Regular una industria nueva es un proceso complejo. Más aún cuando se trata de un sector sustentado por una tecnología que plantea revoluciones profundas para la vida en sociedad, como lo es blockchain y, por ende, crypto. En la Argentina, la regulación crypto ya comenzó y las primeras medidas generaron algunas dudas entre los usuarios. Dudas que, en algunos casos, estuvieron alimentadas por información errónea y lecturas opacas, por denominarlas de alguna manera. Por ese motivo, vale la pena establecer una guía, un paso a paso, que explique los primeros pasos de la regulación crypto en el país. 

Cómo inicia la regulación crypto en la Argentina 

Lo primero para decir es que la regulación de las criptomonedas en la Argentina no es ni comunista ni antiliberal ni responde a una ideología particular. La regulación comprende aspectos legales globales a los cuales el país debe adaptarse. Más precisamente los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si una nación no cumple con estos estándares es penalizada y pierde determinadas herramientas como, por ejemplo, acceder a préstamos internacionales. 

Desde 2023 que distintas instituciones nacionales trabajaban para crear una Ley con la cual la Argentina se adapte a los estándares del GAFI y el 26 de marzo fue aprobada por el Congreso de la Nación (Ley 25.246 de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo”). Esa Ley incluye un apartado que incluye a las empresas crypto con operaciones locales y, a partir de la misma, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF) publicaron en el Boletín Oficial la Resolución General 994/2024 y la Resolución 49/2024, respectivamente, en las que fijaron criterios para cumplirlas, sobre todo relacionados a la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

Qué implica para los usuarios y las empresas

“Todas las empresas que brinden servicios de activos virtuales en Argentina, ya sea desde el país o desde el extranjero, deberán inscribirse en un registro ante la Cámara Nacional de Valores (CNV) en los próximos 45 días. Entonces, la regulación planteada para nuestro país no es sobre crypto, sino sobre los exchanges y empresas que ofrecen servicios de criptomonedas. Así, los principios tecnológicos y filosóficos de blockchain y crypto permanecen intactos”, explican desde Lemon. Y subrayan: “¿Esto modifica en algo la situación de nuestros usuarios y sus activos virtuales? No”.

Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, también remarca que “esta resolución no cambia nada para el usuario”. “El gobierno no nos está solicitando información acerca de los usuarios ni que modifiquemos ningún servicio o producto. Solamente tendremos que aportar información sobre la empresa”.

Y en esa misma línea, Alejandro Rhotamel, Chief Legal Officer de Ripio, agrega que “es una medida beneficiosa para el sector”. “Esto es porque asegurará que la industria local opere bajo estándares internacionales, proporcionándoles una mayor seguridad a nuestros usuarios sin que eso comprometa las ventajas comparativas que tenemos en la región en materia de equipos, talento, casos de uso, comunidades y desarrollo de tecnología”.

Finalmente, desde la Cámara Argentina Fintech, cuyos equipos técnicos trabajaron con la CNV y la UIF, aseguran que “se dio un paso importante en el posicionamiento de la Argentina como líder de la industria cripto a nivel mundial”. “El establecimiento de un marco normativo adecuado, inteligente y flexible con la evolución de la tecnología y que, al mismo tiempo, preserve la seguridad de los usuarios, es de gran ayuda para este proceso”, destacan desde la Cámara. 

Qué pasa con los usuarios “crypto núcleo duro” 

Es cierto, y no debe ser olvidado, que las criptomonedas nacen con un espíritu o filosofía descentralizada y alejada del Estado. De hecho, esos son los fundamentos principales de Bitcoin junto a su característica de ser limitado (solo habrá 21 millones de bitcoins disponibles). Por lo tanto, puede haber usuarios que decidan operar con plataformas totalmente alejadas de la regulación planteada. 

“Desde la comunicación tendremos que hacer un trabajo profundo para explicar a nuestros usuarios que estas reformas no los afectan sino que generan un marco de mayor protección para ellos y sus activos. Si luego hay personas que prefieren usar crypto de otra manera, están en su derecho de hacerlo. Pero es nuestra tarea, y de todo el sector, informar qué está ocurriendo para que no haya errores en la interpretación”, destaca Alejo Blasco, Head of Communications de Lemon. 

