La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados concluyó este miércoles la ronda de consultas sobre la reforma de la ley de alquileres con la exposición de unos cuarenta expositores, y los diputados comenzarán a analizar la próxima semana eventuales modificaciones a esa norma, tras escuchar las posiciones que expresaron los representantes de los inquilinos y de los corredores inmobiliarios.
A lo largo de las rondas de consultas que fueron conducidas por Cecilia Moreau, la vicepresidenta Carla Carrizo y Karina Banfi (JXC), las diferencias fueron notorias entre las entidades de defensa de los inquilinos que expresaron un rotundo rechazo a realizar cualquier cambios, y las inmobiliarias que pidieron modificar la ley para reducir de 3 a 2 años los contratos y que la actualización se realice semestral en lugar de anual como es en la actualidad.
En este contexto los diputados deberán definir si siguen buscando consenso entre las partes del mercado inmobiliario o empiezan a debatir las reformas que impulsarán a la ley de alquileres. "Creo que ya podemos empezar la semana próxima con el debate del dictamen", anticipó Moreau en el inicio del encuentro.
Uno de los exponentes que este miércoles expresó su rotundo rechazo a reformar la ley fue el titular de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, se quejó de que los legisladores ahora quieran reformar la ley aprobada hace dos años por "la presión de las inmobiliarias" y se preguntó "en manos de quienes estamos".
Muñoz señaló que "es preocupante que se haya fijado un plan tan corto para analizar una reforma que involucra a 9 millones de inquilinos" y sostuvo que desde la Federación de Inquilinos "no se quiere cambiar la ley ni que se modifiquen los tres años de contrato ni la actualización anual". "Nosotros esperamos de corazón que entiendan que queremos alquilar en forma justa, no podemos depender de los intermediarios y por eso esperamos el rol del Estado ya que sabemos que nos enfrentamos con un poder desigual", agregó.
Desde la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti, pidió reformar siete artículos de la norma sancionada hace dos años porque "ha fracasado" ya que cuando interviene el Estado se "termina volviendo en contra de los inquilinos". También se expresó a favor de "motorizar fundamentalmente la industria de la construcción, que es la madre de todas las industrias".
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En tanto, Lucía Cavallero, miembro de Ni Una Menos, sostuvo que "hay una relación desigual de poder" al considerar que "el punto de partida no puede ser pensar en que hay un interés común: nos encontramos en caso donde inquilinas nos vienen a comentar situación de chantaje" y advirtió que "el precio de alquileres se ha transformado en una fuente de endeudamiento".
A su vez, el representante de Unidos por la Profesión, Federico López Castromil señaló que "se está ante una oportunidad histórica, el país entero está mirando con atención, argentinos y argentinas están esperando una solución integral para mejorar la realidad de sus contratos de alquiler”.
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Durante la reunión también expusieron María Florencia Agüero Birocco, presidenta del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) ; Ana Rebeca Ancina, del Sindicato de Inquilines trabajadores de Chubut CTA Autónoma; y Cintia Barenboim, investigadora del Conicet y docente UNR y UAI.
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Además lo hicieron, entre otros, Andrea Bernal, Coordinadora de abogados y abogadas de interés publico; Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Propietarios de Jujuy; Jorge Cialiciotti, del Consejo académico universidad Blas Pascal - director Escuela de negocios inmobiliarios argentina; y Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la Ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.
La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus. Pero, a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó numerosas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad, y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
Con información de Télam.
