El caso se inició en 2020 cuando un trabajador con apenas dos años de experiencia en una fábrica de válvulas industriales de la localidad bonaerense de Tortuguitas "dejó de asistir por voluntad propia", según cuentan los empleadores.
A partir de ese momento, se inició un juicio laboral con un monto de indemnización por $1,5 millón, pero que ahora puede llegar a $42 millones por una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
"Nos envió un cúmulo de mentiras e inventos a través de carta documento, y tuvimos que demostrar que todo era falso", explicó el hijo del fundador de la empresa. "Al revés del Fuero Penal, donde uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario, tuvimos que presentar muchísima información, a sabiendas que había hechos imposibles de demostrar. Y él con dos testigos logró que un juez le firme un fallo a favor", detalló el empresario afectado.
En primera instancia la Justicia determinó que al ex empleado le correspondía $1.522.099 de indemnización, unos $700.000 menos de lo que reclamó vía judicial en ese entonces, que rondaban los $2,2 millones. Pero el caso siguió y en segunda instancia el ex trabajador obtuvo un fallo a favor de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que actualizó el monto por inflación hasta $29.131.309.
Este litigio hoy está en la Corte Suprema a la espera de una resolución final. Si se tienen en cuenta el monto por intereses impagos, que suele aplicarse una tasa de entre 6% y 12% anual, el monto final que el máximo Tribunal de Justicia del país podría calcular es de $42.407.603.
La pyme afectada por este litigio judicial es una exportadora de piezas complejas, de fabricación nacional, con clientes en varios países de Sudamérica, y más de 100 empleados actualmente. Entre decenas de productos diferentes, se destacan la comercialización de válvulas de regulación; de retención; esclusas; válvulas esféricas; válvulas mariposa y medios operación, entre otras.
Asimismo, brindan una asistencia técnica profesional, a distancia o in situ, que compromete al plantel de Ingenieros del Área Comercial y al Área de Ingeniería de Producto con sus respectivos profesionales.
Además de poner en peligro decenas de fuentes laborales de la fábrica de válvulas, este caso generó preocupación entre los proveedores pymes del petróleo y el gas, porque temen que haya una onda expansiva de la "industria del juicio" en los próximos meses.
"Sufrimos una justicia laboral que sin mirar a quien, procede del mismo modo, de forma sistemática y corporativa, sin importar si tiene en frente una pyme irregular con empleados informales y empresarios impresentables, o una empresa ejemplar que genera más y más empleo, año tras año, y es referencia en sector y el país", lamentó el empresario.
En Argentina se calcula que hay unas 400.000 pymes, con un promedio de 10 empleados cada una. Si solo el 20% de esas pequeñas y medianas empresas deciden cerrar sus puertas, o se ven obligadas a hacerlo por juicios laborales, el impacto escalaría a 800.000 argentinos.
"Además de menos empleo, habrá menos inversión en tecnología de avanzada, menos políticas desarrollistas, menos bienes para la producción de distintos recursos industriales y de consumo, menos ayuda y aporte a las comunidades donde damos una mano, y menos dólares para el país, porque habrá más importaciones y la balanza comercial será deficitaria", enumeró el empresario.
La opinión de abogados expertos Francisco Berdaguer, defensor de empresarios pyme del sector de las estaciones de servicio y sus cámaras, consideró que la "industria del juicio laboral" creció en los últimos años porque el monto del reclamo se incrementa sustancialmente por aplicación de las multas por Ley de Empleo.
"Con la inflación de los últimos años, el fuero laboral empezó a implementar cálculos y fórmulas de intereses muy elevados. Un juicio donde se reclamaba un monto relativamente bajo, con las multas e intereses se incrementaba en tres años a 10 a 15 veces el monto nominal. O sea, al tema de las multas, se le agregó las pautas de actualización de intereses", sostuvo el titular del estudio Berdaguer-Rojo Vivot- Silvero- Canziani&Uriburu.
"Es difícil planificar cuando no existen criterios uniformes para actualizar montos de sentencia. Actualmente, el fuero laboral no tiene uniformidad de criterio para actualizar sentencias", agregó Berdaguer.
"Es de esperar que con la nueva normativa se estimule el crecimiento del empleo registrado, para ir bajando de a poco esa contingencia que hoy tienen. Y también es de esperar que si baja la inflación, el fuero consensue nuevamente pautas de intereses, que sean razonables y proporcionadas", concluyó el abogado.
Tomás Martínez Casas, socio del estudio Moreno Hueyo y asesor de empresas nacionales y extranjeras, recordó que la Corte Suprema fue moldeando el accionar de las distintas Cámaras del fuero laboral en Capital Federal, donde tramita la mayor cantidad de juicios. "Les ha puesto un freno", aseguró. Sin embargo, también consideró que "sería bueno que de alguna manera ahora la Corte fije un criterio, y que ese criterio sea el que adopten los tribunales inferiores. Y eso todavía no lo han hecho", advirtió. El abogado recordó que la Corte ya manifestó que la actualización de la Cámara era "desproporcionada", porque generaba montos muy altos, por encima de la inflación del periodo que se reclamaba, y que el 6% de tasas resultaba excesivo. "Sería bueno que la Corte fije cuál es el índice bajo el cual se deben actualizar las sentencias y tener fallos un poco más razonables, y no como los que hemos encontrado durante este último tiempo", remarcó Martínez Casas.