Qué esperar para los próximos meses 

Una vez establecido que los primeros pasos de la regulación crypto se enfocan en las empresas y no en los usuarios, es importante destacar qué ocurrirá durante los próximos meses. Como establecieron la UIF y la CNV, el tiempo para inscribirse en el registro será de 45 días. Sin embargo, hay un acuerdo generalizado en el sector que los tiempos de adecuación de las compañías a los pedidos establecidos será de, aproximadamente, 18 meses. 

De todas maneras, este no es el único paso que debe darse. La problemática que debe evitarse de ahora en adelante es tener un registro lleno de empresas que, al mismo tiempo, no tengan usuarios. Si bien el objetivo es crear un ecosistema crypto regulado, esa regulación debe ser “inteligente” para no terminar expulsando a los usuarios hacia exchanges extranjeros no registrados, lo que puede ser altamente peligroso ya que no es posible controlar sus operaciones y, en consecuencia, aumentan los riesgos para las personas. 

“La regulación no debe convertirse en un obstáculo para el crecimiento del sector. Una regulación excesiva o irrazonable podría empujar a los usuarios hacia la informalidad, lo que perjudicaría significativamente a un ecosistema de millones de usuarios y más de 300 empresas locales, que generan miles de puestos de trabajo en el sector fintech”, reflexiona Alejandro Rhotamel, Chief Legal Officer de Ripio. Y agrega: “Además, compartimos la idea de que exenciones fiscales para clientes que operan con activos virtuales podrían promover la innovación financiera sin penalizar a los participantes del mercado ni obstaculizar la competitividad de nuestro sector fintech y cripto a nivel global”.

Reforma tributaria crypto: el próximo paso

El año pasado, en el contexto del evento Ethereum Argentina, Marcelo Cavazzoli, CEO y cofundador de Lemon, anunció que se encontraban trabajando junto con la Cámara Argentina Fintech en una reforma tributaria crypto. 

Recientemente, se divulgaron algunos aspectos de esta reforma que apuntan a dar incentivos a los usuarios para operar con las empresas registradas ya que serían las habilitadas para aplicarlos. 

Impuesto a las Ganancias

- Se propone excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados de fuente argentina obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas provenientes de la compraventa y rendimientos de activos virtuales, siempre que intervenga un PSAV inscripto en el registro ante la CNV.

- Respecto a la valuación de los activos virtuales en los balances impositivos de las empresas, se propone que se tome el costo de adquisición y reconocer la ganancia sólo al momento de la realización del activo, y no por su mera tenencia. Esto evitaría computar ganancias o pérdidas meramente contables, en razón de la volatilidad de algunos activos virtuales.

Impuesto a los bienes personales

- Se propone eximir del Impuesto a los Bienes Personales a las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, se encuentren almacenadas y/o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV.

- Esta medida, además de ser equitativa con relación a otros productos de inversión, servirá para incentivar a ahorristas a considerar alternativas de inversión distintas del dólar y, al mismo tiempo, consolidar el desarrollo de la industria cripto en nuestro país.

Impuesto a los débitos y créditos bancarios

- Se propone eliminar cualquier limitante a la exención plena de las cuentas recaudadoras de las PSAVs inscriptas ante la CNV, como sucede con otros intermediarios en activos regulados. Esta es una oportunidad para el Gobierno de eliminar un trato discriminatorio con la industria.

Esto deja ver que el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) es solo el primer tramo de un largo proceso de regulación crypto en la Argentina. Es preciso, y crucial, seguir cada uno de los pasos dados en este camino para comprobar que la normativa generada sea realmente positiva tanto para las empresas como para los usuarios del sector. Escribir notas poco fundamentadas y tweets polémicos sin argumentos con el objetivo de lograr una viralización perjudica la transparencia deseada y, en última instancia, puede impulsar a los usuarios a exponerse a riesgos innecesarios con plataformas extranjeras sin registrar.