La Oficina Anticorrupción (OA) emitió un dictamen que cuestiona la fusión de las empresas Cablevisión y Telecom, y envió las actuaciones a la Justicia para que determine si se cometieron delitos de acción pública. Sin embargo, desde la empresa relativizaron la información y aseguraron que la fusión está consolidada.
La fusión fue aprobada en 2018 durante el Gobierno de Mauricio Macri y posibilitó que el Grupo Clarín expandiera sus negocios desde la prensa gráfica, radio, la TV y el cable, a la Telefonía fija y móvil e Internet.
Según reveló NA, la OA inició una investigación por “posibles irregularidades en la aprobación de la fusión de las empresas a raíz de los vínculos de varios integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia” con dichas empresas vinculadas con las firmas fusionadas.
La investigación indica que varios ex funcionarios cumplieron un doble rol y mientras integraban la Comisión prestaban también servicios a empresas vinculadas con la fusión.
Así, “infringieron el deber de abstención por haber suscripto los documentos” que facilitaron la operación, especialmente vinculados con la firma GPR Economía S.A., entre cuyos clientes figuraban precisamente el grupo Clarín, Cablevisión, y Telecom.
La respuesta de Cablevisión
Fuentes de la empresa aseguraron a Forbes Argentina que "el Estado nacional ya ratificó la fusión en el expediente" y que, por lo tanto, "está más que consolidada".
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"La Comisión Nacional de la Competencia hace dictámenes no vinculantes. La que aprueba una fusión es la Secretaría de Comercio. El dictamen de la OA no afecta a la fusión", agregaron.
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En tanto, la resolución de la OA incluyó una notificación a la Secretaría de Comercio “a los efectos previstos en los artículo 3° y 17 de la Ley 25.188”. El artículo tercero delimita el campo de acción de los funcionarios, en tanto que el 17 establece que cuando un agente estatal viola la normativa de la Ley de Ética Pública sus actos y decisiones “serán nulos de nulidad absoluta”.
La OA destacó que “uno de los accionistas minoritarios eventualmente perjudicados es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como administradora del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)”.
Además, recordó que “se halla en trámite ante Juzgado Criminal y Correccional Federal número 7 una causa tendiente a determinar la eventual responsabilidad penal de diversos ex funcionarios públicos por distintos episodios de incumplimiento de funciones regulación y control sobre las empresas de telefonía”.
La investigación de la OA se inició a raíz de una denuncia de la abogada Liliana Zabala, quien apuntó a ex funcionarios de la Comisión de Defensa de la Competencia sobre la base de información contenida en redes sociales y artículos periodísticos que denunciaban que “la fusión de Cablevisión con Telecom fue aprobada por asesores de Cablevisión y Telecom y esconde un fraude”.
*Néstor Espósito, NA.
