La coyuntura económica se presentó en los últimos años como un gran limitador de las posibilidades para el desarrollo del potencial energético que se le augura a la Argentina, pero a la vez su eventual normalización es el único camino que se advierte posible para esa construcción. Desde distintas miradas, así lo plantearon tres expertos que participaron del primer panel de la nueva edición del Forbes Energy Summit: Raúl Bertero, presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare); Diego Calvetti, Socio Líder de Energía y Recursos Naturales KPMG en Argentina, y Daniel Montamat, Director Ejecutivo de la consultora Montamat & Asociados, repasaron en clave económica los principales temas de la agenda del sector.
En tiempos en que se esperan definiciones por parte de las nuevas autoridades nacionales que asumirán el próximo 10 de diciembre, los especialistas valoraron lo construido, pero destacaron la necesidad de hacer foco en los temas que permitirán dar el gran salto exportador, fuente de las divisas y el empleo que requiere la Argentina.
Para Bertero, la energía “está dando soluciones al problema fiscal, al tarifario y de la balanza comercial”, y aporta a una baja de subsidios y del déficit inmediata porque se sustituyen las importaciones en unos US$ 3.000 millones por la mayor disponibilidad de gas de Vaca Muerta y por los gasoductos construidos para transportarlo y los que hay que construir para abastecer el mercado local y exportador. Esa nueva situación reciente alcanzada con la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner permitió desplazar el fuel oil y el gasoil de las centrales térmicas y eso “permitió bajar en un 35% el costo de la generación eléctrica” de US$90 a US$60 el Mw/h haciendo un saldo tarifario más chico de cubrir por subsidios.
Calvetti, aportó que hasta agosto el costo fiscal de los subsidios era de US$ 7.500 millones por lo cual ante semejante impacto en la fortaleza fiscal uno de los grandes desafíos es “cómo acomodar esa macroeconomía desde los precios relativos y los de la energía”. Para el socio de KPMG, la nueva administración tiene “todas las alternativas sobre la mesa” para poder avanzar con la “extensión de las concesiones, ir a la recomposición de tarifas con equidad y gradualidad, y de alguna forma entender que la energía es el motor de la economía”, pero tiene que ser adecuadamente remunerada para acelerar el círculo virtuoso de la reinversión porque una tarifa pisada tiene como contraprestación la no obligatoriedad de las inversiones de las empresas.
A su turno, Montamat reseñó que en los primeros siete meses del año los subsidios venían bajando por la segmentación tarifaria un 59% en dólares. “Pero llegaron las elecciones, la devaluación sin plan y con una inflación a dos dígitos se volvieron a congelar los precios de la energía y los combustibles”. Ante ese renovado escenario, el consultor consideró que “hay que terminar con la segmentación e ir a tarifas que recuperen el precio de la energía con la secuencia de un plan de estabilización”. Lo que incluye, a su criterio, una tarifa social que tiene que consistir en determinada cantidad de mw de electricidad o m3 de gas para a partir de ahí rija tarifa plena porque no se trata de servicios públicos sino de bienes que tienen que pagar sus costos económicos.
La charla permitió abordar las obras de infraestructura pendientes para el sector, y la alternativa de que el Estado nacional se aparte de su financiamiento con la llegada del nuevo Gobierno. Al respecto, Bertero consideró “fundamental terminar las obras de reversión del gasoducto del Norte porque Bolivia está decayendo su capacidad de inyectar gas y pone en grave riesgo el funcionamiento de abastecimiento de gas y electricidad” para al menos siete provincias de la región. Sobre los fondos necesarios para las futuras obras, el presidente del Ceare reconoció que requiere un equilibrio extraordinariamente delicado, cuyo principal riesgo es que “la ideología supere la sensatez para evitar males mayores en lo que se anticipa un 2024 dificilísimo”.
Calvetti hizo mención del modelo “a la chilena” que propugna el futuro gobierno para atender la demanda de infraestructura, pero alertó sobre cuál es el costo que la inversión privada puede asumir en un contexto de 1900 puntos básicos de riesgo país, cuál va a ser el régimen legal que se les va a ofrecer. “Hoy hay más certezas en cuanto el rumbo, pero no están claros los instrumentos, lo que hace imposible pensar en un proyecto de inversión a 30 años financiado en dólares”. También dio crédito al anuncio de que se respetarán los compromisos ya asumidos por el Estado: “Hay clara intención de que los contratos firmados se van a respetar, que lo que está en curso continúe, lo que es un concepto interesante que no se venía escuchando de los últimos gobiernos”.
Finalmente, Montamat se refirió a la eventual privatización del 51% de la composición accionaria de YPF -empresa de la cual fue director titular- para lo cual consideró que “más que los actores de la película, lo importante es el guión. Si YPF es privada, pero está en una cancha embarrada con cepos, regulaciones discrecionales, barril criollo, las empresas más eficientes del mundo van a fracasar”. Por eso antes de pensar si es privada, mixta o pública hay que “internacionalizar el mercado petrolero argentino que requiere de muchísimas inversiones pero que requiere precios internacionales en petróleo y derivados, y eso va a valorizar todas las empresas”.