La orden ejecutiva del presidente Donald Trump, diseñada para desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), va más allá del ámbito del gobierno federal y sugiere posibles acciones legales contra entidades privadas que las lleven a cabo. Ante esto, muchas organizaciones están tomando medidas preventivas.

Dentro de las primeras 48 horas de su juramentación, Trump ordenó a todas las agencias federales detener las iniciativas de DEI, recortar a los directores de diversidad, poner a los empleados de DEI en licencia paga y asegurarse que los contratistas federales verifiquen que no "operan ningún programa" que promueva estas políticas.

También criticó las iniciativas de DEI en el sector privado al rescindir una directiva de 1965 firmada por el presidente Lyndon B. Johnson que les exigía a los contratistas federales privados mantener programas contra la discriminación. Además, exigió a las agencias federales identificar, dentro de los 10 días, a los contratistas que "usaran un lenguaje codificado o impreciso" para "oscurecer" las iniciativas de DEI.

¿Qué empresas o entidades privadas podrían verse afectadas por las órdenes DEI de Trump?

Cada agencia federal también tiene que identificar "hasta nueve posibles investigaciones de cumplimiento civil" de entidades del sector privado, incluidas corporaciones que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, colegios de abogados y asociaciones médicas estatales y locales, e institutos de educación superior con donaciones que superen los mil millones de dólares. Estas órdenes no especifican qué tipo de consecuencias podrían enfrentar las entidades del sector privado, pero el fiscal general tiene que presentar un informe dentro de los 120 días con recomendaciones de cumplimiento, que podrían incluir litigios o acciones regulatorias. 

El lenguaje de la orden sugiere que las directivas aplican ampliamente al sector privado, no solo a las entidades que contratan con el gobierno federal o reciben fondos federales.

¿Qué papel desempeñará la EEOC en los fallos de la DEI?

Se espera que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés), que maneja quejas relacionadas con la discriminación en el lugar de trabajo, se pronuncie en contra de las iniciativas de DEI después de que Trump nombrara a la republicana Andrea Lucas para liderar la agencia independiente.

Lucas se expresó abiertamente en contra de las iniciativas de este programa en cuestión antes de asumir el cargo y, al aceptar su designación, afirmó que "erradicar la discriminación racial y sexual ilegal motivada por la DEI" es una prioridad. La EEOC emite decisiones preliminares en disputas laborales relacionadas con la discriminación, con el objetivo de resolver los casos antes de que se conviertan en demandas.

¿Qué llevó a que DEI cayera en desgracia ante el público?

En 2023, la Corte Suprema de EE.UU. determinó que las políticas de acción afirmativa de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, que consideraban la raza al tomar decisiones de admisión, eran inconstitucionales. El fallo favoreció a un grupo de estudiantes que argumentó que estas políticas violaban la cláusula de protección igualitaria de la 14.ª Enmienda y resultaban injustas para los solicitantes blancos y asiático-americanos. 

Esta decisión desencadenó campañas de presión más amplias y una ola de demandas lideradas por grupos conservadores y activistas contra prácticas de contratación en el sector privado que priorizaban la raza, generalmente a través de políticas de DEI. Empresas como Amazon, Honeywell y Pfizer lograron ganar casos en los que se impugnaron acciones relacionadas con este programa, mientras que un tribunal federal de apelaciones anuló las normas del Nasdaq que buscaban mejorar la diversidad de género y racial en los directorios de sus empresas.

Antecedentes claves

La orden ejecutiva más amplia de Trump enfocada en DEI alega que estas políticas promueven "un sistema de botín basado en la identidad ilegal, corrosivo y venenoso, al reducir la importancia del mérito individual, la aptitud, el trabajo duro y la determinación". El gobierno revocó una serie de órdenes ejecutivas que databan de 1965, incluida una orden de 1994 diseñada para abordar la justicia ambiental en comunidades minoritarias y de bajos ingresos. 

Según expertos legales, estas acciones pusieron a los líderes empresariales en alerta. Kenji Yoshino, abogado de la Universidad de Nueva York, comentó al The New York Times que estas medidas son "una forma de infundir miedo en los corazones de las organizaciones". Por su parte, Ishan Bhabha, socio gerente de Jenner & Block, declaró al mismo medio que recibió una avalancha de consultas de clientes preocupados por el impacto en sus programas DEI.

Muchas empresas ya habían comenzado a tomar medidas preventivas en anticipación a las iniciativas de Trump, especialmente frente a la presión de grupos conservadores y activistas fortalecidos por el fallo de la Corte Suprema en 2023. Meta, por ejemplo, comunicó a sus empleados a principios de este mes que abandonaría sus programas DEI y revertiría algunas de sus políticas existentes. Otras empresas importantes como Tractor Supply, John Deere, Harley Davidson, UBS, Walmart, Ford, McDonald's, Amazon y muchas más también retrocedieron con respecto a estas iniciativas y programas relacionados.

*Con información de Forbes US.