El Gobierno determinó hoy que las exportaciones de carnes y productos derivados deberán ser informadas e inscriptas a través de una declaración jurada en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) que funciona bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, con el “objetivo de evitar posibles desequilibrios en cuanto a abastecimiento, precio y calidad”, explicaron.
Hay quienes alertan que la normativa podría eliminar de la competencia a muchos empresarios. Se proyecta que la medida alcance a 400 establecimiento que exportan carne y 800 operadores de grano. Algunas de ellas son pymes y reclaman no estar en condiciones de cumplir con los nuevos requisitos.
Esta resolución publicada en el Boletín Oficial indicó que el registro mediante la Declaración Jurada de Exportaciones de Carnes (DJEC) tiene por objetivo “evitar posibles desequilibrios en el mercado interno de la carne en condiciones de abastecimiento, precio y calidad; así como también transparentar las operaciones de venta de carne al exterior, evitar subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos”.
Asimismo, mediante una Comisión Mixta de Seguimiento, que estará integrada por la Secretaría de Comercio Interior, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se relevarán y propondrán los precios mínimos de referencia para las exportaciones, y se evaluará periódicamente la evolución de los mismos. También, una Comisión Fiscalizadora, de la que participará el Banco Central (BCRA), evaluará entre otras cosas el correcto ingreso de divisas al país.
Los productos cárnicos a exportar alcanzados por la DJEC son la carne fresca, refrigerada o congelada de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, equina y gallus domesticus (avícola). La autoridad de aplicación de esta resolución será la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que mantendrá un permanente intercambio de información con la Secretaría de Comercio Interior.
Entre sus facultades, deberá determinar el procedimiento y el plazo de vigencia de la DJEC, dictará las normas complementarias para una adecuada implementación de la medida y dictará las normas aclaratorias que sean necesarias. La Secretaría de Comercio Interior tendrá a su cargo confrontar la DJEC con las condiciones de abastecimiento del mercado interno, respecto al volumen, calidad de los cortes de carne y los subproductos.
También se creará la Comisión Mixta de Fiscalización, que estará integrada por Comercio Interior, Control Comercial Agropecuario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y el Banco Central. Tendrá entre sus funciones verificar y fiscalizar el cumplimiento de esta medida, y en el caso de detectar algún incumplimiento podrá suspender de inmediato al operador del RUCA con independencia de las sanciones que les pudieran corresponder a los infractores por aplicación de las diferentes normativas involucradas.
Preocupación en el sector
Varios jugadores importantes creen que esta normativa reducirá las exportaciones de carne vacuna de nuestro país. Además, la novedad es que aquellos operadores en el mercado de exportación que no tienen planta propia tendrán que presentar sistemáticamente una mayor cantidad de documentación como balances, probar solvencia a través del detalle de las cuentas bancarias con las que operan, presentar una constancia de ingreso de divisas al Banco Central, informar detalles sobre empleados.
En diálogo con El Cronista, una fuente muy importante de la industria de la carne indicó que esta medida es una “persecución a los exportadores que no tienen planta propia”, adelantando que de concretarse “puede haber una caída de exportaciones del 10%”.
Luis Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, que en el último tiempo comenzó a crecer en el mercado externo, se cuestionó en una nota con este mismo medio “por qué el gobierno está preocupado por la evasión de la exportación y no controla la evasión del último eslabón de la cadena, las carnicerías? El 80% son informales y no pagan impuestos"; Refiriéndose a que los locales minoristas no tributan ni a ARBA y a la AFIP.
Además, la nueva normativa obliga para pasar el filtro y poder exportar, a detallar la mercadería a vender en el exterior, volúmenes, proveedores y destinos con un año de anticipación.