Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparencia Internacional; Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de Empresa de IDEA y Legal Sr. Director de Mercado Libre; conversaron con Claudio Savoia, editor de Política y Justicia del diario Clarín, en el panel Fortaleciendo la calidad institucional, de la 57ª edición del Coloquio de IDEA, realizado hoy en Costa Salguero.
"En el mundo existe hoy una tendencia al deterioro de la calidad democrática e institucional. El sistema más común son las autocracias electorales. Las estadísticas indican que el 68% de la población mundial vive en países autocráticos y con utilización de las elecciones para llegar y mantenerse en el poder. Como contracara, decrece el número de países que viven en democracias liberales. Estas tendencias se acentuaron con la pandemia de COVID-19 y se caracterizan por avances sobre la independencia judicial, la libertad de prensa y expresión en las redes sociales", compartió Ferreira Rubio.
Y agregó: "En Latinoamérica, El Salvador es un reflejo de esta realidad, que se suma a la existente en Nicaragua, Venezuela y a ciertas tendencias autoritarias en Brasil. Hasta en la países europeos, se verifica este fenómeno, por lo cual el gobierno de (Joe) Biden organiza para noviembre un summit en defensa de la democracia. En el índice transparencia institucional, la Argentina retrocedió de 45 a 40 puntos en 2020".
Para Ferreira Rubio, uno de los elementos más preocupantes es la falta de confianza. "Un trabajo de Latinobarómetro revela que solo 29% de la población argentina confía en Presidente; 22% en el gobierno nacional y 14% en partidos políticos. Otra cuestión aún más preocupante es que 42% de la población dice que estaría de acuerdo con un gobierno autoritario siempre que ofrezca soluciones y otro 14% que le da lo mismo. El apoyo a la democracia bajó del 95% en 1983 al 55% en la actualidad".
El COVID-19, dijo, acentuó algunas de estas tendencias. "En el mundo hay dos tercios de países con restricciones y un tercio con gobiernos de emergencia, en contra de lo que indican los tratados internacionales. Esto significó poner en cuarentena a organismos de control y portales de verificación de transparencia en compras directas de los gobiernos, lo cual incluye a la Argentina".
En tanto, Garay sostuvo que "la mala evaluación de la Justicia en parte es cierta y en parte no lo es. Hay un sector que busca profesionalizarse y otro que confunde la función del Poder Judicial. La Justicia Federal Penal, aquella más alejada del ciudadano común, es la que más les interesa a los funcionarios, los políticos y los empresarios, ya que es más permeable a las presiones y proclive a demorar años las causas por corrupción, donde sólo hay 2% de sentencias. Este deterioro se produjo a partir de los años '90. Es un problema muy grave, que obliga a tomar medidas de fondo".
Una cuestión clave, compartió Garay, es la designación de los mejores jueces y juezas. "Esto no ocurre en la Argentina porque se designan a través del Consejo de la Magistratura, donde se puede alterar el orden de los candidatos preseleccionados y de las ternas que se elaboran. El Colegio de Abogados planteó la inconstitucionalidad de este mecanismo, que tuvo un primer fallo favorable en 2006 pero aún está pendiente en la Corte Suprema. Debemos volver a pensar en grande; en un Poder Judicial que inspire confianza en la gente".
Las principales propuestas elaboradas por el Colegio de Abogados, IDEA y la Amcham son la reforma del Consejo de la Magistratura; el replanteo del funcionamiento y la digitalización de todo el sistema judicial, que mantiene un sistema antiguo y casi antediluviano. "Si se pone el foco en estos aspectos, habrá más transparencia y posibilidad de control de los fallos. Otro tema importante es el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. No se la escuchó en todas las reformas propuestas por el Gobierno en el último año y medio".
Por su parte, Puig dijo que la confianza es crucial para construir cualquier tipo de relación y una decisión de inversión no es la excepción a este principio. "Ni un chiquito aceptaría que le cambien las reglas del juego mientras está jugando. La construcción de confianza es un trabajo de hormiga que se construye día a día. Cuando se rompe es muy difícil recuperarla. Pocos vuelven a invertir en el mismo país que les cambió las reglas".
Los países de la OCDE (hoy 38, en su mayoría europeos) se desarrollaron a través de planes que se sostuvieron en el tiempo, indicó Puig. "Entre dos países de características similares, se elige al de menor riesgo jurídico. Es cierto que las grandes empresas multinacionales se pueden dar el lujo de decidir dónde invertir y que nosotros como país competimos por esas inversiones. Pero no debemos pensar solo en los grandes inversores, sino en las miles de pymes que generan inversión, trabajo y están entrampados en su propio país. Si yo pido reglas claras, no puedo depender de un tribunal u otro. Las normas no sólo deben existir y persistir, sino aplicarse de manera consistente".
