El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) propuso la implementación de un Ingreso Universal para la Infancia que, según indicaron, de mínima cubriría el valor de una canasta básica alimentaria y demandaría una inversión en una década que representaría entre un 3 y un 5 por ciento del PBI.
Así lo precisó en una presentación en la que la directora del Programa de Protección Social de la organización no gubernamental, Gala Díaz Langou, consideró "más acuciante que nunca", en el marco de la pandemia de coronavirus, "proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes".
Tal como fue delineada por el Cippec, la propuesta de un Ingreso Universal para la Infancia demandaría una inversión en una década -hasta el 2030- de 695.099 y 1.106.163 millones de pesos, lo que representaría entre un 2,9% y 5,17% del Producto Bruto Interno (PBI). La iniciativa basa su razón de ser en que la pobreza en la Argentina se concentra principalmente en la infancia, de acuerdo con proyecciones de Unicef que midieron el impacto de la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus y determinaron que actualmente alcanzaría a más del 60 % de niños, niñas y adolescentes.
Según el Cippec, el vigente esquema de transferencias conformado por las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares contributivas y las deducciones al Impuesto a las Ganancias no es universal, ya que "deja sin prestación alguna actualmente a 1,2 millones de niños (9% del total) pertenecientes a los sectores de menores recursos". Otro inconveniente señalado por Cippec es "la suficiencia" de los montos dado que "no alcanzan en ningún caso a cubrir la canasta básica alimentaria (CBA), umbral mínimo para superar la línea de indigencia, y menos aún la canasta básica total (CBT), monto necesario para superar la línea de pobreza".
Cómo se implementaría
La iniciativa brinda dos escenarios posibles para alcanzar el Ingreso Universal: el primero, consiste en garantizar en una primera etapa la CBT para monotributistas y beneficiarios de AUH, y para el resto otorgar una CBA, hasta alcanzar gradualmente la universalidad en 2030.
Esta propuesta, según detallaron desde la organización, implicaría una inversión incremental que iría del 0,28% del PBI ($66.375 millones) para este año, hasta llegar en 2030 a representar el 3,06% del PBI ($695.099 millones), en valores actuales. La otra opción propone que todos los niños y niñas reciban de entrada la misma suma de dinero por parte del Estado, equivalente a una CBT. La inversión incremental bajo este esquema ascendería a $ 1.106.163 millones o un 5,2% del PBI, en el año 2030.
Entre los beneficios netos de la implementación del proyecto, Cippec estima que "una inversión de alrededor del 1,2% del PBI orientada a incrementar los montos de las transferencias conduciría a la generación de 282.000 puestos de empleo por el estímulo a la demanda agregada", y que "el porcentaje de recupero de la inversión a través de impuestos llegaría al 56%".
Más alcances de la propuesta
Por último, Cippec promueve una serie de mejoras para el esquema actual de transferencias de ingresos como el fomento del uso de billeteras virtuales para el cobro de los beneficios o la eliminación de las corresponsabilidades para percibir la AUH.
Desde el Gobierno y en lo que va da la pandemia, fueron distintas las voces que se pronunciaron a favor de desarrollar un mencanismo que establezca "un ingreso universal de base" para las personas en estado de vulnerabilidad.
"No dudo que va a haber un mecanismo que establezca un ingreso universal de base asociado al trabajo. Es un debate que está avanzando mucho", señaló el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, semanas atrás en una entrevista, consultado sobre la posibilidad de que el Estado otorgue una asistencia de base, similar al actual Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido en el marco de la pandemia.