La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto de sostenibilidad de deuda pública que establece que los acuerdos de financiamiento con cualquier organismo internacional, deberán ser aprobados por una ley del Congreso Nacional. La sanción de la iniciativa contó con el respaldo de 233 votos que fueron aportados por el del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.

La iniciativa aprobada, determina que:

•  La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio.
• Toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".
• Todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".
• Tanto la emisión de títulos públicos en moneda extranjera como los programas u operaciones de crédito con el FMI "y las eventuales ampliaciones" de sus montos, "no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes, a excepción de los gastos extraordinarios previstos en el artículo 39" de la Ley de Administración Financiera, en referencia a los casos de epidemias, inundaciones, terremotos y otros de fuerza mayor.

La nueva norma se sancionó en medio de las negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI por la deuda de US$ 44.000 millones que la Argentina contrajo con ese organismo internacional durante la gestión anterior. Además, fue el propio Guzmán el que impulsó la iniciativa el año pasado, con el argumento de que el eventual acuerdo con el Fondo tiene que tener el aval mayoritario de la representación política nacional.

Sin embargo, antes de ser aprobada por el Senado en noviembre de 2020, el proyecto original de Guzmán tuvo una modificación clave cuando la bancada del Frente de Todos decidió agregar un artículo que prohíbe destinar los préstamos en moneda extranjera a gastos corrientes. Es decir que la cartera económica no podrá valerse de la emisión de títulos públicos en dólares ni de cualquier excedente del préstamo del FMI para cubrir parte del déficit fiscal.

Todas las voces

Para la diputada nacional, Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara baja, se trata de un tema "central" en la agenda del país y sostuvo que la iniciativa constituye "un resguardo poderoso".

Desde la oposición, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina expresó el acompañamiento del PRO al entender que "hay que darle más atribuciones al Congreso".
De todos modos, el legislador opositor por Santa Fe anticipó que ese interbloque votaría en contra del artículo primero y en el tercero", al considerar que se contradicen con la ley de Administración Financiera.

En ese sentido, el radical Luis Pastori señaló que al establecer en el proyecto que en el caso del endeudamiento en dólares no se puede destinar a gastos corrientes con lo cual "se podría entender que está permitiendo que la deuda pública interna, la que se emite en pesos y se puede pagar en el país, si pueda ser destinada a pagar gastos corrientes".

Po su parte, el presidente del Interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, afirmó que el proyecto de sostenibilidad de la deuda "es un enorme paso" para la Argentina con la mirada puesta en que el "el Congreso recupere sus funciones y su poder". "La única manera de lograr estabilidad es con acuerdos serios y volviendo a un equilibrio entre los poderes. El Congreso tiene que recuperar sus funciones y su poder”, afirmó.

En tanto, el diputado de izquierda, Nicolás del Caño, dijo que este proyecto "es una verdadera impostura. Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”.

Con información de Télam y NA.