La sentencia prevista para este martes en la causa que tiene sentada a Cristina Fernández de Kirchner en el banquillo de los acusados por presuntos actos de corrupción podría constituirse en un punto de inflexión en la historia democrática moderna en la Argentina, de igual modo que en un momento bisagra para el actual Gobierno, en el caso de que finalmente resulte condenada.
Se espera que sea una jornada tensa y convulsionada la del 6 de diciembre si el kirchnerismo sale a las calles, como está previsto, para respaldar a la vicepresidenta de la Nación, que el 19 de febrero del año que viene cumplirá 70 años y es poco probable que termine presa, de todas maneras, si los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 la declaran culpable. Largas instancias de idas y vueltas judiciales se pondrán en marcha entonces hasta que el fallo quede firme, si es que sucede en definitiva.
De cualquier modo, la decisión que tomen los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso mantiene en vilo prácticamente al país entero y ni siquiera la "burbuja mundialista" en la que se encuentra inmersa la Argentina tras la clasificación de la Selección nacional en Qatar 2022 evitará que adquiera una centralidad cardinal la semana próxima, días antes de que la "Scaloneta" busque avanzar a las semifinales del certamen que se disputa en Oriente Medio frente a Países Bajos. Se trata sin duda de un repentino regreso a la realidad.
El kirchnerismo se encuentra hoy en estado de alerta, después de las luces rojas que se encendieron el lunes 22 de agosto pasado cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina. En la causa conocida como "Vialidad", se investigan presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en Santa Cruz durante 2003 y 2015.
"Señores jueces, es corrupción o justicia. De ustedes depende", enfatizó Luciani en esa oportunidad. En tanto, Mola calculó que el perjuicio para el Estado, por el supuesto pago de sobreprecios, ascendía a poco más de 5.321 millones de pesos. Según los fiscales, Cristina se desempeñó como la jefa de una asociación ilícita que desviaba fondos públicos en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El ex empleado del Banco de Santa Cruz cuyo patrimonio se incrementó de manera exponencial con la familia Kirchner en el poder también está imputado, de igual modo que los ex funcionarios Julio De Vido y José López -el de los bolsos-, entre otros. De todos modos, el núcleo duro K solo está enfocado en la suerte que pueda correr Cristina cuando se anuncie el veredicto el próximo martes desde los tribunales federales de Comodoro Py.
Después de que Luciani y Mola dejaran a la ex mandataria entre la espada y la pared con su alegato, el kirchnerismo lanzó una enérgica contraofensiva con la actual vicepresidenta a la cabeza y arremetió especialmente contra la Corte Suprema de Justicia, argumentando una supuesta persecución política. La propia Cristina tildó al tribunal que la juzga como un "pelotón de fusilamiento", en sintonía con una radicalización de su discurso frente a este asunto judicial que la afecta tras conocerse el pedido de condena en su contra.
Un punto de inflexión en la historia
El fallo del TOCF2, en caso de un resolución desfavorable para la ex jefa de Estado, además de la repercusión social que causaría, con manifestaciones callejeras y un anunciado paro de empleados del sector público, al menos en la Capital Federal, entre otras réplicas, significaría ciertamente un punto de inflexión en la historia democrática reciente de la Argentina, con una funcionaria nacional de alto rango y enorme relevancia política sentenciada a prisión.
En este sentido, en el kirchnerismo comparan la situación que involucra a Cristina con la investigación judicial por supuesta corrupción que terminó con una condena a prisión -luego anulada- contra Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que el dirigente de 77 años fuera electo por tercera vez como presidente de Brasil. De todos modos, las acusaciones con las que debe lidiar hoy la ex mandataria revisten una frondosidad significativamente mayor que aquellas sospechas que sobrevolaban al líder del Partido de los Trabajadores (PT).
El núcleo duro K insiste en que la Justicia busca proscribir a Cristina, en vísperas de una sentencia que, sea cual fuera la decisión del tribunal, profundizará probablemente la grieta que divide a la sociedad argentina entre kirchneristas y antis. De igual manera, podría constituirse en un momento bisagra para el actual Gobierno, sobre todo en el caso de que el veredicto sea: "Culpable".
De ser así, la administración que encabeza Alberto Fernández, inmersa en una evidente crisis de gestión y de liderazgo, debería asumir una defensa corporativa de Cristina, en un contexto en el que la líder del Frente de Todos (FdT) insiste en mostrarse como una suerte de "analista externa" de su propio invención gubernamental, con una postura marcadamente crítica.
La reacción del sector moderado del FdT, en especial de lo poco que queda de "albertismo", sería escudriñada con lupa por el kirchnerismo, en medio de una interna que ha recrudecido en las últimas semanas a partir del operativo clamor lanzado por dirigentes y militantes cristinistas para que la "Jefa" sea candidata en las elecciones generales de 2023.
Asimismo, si bien no lo comentan en público, lógicamente, en privado sí funcionarios muy cercanos al presidente Fernández admiten que sería una mácula para el Gobierno que la mismísima vicepresidenta de la Nación resultara condenada por actos de corrupción, según pudo averiguar NA de fuentes oficiales. "No está bueno", reconocen puertas adentro.
- Emiliano Rodríguez para NA
