Algunos días atrás, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ponderaba el rol de la Secretaría de Comercio sobre el control de precios. Hoy, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de los Consumidores (SSADC), correspondiente a dicha Secretaría, imputó a varias empresas grandes por "desabastecimiento".
Según informó el organismo que encabeza Paula Español, las imputaciones se produjeron luego que se verificara que las empresas en cuestión habrían incumplido la intimación de “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda” que establece la Resolución 100/2020.
En concreto, las compañías son acusadas por retener los volúmenes de producción y limitar la entrega de los productos. Entre las imputadas se encuentran Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
Desde el Gobierno sostienen que esto atenta contra el abastecimiento normal de productos y mercadería. Las empresas imputadas tendrán un plazo de cinco días hábiles para acreditar ante la Subsecretaria de Acciones para la Defensa los Consumidores (SSADC) haber dado cumplimiento a la norma, precisaron desde Infobae.
Por otro lado, tendrán que restablecer los niveles de stock registrados en noviembre 2020 y arbitrar "las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización”.
En el caso de Unilever, se detectó una caída cercana al 100% en su inventario de aderezos. Algo similar sucedió con Danone, afectando la producción y el despacho de cremas y postres. Fargo, otra de las apuntadas, redujo el stock de distintas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y pan lactal. En Molinos Río de la Plata se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites.