Los detalles del acuerdo sellado entre el Estado Nacional y AstraZeneca, con sede en el Reino Unido, dan cuenta de que la Argentina pagó US$ 92 millones al laboratorio británico por más de 22 millones de dosis de su vacuna. Ese pacto fue incumplido por la firma internacional y la Justicia está investigando el asunto desde la semana pasada.
El contrato especifica que el “vendedor” es AstraZeneca UK Limited, compañía constituida en Cambridge, Inglaterra, que se asoció con la Universidad Oxford University para la fabricación de una vacuna contra el COVID-19, llamada primero ChAdOx1 nCov-19; luego conocida como AZD1222, y finalmente, cambió su nombre final a AstraZeneca COVID-19, precisa una información publicada en Infobae.
Por esta operación, 22.429.842 millones de dosis totales, la Argentina pagó anticipadamente US$ 92 millones, aunque todavía el país no recibió ninguna vacuna de ese contrato. Las que llegaron fueron poco más de 1 millón de dosis de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX, un fondo internacional constituido para una distribución más justa de las vacunas en todos los países.
El acuerdo contemplaba además la participación del Grupo Insud, de origen argentino, para la elaboración del principio activo de la vacuna en el hb biotecnológico de mAbxience. Y el envasado y distribución de otro laboratorio en México, Liomont.
Hay que remarcar que el compromiso contractual contempla sólo dos firmas: La de AstraZeneca y la del Gobierno Nacional. Es decir que ninguno de los dos laboratorios de América Latina comprometidos en el proceso figuran sellando el contrato. La parte vendedora está en la figura de AstraZeneca UK Limited, asociada a la universidad Oxford University para la fabricación de una vacuna contra el COVID-19, cuyo firmante es Greg Mueller. A su vez, el contrato también establece que se regirá por las leyes vigentes en la Argentina y por el fabricante original.
En la punta compradora se encuentra el ministerio de Salud de la Nación y el firmante fue el entonces ministro de la cartera de Salud: Ginés González García, y dos funcionarios ejecutivos designados por el Estado, el director de Acceso y Asuntos Gubernamentales para la Argentina, Germán de la Llave y el subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Monsalvo. Hugo Sigman, propietario de Grupo Insud que fabrica el principio activo fundamental a través de mAbxcience no figura entre los firmantes, ni está mencionado en el resto del contrato.
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“El contrato firmado en el 2020 fue muy preciso sobre los millones de dosis que debían llegar al país en etapas y en forma progresiva, y hasta completar las 22.4 millones de dosis totales: durante marzo 2021 debían llegar 2.382.000 millones de vacunas, en abril 4.040.000 millones; en mayo otras 4.040.000 millones, en junio 3.451.000 millones y en julio 8.518.000 millones. Vale repetir que hasta el momento no arribaron al país ninguna de las dosis prometidas”, precisa la nota de Infobae.
La investigación subraya también que “el acuerdo que el ministerio de Salud firmó con AstraZeneca dejaba en claro que las dosis iban a ser suministradas bajo la modalidad Incoterm DPU; las siglas refieren en idioma inglés al término “Delivered at Place Unloaded”, que en español significa “Entregado en el lugar Descargado”, en este caso desde México (centro de distribución), durante el primer semestre de 2021”.
El contrato advierte que el comprador se hacía responsable del traslado desde el puerto de entrada al siguiente punto de destino en su territorio, y que debía renunciar a cualquier reclamo en contra de AstraZeneca que surgiera de la falta de seguridad o eficacia de la vacuna y del uso o la administración de la vacuna.
Según pudo saber portal de noticias, el precio de compra estimado en el contrato entre las partes (AstraZeneca-Estado argentino) resultó un valor de US$ 4 dólares por cada dosis. Siendo el costo final estimado de las 22.429.842 millones de vacunas compradas por el Estado argentino, con los adicionales incluidos, U$S 92 millones de dólares.
El contrato por las 22,4 millones de dosis entre el Estado argentino y AstraZeneca establece un precio que se denomina Ex Factory. Las partes reconocen que fue calculado con la información disponible en la fecha de entrada en vigor y que podrá variar pero se establecen mecanismos para que, ante esa eventualidad, el comprador pueda hacer los ajustes necesarios. Y se aclara que ese precio estimado es válido, por el pedido en firme y por las dosis totales, siempre y cuando el mismo sea presentado con anterioridad a la fecha de aprobación de emergencia de la vacuna.
En cuanto a la transferencia de tecnología, el Grupo científico Insud -a través de mAbxience- envió en una primera etapa a México 25 millones de dosis del principio activo fundamental para la formulación de estas vacunas. Y nunca dejó de producir sus lotes con normalidad para cumplir con los tiempos establecidos en los contratos.
AstraZeneca se declaró el propietario único de todos los derechos de propiedad intelectual generados durante el desarrollo, fabricación y suministro de la vacuna, incluyendo todo el conocimiento tecnológico.
El contrato y sus detalles está siendo investigado por la Justicia Federal a raíz de una denuncia presentada por la particular Josefina de Elizalde ?por Acción Conjunta Republicana- que acusó a ambas partes por la demora en la llegada de las dosis fijadas en el acuerdo.La causa está a cargo del juez Julián Ercolini y la investigación en el fiscal Guillermo Marijuán.
Con información de NA.
