El escándalo de los cuadernos ya produjo la detención de importantes funcionarios del gobierno anterior y la delación premiada de empresarios de primer nivel. ¿Cómo es, en la era Macri, el mapa de los contratos con el Estadó

La investigación judicial a raíz de los denominados “cuadernos de la corrupción”, en los que se detallan pagos y maniobras por los contratos de obras públicas de la última década, pusieron en la mira a las licitaciones y contratos estatales. A continuación, el panorama actual de la obra pública. Las compañías que más licitaciones ganan, y cuánto es el dinero público y privado que se mueve en proyectos de infraestructura. Cómo funciona y cuánto aportará el nuevo sistema PPP.

Números

El presupuesto que el Estado asignó en 2018 para la obra pública es de $ 202.400 millones. Al mismo tiempo, el Gobierno esperaba el desembolso de una cifra similar, o incluso superior, por parte del sector privado. La confianza de los inversores, entre otros motivos por la corrida cambiaria que se inició a principios de abril y se extendió hasta junio, no fue suficiente para tanto, y las partidas para inversión real directa y transferencias de capital a las provincias disminuyeron con fuerza en el primer semestre. En 2017, el monto invertido por el Estado en infraestructura fue de $ 110.000 millones, una cifra que resultó inferior a lo presupuestado, que incluía US$ 14.000 millones que se destinarían al Procrear, redes de AYSA y muchas obras en el interior del país. Ese monto, equivalente a casi 2% del PBI, finalmente se terminó subejecutando. La gran apuesta del macrismo para reactivar la economía y el empleo no pudo con la macroeconomía complicada, y en los últimos meses se acentuaron los desajustes que obligaron a rever todos los planes. Ante la necesidad de achicar el déficit fiscal por la falta de acceso al financiamiento externo, el principal recorte de cara al próximo año está previsto, precisamente, en las partidas de obras públicas, tal como quedó acordado en el acuerdo con el FMI. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció una baja del gasto en este rubro de $ 30.000 millones.

Sin freno

“No vamos a frenar la obra pública por los cuadernos”, dijo el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a una semana de desatado el escándalo, ante el temor de que surjan complicaciones para el financiamiento de las obras. Lo mismo había dicho meses antes cuando, ante la necesidad de ajustar las cuentas públicas, también se afirmó que ninguna de las 3.200 obras en ejecución del plan de infraestructura se tocarían.

Empresas y Estado

En el marco del contexto de recorte de gastos, comprometido en el acuerdo con el Fondo Monetario para 2019, que prevé una poda a los recursos para la obra pública, el flamente modelo de los proyectos PPP (Participación Público-Privada) adquiere total protagonismo. Con marco normativo desde 2016, son las compañías que obtienen el financiamiento y encaran la inversión inicial, asociadas al Estado, quien finalmente otorga los avales.

En abril se lanzó la primera licitación bajo esta modalidad para la transformación de 3.300 kilómetros de obras viales y se adjudicaron a 10 consorcios conformados por 19 empresas locales y 7 extranjeras para la explotación de 6 corredores en el área metropolitana. Las ofertas económicas fueron 33% inferiores a lo presupuestado, y la inversión comprometida es de US$ 6.000 millones en los distintos contratos. El financiamiento proviene de bancos y fondos de inversión. Los primeros proyectos se iniciarían a partir de octubre, contra cuyo avance el Estado emite títulos de reconocimiento de inversión trimestral. Los pagos se realizan a los 5 años, una vez finalizadas las obras.

CONTRAT.AR

Con el objetivo de transparentar y evitar cartelizaciones en las iniciativas de infraestructura, hace un año el Ministerio de Modernización nacional lanzó el portal contratar.gob.ar. En este sistema electrónico de contrataciones, los organismos de la Administración Pública Nacional publican y gestionan los procesos de obra pública y las empresas interesadas pueden realizar la autenticación, informarse sobre contrataciones online, ingresar a la web del registro de constructores y al e-PROV para la consulta y seguimiento de pagos. Sin embargo, a diferencia del sitio de la Ciudad, la información publicada es algo limitada y no abunda en detalles, cifras y empresas.

Contratos bajo la lupa

La investigación judicial por el supuesto pago de sobornos, admitido por varios de los empresarios involucrados en la causa que llevaron adelante obras en la gestión anterior, derivó en la decisión del Gobierno de revisar el listado de obras en ejecución por parte de las empresas investigadas. Si bien los funcionarios aseguran que no se cancelarán las obras ya adjudicadas, sí se podrían impulsar modificaciones en los contratistas a cargo. Bajo la mira quedaron entonces todos los proyectos en los que intervienen IECSA, la compañía del primo del Presidente, Ángelo Calcaterra; Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra; Grupo Albanesi; Esuco; Isolux; BTU; IMPSA y Techint. Muchas de estas firmas se dedican a las obras públicas desde hace décadas, y algunos de los contratos fueron aprobados en la era Macri. La principal preocupación son las megaobras por las represas patagónicas Cóndor Cliff y La Barrancosa, a cargo de Electroingeniería, financiada completamente por capitales chinos.

Obras porteñas

Para ganar transparencia y ponerse en línea con una tendencia global, el Gobierno de la Ciudad habilitó un portal de open data sobre las obras en Buenos Aires. Allí se indica que hay 838 proyectos adjudicados que implican casi $ 31.900 millones de inversión hasta 2019 y 6.500 puestos de trabajo. De ese monto total, destinado por el Estado porteño a obras de infraestructura, $ 12.994 millones corresponden a 30 obras de gran magnitud de solo 7 empresas.