el análisis de la situación económica, financiera, legal y de gestión.

"La Obra Social no cuenta con un sistema formal de contabilidad, ni sobre la base de los criterios generales de la disciplina, ni desde la definición legal de la cuestión", señaló el informe.

"Durante el año 2020 se llevaron a cabo 29 contrataciones directas y 21 licitaciones públicas, mientras que en el año 2021 las contrataciones directas ascendieron a 45, mientras que las licitaciones públicas sumaron ocho", recalcó la auditoría.

Ahora, con la investigación judicial y administrativa avanzada, la Corte le aceptó la renuncia a Tonón y le exigió que en un plazo de treinta días hábiles presente su declaración jurada patrimonial.