Hacer un ajuste sin que se hable de ajuste. Ése es el gran objetivo del Gobierno. Por eso hablan de "tarifas de transición" para hacer referencia al proceso que durará mínimamente dos años hasta poder concretar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) a fines de 2022 o inicios de 2023.
Lo cierto es que habrá un aumento en la factura y el consumidor lo sentirá. El interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, confirmó que los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes tendrán aumentarán un 6% en mayo para los usuarios residenciales y cerca del 4% para comercio e industrias.
Bernal indicó a Télam que "el aumento entraría a regir la primera semana de mayo" y subrayó que "las tarifas de transporte y consumidor van a aumentar juntas". Respecto al precio del gas para los productores, la Secretaría de Energía es la encargada de definirlo luego de una audiencia pública donde se aprobará o no los niveles de subsidios.
Cuando eso se defina, allí habrá un nuevo precio del gas y se cambiarán los cuadros tarifarios, para determinar si se traslada o no a las facturas. Pero eso recién será para fines de junio o julio", remarcó el interventor de Enargas.
Los llamados ajustes "de transición" estarán vigentes hasta que se definan los cuadros tarifarios definitivos, aunque eso será parte de una puja más larga entre todos los actores de la industria y aún no se sabe cuándo estarán listos.
"La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió el Presidente Alberto Fernández", subrayó Bernal.
Si se cumple la Ley de Presupuesto en lo que refiere a los subsidios, el Estado pasaría a cubrir entre el 35% y el 37,2% del valor del gas, por lo que la misma factura en marzo significaría un costo de entre $ 753 y $ 826.
Bernal aclaró que "el Presidente no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento en abril". Con respecto a la ganancia de las empresas del sector, Bernal dijo que "ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar".
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"Las empresas tendrán una rentabilidad razonable. Una rentabilidad que no derive en una tarifa confiscatoria para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019. Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público -transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias- ganen y que ganen equilibradamente", concluyó.
