A través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la ley que prevé incentivos tributarios y blanqueo de capitales para la construcción. Desde el Ejecutivo nacional esperan que funcione como un aliciente para la recuperación de un sector clave de la economía.
Un informe reciente de Ecolatina arrojó que el retraso cambiario para mantener a raya la inflación lleva a que cada vez más familias con capacidad de ahorro se vuelquen a la compra de bienes dolarizados y, entre ellos, ponderaron a la construcción como un blanco importante. De hecho, la construcción cerró el primer mes de 2021 un 6% arriba en comparación a los niveles prepandemia. De allí las esperanzas del Gobierno.
En lo que respecta a la ley, la normativa dispuso que la AFIP sea la encargada de instrumentar un registro a los fines de que se comuniquen los datos pertinentes de los proyectos inmobiliarios. El régimen alcanza a obras privadas nuevas como construcciones, ampliaciones e instalaciones, entre otras, y aquellas en que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al 50% de la finalización de la obra.
El decreto determina que “el porcentaje de grado de avance mencionado deberá acreditarse teniendo en cuenta la información presentada ante las autoridades edilicias competentes o mediante un dictamen de un profesional matriculado competente en la materia”.
Beneficios fiscales
La ley exime del impuesto sobre los Bienes Personales al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022. La reglamentación de ahora indica que esta exención “procede respecto de aquellas inversiones que se efectivicen a partir de la entrada en vigor de la norma legal”.
La legislación establece, además, que podrá computarse como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios. El decreto actual señala que “el cómputo como pago a cuenta procederá en la determinación del impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal de que se trate”.
La ley además dispone que los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles gozarán del diferimiento del pago del impuesto a la transferencia de inmuebles en el caso de desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Asimismo, las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y nacional en el país y en el exterior dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurridos 120 días corridos.
Los fondos declarados deberán afectarse únicamente al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en la Argentina.
Una vez efectuado el depósito previsto en la Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (Cecon.Ar), podrán optar por afectar esos fondos, en forma total o parcial, con anterioridad a la inversión en el proyecto inmobiliario, a mantenerlos depositados en su moneda de origen; o venderlos en el Mercado Libre de Cambios, a través de la entidad financiera en la que se efectuó el depósito.
También podrá aplicarlos transitoriamente, y por única vez, a la adquisición de títulos públicos nacionales, para su posterior venta con liquidación, exclusivamente, en moneda de curso legal, y el producido de la inversión se acreditará, en moneda nacional, y deberá invertirse en los proyectos inmobiliarios.
La ley se promulgó el 12 de marzo pasado y en ese momento comenzó a correr el plazo de 60 días para adherir a la declaración voluntaria de capitales con un impuesto mínimo de 5%, que sube a 10% hasta los 90 días y a 20% hasta finalizar el régimen.
En ese momento, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), Carlos Spina, dijo a Télam que "lo importante es aprovechar la ventana de los primeros 60 días, después hay un plazo de 2 años para concretarlo, pero ya se convirtieron dólares negros en dólares utilizables".
Desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) confían en que este régimen "servirá para impulsar el desarrollo del sector, recuperar puestos de trabajo perdidos y lograr mayor oferta de viviendas". La actividad lleva más de dos años en caída y se vio afectada en 2020 por las restricciones de la pandemia que paralizaron las obras durante el período que duró el aislamiento social obligatorio.
El empresario Santiago Tarasido, quien dialogó en exclusiva con Forbes Argentina y aseguró "que en un momento de escasos recursos fiscales, quizás pueda incentivar la inversión". Además, agregó que "también es positivo el avance hacia un fondo compensador IPC vs. CVS para créditos UVA".
El CEO de CRIBA también habló sobre la llegada de la segunda ola y cómo podría repercutir en el sector: "La economía no resiste otro cierre como el del año pasado, sería un error grave. Ya se demostró que la actividad de la construcción no es generadora de casos ni de contagios. Hay un informe de la Intendencia de la Superintendencia de Trabajo que lo ratifica. Es una actividad al aire libre, con protocolos, distanciamiento. No hay espacio para eso. Sí mantener todos los cuidados. Hay una ventaja con respecto al año pasado que es que hay mucha más información".
De acuerdo con datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en diciembre el volumen de ocupación alcanzó los 293.934 puestos de trabajo registrados y pese a que la actividad comenzó a recuperarse está todavía lejos de los niveles pre pandemia (357.000 puestos en diciembre de 2019).
En los últimos meses se registró una recuperación en los niveles de actividad, el empleo y los insumos de la industria que reflejan indicadores positivos desde agosto por el impulso de la obra pública y la privada. El sector de la construcción aumentó un 4,4% durante enero de 2021 (último dato relevado) respecto al mes anterior, lo que representa un incremento consecutivo de la actividad desde agosto.