Todo congelamiento de tarifas tiene su costo. La medida paliativa que tomó el Gobierno en medio de una crisis económica y sanitaria puede generar una nueva herida. Y es que, bien puede detenerse la hemorragia, pero la enfermedad sigue estando latente y puede ser que la solución a un problema -la imposibilidad de pagar las tarifas al precio real- termine generando otro problema.
La Secretaría de Energía presentó un Informe técnico de la Audiencia Pública que se realizará el 15 de marzo de manera virtual para analizar el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Del mismo se desprende que el Estado tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria.
En momentos donde hacer cuentas siempre es sinónimo de malas noticias para Argentina, ese 'parche' tiene un costo muy elevado a nivel fiscal. En números significan un gasto de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas adicionales por $ 56.087 millones no previstas en el Presupuesto 2021. Puesto de otra forma: sobre un total de $ 221.605 millones del costo de abastecimiento, $ 132.963 millones recaen sobre el Estado.
De mantenerse el actual esquema se generaría "un faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones".
El secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que "esta Audiencia Pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las Pymes y el Gobierno".
Desde la entidad entienden que las tarifas de gas deberían subir por lo menos entre 26 y 35% para que los subsidios no aumenten este año. Esta postura contrapone las expectativas del interventor del Enargas, Federico Bernal, que proyecta una actualización del servicio de tan solo un dígito.
"Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria", agregó el funcionario.
En ese sentido, Martínez insistió en que "es muy importante conocer de qué manera ese beneficio es trasladado a los usuarios; porque no es lo mismo que se distribuya de manera igual o plana, que ese gran esfuerzo fiscal beneficie prioritariamente a quienes más lo necesitan por su condición socioeconómica".