Tras una extenuante sesión de casi 17 horas en la Cámara de Diputados, en las primeras horas de la madrugada, el oficialismo logró imponer su propia versión de la reforma a la Ley de Alquileres en Argentina. Esta versión fue aprobada al aceptar las modificaciones propuestas por el Senado, convirtiendo la iniciativa en ley.
La nueva ley, que mantiene la duración de los contratos en tres años, introduce un cambio significativo al reducir el intervalo mínimo para actualizar el precio del alquiler a seis meses, en contraste con el ajuste anual vigente. La votación arrojó 128 votos a favor, 114 en contra y ninguna abstención.
El proyecto de reforma fue aprobado apenas 49 días después de la media sanción obtenida en la Cámara baja, que proponía la reducción de la duración de los contratos de alquiler a dos años y la indexación cuatrimestral de los valores, eliminando los indicadores fijos para el ajuste de precios. Sin embargo, esta mayoría opositora no logró replicarse en el Senado, donde el oficialismo impulsó modificaciones al proyecto, y la versión del Senado fue finalmente ratificada en la Cámara de Diputados.
¿Qué cambia y qué se mantiene vigente?
La nueva Ley de Alquileres mantiene la duración de los contratos en tres años, con una actualización de precios cada seis meses, en lugar de una vez al año. Además, establece el índice “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El mismo estará "conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina".
La ley también dispone que los precios de los contratos deben expresarse en moneda nacional y y elimina la posibilidad de los pagos a inquilinos por adelantado. A su vez, la publicidad del precio de las locaciones de inmuebles no puede expresarse en otra moneda que no sea en pesos.
Beneficios impositivos
También se incorpora un incentivo fiscal relacionado al monotributo, al disponer que "los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo".
Por otra parte, se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler para vivienda habitacional, la exención del impuesto al cheque para aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes "utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados".
En tanto, quedó plasmado otro beneficio según el cual "las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación".
Dentro del debate en el Congreso
Al fundamentar la posición del oficialismo, el diputado del FDT Lucas Godoy sostiene que este "es un tema que repercute en la vida de alrededor de 8 millones de personas" y "este contrato nunca tuvo ni tendrá una relación paritaria de igualdad de partes. La ley debe entonces amparar y equilibrar las condiciones de los contratantes".
Agregó que "hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado",
En el cierre del debate, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, afirmó que el problema "no es la ley" sino el contexto económico y dijo que una "de las cosas que mejora es que elimina la posibilidad que el inquilino haga pagos adelantos".
Dijo que "el problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista". "Con la ley aprobada en el Senado se mejora la situación de los inquilinos", destacó.
Desde la oposición, la vicepresidenta radical Karina Banfi afirmó que "como nosotros queremos ayudar a la parte más débil, venimos pidiendo la derogación de la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Como no tuvimos mayorías, lo que hicimos en agosto fue derogar los dos artículos más nefastos".
En ese sentido dijo que "en 2019, cuando se debatió por primera vez, se nos advirtió que se retraería la oferta y eso fue lo que pasó. En 2020, por la pandemia, se congelaron los alquileres. Lo que tenemos hoy es un desorden absoluto, en el marco de una crisis económica y habitacional. Este combo es letal".
Por su parte, el diputado del Pro Pablo Tonelli expresó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo al señalar que "la aplicación de la ley provocó una enorme retracción en la oferta de viviendas para alquilar. Esto perjudica a los inquilinos dada la escasez de la oferta, les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato".