Para sorpresa de todo el arco empresarial de la industria de la construcción y tras haber declarado desierta la licitación por la principal privatización en carpeta, la de la Hidrovía, el Gobierno anunció el pasado viernes 14 la privatización total de Concesiones Viales S.A., empresa que gestiona más de 6.000 km de rutas nacionales y autopistas, a partir de concesiones por obra pública y cobro de peaje.
La medida que tiene el aval del presidente Javier Milei y se formalizó a través del decreto 97/2025 publicado en el Boletín Oficial el lunes 17, es vista con buenos ojos por las empresas constructoras, un paso clave en momentos en que la obra pública nacional está virtualmente paralizada desde hace 14 meses.
"Vemos como un hecho positivo avanzar en concesiones viales", dijeron casi a coro empresarios del rubro, acostumbrados a participar en licitaciones, tanto para obras viales como de infraestructura en los niveles nacional, provincial y municipal.
Muchos de ellos se presentaron o tuvieron concesiones en los '90, con retornos vía cobro de peaje, como será también en esta ocasión; en los 2000 con la OCCOVI, que no licitaba obras sino explotación y mantenimiento; y con los PPP (participación público-privada) durante el gobierno de Mauricio Macri, en los que los privados conseguían el financiamiento y hacían las obras, pero terminaba pagando el Estado.
La decisión de volver a concesionar rutas trajo algo de calma a un sector especialmente golpeado por la motosierra, el recorte de partidas del presupuesto nacional y la inflación, aunque hay muchas preguntas y dudas aún por evacuar antes de saber si finalmente será una buena oportunidad para presentarse a la compulsa.
Vaso medio lleno
Acostumbrados a mantener fluidos contactos con gobiernos de diferente signo político -por las demandas de los propios contratos-, los empresarios de la construcción saben como nadie que éstos son tiempos para mantener el bajo perfil, callar y esperar. Nada de apariciones públicas.
Pero aún en este escenario, Forbes consultó a cinco empresas de primera línea del sector para conocer cuál es el ánimo para participar del proceso licitatorio, y qué viabilidad le ven al esquema de concesión y recupero de la inversión propuestos.
También qué semejanzas y diferencias tiene la concesión de obra pública bajo el régimen de la Ley 17.520 de 1967 y sus modificaciones, que establece el cobro de una tarifa o peaje, frente a formatos como los PPP del macrismo, una experiencia que finalizó con la anulación de los contratos por parte del gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2020.
"Vemos muy bien ir a un sistema de concesión para mantenimiento de rutas, aunque por ahí el momento económico no es el mejor", señaló el titular de una constructora líder. Y agregó que a esto hay que sumar que "la Argentina tiene toda una historia de incumplimiento de contratos" que no ayuda.
Hasta el momento sólo se conoce un pliego preliminar del llamado a licitación pública, pero las empresas esperan aclarar algunas cuestiones cuando estén los pliegos definitivos. Ya hubo varias reuniones informativas de empresarios del sector con gente del Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y bancos para aclarar dudas y volcar su expertise en este tipo de contratos.
En forma unánime los empresarios consultados aseguraron que "no participamos de la redacción de los pliegos, eso lo está haciendo Vialidad Nacional, sólo expresamos nuestra opinión".
Luces amarillas
El punto que más temor genera en los empresarios, sin dudas, es el financiamiento y las garantías. Es que habrá una inversión inicial, que "puede estar entre 80 y 100 millones de dólares, que tendrán que conseguir las empresas". El Estado no pone nada, ni siquiera la garantía del contrato, por lo que es a total riesgo empresario.
Para el Gobierno esto es un valor supremo, pero para los privados entraña un riesgo enorme, por lo que aún muchos dudan en presentarse. "Puede suceder nuevamente el papelón de la Hidrovía- el Gobierno terminó anulando la licitación-, también puede suceder que tengas oferentes, más por necesidad de las empresas que por interés", anticipan desde una constructora que obtuvo uno de los contratos PPP en 2016.
Ese monto es la inversión que requiere el Estado para poner a punto el corredor el primer año, esto es arreglar baches, repavimentar donde corresponda, cortar el pasto adyacente, pintar y señalizar, iluminar y pagar sueldos. Para eso se dispondrá del peaje actual.
Luego vendrá la etapa de inversión en el marco de una concesión a 20 años o hasta 30 años, dependiendo de la tarifa máxima que se fije para cada corredor. Según estimaciones del sector podría hablarse de unos US$ 600 millones de inversión en esta fase.
"Uno de los problemas es que el Estado no pone ninguna garantía para que te den un crédito, que puede ser de unos 100 millones de dólares. Además, te piden avales bancarios, que técnicamente es como un crédito, condiciones estrictas de cumplimiento de plazo de obras, plazos de inversión, etc.", explicó un empresario.
"Hay que ver si cierra el negocio, y si cierra también para los bancos", disparó el titular de otra constructora. Destacó, además, que no está claro cómo y quién hará el control de cargas de los camiones, que "destruyen las rutas", porque las concesionarias viales no tienen poder de policía para exigir el cumplimiento, pero tendrán que dar cuenta por estado de los corredores.
Y a esto se suma el riesgo económico, donde vuelve a surgir la larga historia de incumplimientos de contratos por parte del Estado argentino.
Los próximos pasos
El proceso es llevado adelante por la Dirección Nacional de Vialidad, que en una primera instancia licitará dos tramos del Corredor 18 de la Red Vial Nacional, cuya concesión vence el próximo 9 de abril. Se trata de un trayecto de las RN 12 y 14, conocida como la ruta del Mercosur, incluyendo el Puente Rosario-Victoria, que une las provincias de Santa Fe con Entre Ríos.
A partir de mañana y el 27 de febrero tendrán lugar las Audiencias Públicas correspondientes a estos tramos, y se espera que en 60 a 90 días se llame a licitación. Luego se avanzará en 11 tramos de rutas y autopistas nacionales, que incluyen las gestionadas por Corredores Viales S.A., además de otras rutas no concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Aunque no hay precisiones, se estima la licitación podría avanzar en el tercer trimestre del año.
En total son 9.342 km de rutas, distribuidos en trece tramos, que supone un 20% de la red vial de la Argentina, pero por donde pasa un 80% de tránsito vehicular."Hay gran expectativa, pero a la espera de las condiciones de los pliegos", señalan en el sector, pero sin olvidar la situación actual. Un empresario explicó que "las empresas hace un año que están paradas, en ese tiempo redujeron personal, se achicaron los balances y se achicó el acceso al crédito".
Tras señalar que a nivel internacional la tarifa estándar es de US$ 3/3,50 cada 100 km, si se cobrara ese valor "no te va a dar el flujo de caja para hacer las obras", apuntó. Y advirtió: "Cuidado con las expectativas".
Apoyando este punto, otro empresario dijo que "la clave es conocer los pliegos y después ver la tasa de interés que se consigue, pero no tener garantía del Estado vía el contrato hace que el financiamiento sea caro, por el riesgo contractual".