Ayer se informó que la AFIP ya recaudó $ 223.000 millones por el aporte solidario y extraordinario a personas con patrimonios superiores a $ 200 millones. Según datos preliminares difundidos por el organismo recaudador, unos 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaron el pago del tributo.
Si bien se trata de un número importante, todavía está por debajo de los $ 307.000 millones estimados. Siguiendo los datos de AFIP, son cerca de 2.000 los contribuyentes que no pagaron y alrededor de 200 las personascon patrimonios superiores a $200 millones que interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.
Si se comparan esos $ 223.000 millones con la recaudación del IVA o las retenciones, por más de no alcanzar la cifra proyectada, el número sigue siendo importante: en marzo, por ejemplo, el IVA, que es el principal impuesto del sistema, captó $ 247.490 millones; mientras que "las retenciones, que subieron casi 150% interanual en marzo, fueron de $ 71.243 millones", indicó el Economista.
Mercedes del Pont, titular del organismo, destacó que la “mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación", y adelantó que “los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia".
La AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.
El organismo explicó que "los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde se solicitará información detallada".
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Las estimaciones sobre los fondos son preliminares y continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas. Mientras tanto, se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes para no pagar el aporte.
La ley 27.605 aprobada en diciembre del 2020 estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa, la mayoría vinculados con erogaciones generadas por la pandemia de Covid.
Cuál será el destino de los fondos
En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.
Alrededor de $ 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.
Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.
Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.
A su vez, más de $ 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Por último, cerca de $ 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional.
