Los intentos de la Unión Europea (UE) y de los Estados Unidos de cobrar en frontera un impuesto al carbono emitido por productos importados podrían representar, a mediano plazo, una nueva traba proteccionista de los países desarrollados, según analizaron empresarios exportadores en reuniones con funcionarios nacionales.
Si bien el tema no forma parte de las preocupaciones inmediatas del sector privado, el alcance de esas iniciativas, que datan de hace más de una década pero se reactivaron en forma reciente, fue considerado en las recientes reuniones mantenidas con la Secretaría de Negociaciones Económicas Internacionales.
El año pasado, la Comisión Europea incluyó este proyecto de impuesto en el Pacto Verde, con el objetivo de atenuar el riesgo de “fuga de carbono” en la UE.
Así se definió a la situación que ocurre cuando las empresas transfieren la producción a países que son menos estrictos con las emisiones contaminantes.
La propuesta avanzó y ahora, desde el 22 de julio hasta el 28 de octubre, se encuentra en la etapa de consulta pública, mientras su adopción se prevé para el segundo trimestre de 2021, precisó el Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería argentina.
En Estados Unidos, en tanto, este probable cargo tiene “un panorama un poco más incierto”, indicó el análisis oficial.
El proyecto estadounidense figura en la versión borrador de la plataforma electoral del partido Demócrata y también forma parte de diversas iniciativas presentadas por congresistas demócratas y republicanos, aunque por ahora “se encuentran en la etapa de debate”, informó el CEI.
El impuesto sobre el carbono es pensado como un tributo medioambiental sobre la emisión de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, que pretende reducir su expulsión a la atmósfera.
Su objetivo es desalentar las emisiones de contaminantes y hacer que los contaminadores paguen en proporción a sus emisiones.
Las iniciativas en debate en los ámbitos legislativos y ejecutivos de la UE y EE.UU. incluyen un gravamen sobre las importaciones y un reintegro a las exportaciones por los cargos internos pagados.
En el caso europeo se argumenta que los esfuerzos por lograr una neutralidad climática para 2050 “podrían verse socavados por la falta de ambición de nuestros socios internacionales”.
El nuevo mecanismo contrarrestaría ese riesgo mediante un precio del carbono a las importaciones de ciertos bienes de fuera de la UE.
La aprobación del nuevo impuesto, advirtieron los analistas, obligaría a los países exportadores a reformular sus métodos de producción si quieren seguir vendiendo sus productos en los grandes mercados de la Unión Europea.
Con información de Télam.
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