El último Censo Nacional Agropecuario (2021) revela que un asombroso 85% del territorio argentino está dedicado a la agricultura y la silvicultura, lo que convierte a la agroindustria en el motor de la economía del país. Desgraciadamente, una grave sequía que comenzó en noviembre de 2022 y persistió hasta marzo de 2023 se cobró un alto precio en el sector.
Los retrasos en las siembras, las infestaciones de plagas que afectaron a cultivos y pastos y la escasez de forraje; provocaron pérdidas de ganado, redujeron las tasas de preñez, la pérdida de condición corporal y disminuyeron la productividad.
Para hacer frente a la crisis, el Gobierno declaró el estado de emergencia y/o catástrofe agrícola en 13 provincias a través de boletines oficiales en enero. Además, cuatro provincias aplicaron medidas locales para paliar la situación hasta que fueron aprobadas por el Gobierno nacional.
Ante el desarrollo de la crisis, el Gobierno Nacional promulgó un nuevo Decreto, prorrogando el estado de emergencia y/o desastre hasta el 31 de diciembre de 2023.
De acuerdo a esta normativa, los contribuyentes cuya actividad principal sea la agricultura o la ganadería, y cuyos predios se encuentren en zonas declaradas en estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía, recibirán automáticamente los beneficios previstos por la Ley Nº 26.509 y sus modificatorias.
Febrero resultó ser el mes más castigado, afectando a 173,6 millones de hectáreas de siembra y a 24,3 millones de cabezas de ganado.
Febrero resultó ser el mes más castigado, afectando a 173,6 millones de hectáreas de siembra y a 24,3 millones de cabezas de ganado.
“En esa instancia, además de manifestar la condición de beneficiario de la medida y que la explotación afectada constituye su actividad principal, debían adjuntar el certificado de emergencia extendido por la autoridad competente de la provincia respectiva y la documentación que acreditara la calidad de titular o, en su caso, de locatario o arrendatario del inmueble afectado”, explicó Julia Adano, socia de impuestos y referente de agronegocios en Grant Thornton Argentina.
“A partir de las disposiciones emanadas del decreto 193/23 y de la Resolución General (AFIP) 5.350 los contribuyentes deberán únicamente tramitar el certificado de emergencia agropecuaria ante la autoridad provincial competente y será ésta la encargada de informar a la AFIP para que asigne las caracterizaciones correspondientes, las cuales podrán ser luego consultadas”, aclaró Adano.
Con anterioridad a esta flexibilización del procedimiento de adhesión a los beneficios de la Ley mencionada, los productores afectados por la emergencia debían realizar la solicitud con clave fiscal en la Web de la AFIP.
De cara al futuro, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un 92% de probabilidad de una fase climática "El Niño" en el trimestre junio-julio-agosto de 2023, caracterizada por precipitaciones por encima de lo normal que podrían prolongarse durante todo el invierno.
Sin embargo, es posible que estas lluvias previstas no supongan un alivio total para el país. Una sequía prolongada seguida de fuertes lluvias puede provocar pérdidas de ganado debido a la intoxicación por nitratos. Una planificación eficaz, tanto desde el punto de vista agronómico como financiero, es crucial durante esta época, con medidas preventivas que pueden incluir la compra de forraje o la reutilización de cereales para la alimentación.
En este sentido, Adano comentó que la Resolución General 5.350 también contempla un plan de facilidades de pago por deudas derivadas de obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2023, incluidos sus intereses y multas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de estos y sus intereses.
“Teniendo en cuenta la situación particular de cada contribuyente, la actividad que desarrolla y el contexto, puede ser conveniente considerar la utilización del plan que, si bien no implica la reducción de intereses ni la liberación de sanciones, permite la financiación de las deudas en cuotas y puede proporcionar un alivio”, añadió.
Este certificado será luego remitido a la AFIP para que asigne las caracterizaciones necesarias, que luego podrán ser consultadas.
El impacto de la sequía en la economía argentina va más allá del sector agroalimentario. Se prevé que el excedente exportable de cereales y subproductos del país disminuya un 42,8% en comparación con el año anterior. Esta reducción de las exportaciones se traduce en una disminución significativa de los ingresos en divisas, lo que afecta a las reservas del Banco Central y a los ingresos fiscales, repercutiendo en última instancia en la macroeconomía de la nación.
La crisis ha afectado especialmente a las exportaciones de cereales, que cayeron un 56% en marzo de 2023 en comparación con el mismo mes del año anterior. La bajada de los precios internacionales, las buenas cosechas en Estados Unidos y Brasil, y la disminución de la demanda han contribuido al descenso de los precios de la soja, ejerciendo una presión adicional sobre el sector.
El sector del transporte también se ha visto afectado negativamente por la reducción del movimiento de cereales hacia los puertos. El menor número de camiones de cereales en las carreteras se ha convertido en una imagen habitual. Además, las economías regionales y los pueblos del interior se han visto muy afectados por la recesión, lo que dificulta que el dólar de la soja y otros valores diferenciales compensen las cuantiosas pérdidas causadas por la crisis de la sequía.
En general, la Argentina se enfrenta a importantes retos mientras navega por las consecuencias de la sequía en su sector agroalimentario y su economía. Aunque se están aplicando medidas proactivas, como las declaraciones de emergencia y la ayuda financiera, para proporcionar apoyo, el camino hacia la recuperación sigue siendo incierto y requerirá esfuerzos colectivos de todos los sectores de la economía.
