Por qué los hoteleros también se suman al reclamo sobre el impuesto a las grandes fortunas
El sector hotelero fue sin dudas uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la propagación del virus impactaron de lleno en las economía de la industria hotelera nacional que, por largos meses, sufrieron abstinencia de turistas.
Luego del desplome de la actividad que sufrieron por el COVID-19, un nuevo revés los vuelve a poner en el ojo de la tormenta. La razón es la misma por la cual el Foro de Convergencia Empresarial y la UIA levantaban la voz algunos días atrás: la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario.
Este proyecto, ya aprobado en Diputados, "es más que un tributo a la riqueza", sostienen desde la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT). Roberto Amengual, Presidente de AHT, manifestó que se trata de un impuesto a la producción y al empleo. "Pretende gravar la inversión realizada en bienes productivos, y dinamita la inversión, la creación de empleo y la generación de divisas", retrucó.
Desde la AHT reclamaron a través de un comunicado que la industria turística ya sufrió el cierre de más de 4.300 establecimientos, no tiene facturación desde el mes de marzo, y lleva perdidos más de 83.000 puestos de trabajo entre marzo y julio de 2020. El tributo que podría significar, en algunos casos, un monto que duplica el aporte que los establecimientos reciben del Estado en concepto de ATP.
"Este impuesto, claramente grava la inversión productiva, ya que se aplica sobre las participaciones societarias de las personas humanas"
"El sector se encuentra sin actividad desde mediados de marzo de 2020. ¿Cómo se supone que se financiará el pago del impuesto?", reflexionó el Presidente de la entidad que agrupa a los establecimientos de 4 y 5 estrellas que operan en el país.
Amengual reparó en que, en caso de sancionarse este impuesto, una parte de las reservas financieras que hoy están siendo destinadas a sostener las empresas deberán ser asignadas a pagarle otro tributo más al Estado. "¿El resultado? Se ponen en riesgo más puestos de trabajo y se impide la generación de inversión", consideró.
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Radiografía del sector
La industria turística registró una pérdida cercana al 20% de su masa salarial entre los meses de marzo y julio (18%): 83.000 puestos de trabajo menos. Desaparecieron el 15% de las empresas registradas, entre establecimientos hoteleros, gastronómicos y actividades vinculadas: 4.300 son las empresas que dejaron de operar.
Un relevamiento realizado en el mes de agosto por Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) a través del aporte técnico del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), pone de manifiesto que cerca del 50% de los establecimientos hoteleros está en una situación terminal: considera "probable", de mantenerse esta coyuntura, el cierre definitivo o quiebra. En este contexto, resulta inviable incrementar los gravámenes que tiene que afrontar el sector.
Aún en agosto el 64,9% de las empresas no tuvo facturación.
El Informe Técnico elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo reconoce que "la rama de alojamiento fue una de las más afectadas por el COVID-19. Allí, aún en agosto el 64,9% de las empresas no tuvo facturación. Si bien este guarismo implica una mejora respecto al pico de 74,2% tocado en abril, no deja de ser una situación profundamente crítica (sobre todo, teniendo en cuenta que en febrero solo el 2% de las firmas del sector no tenía facturación). En gastronomía se observa una situación similar: en agosto, el 32,8% de las empresas del sector no tuvo facturación (tras haber tenido un pico de 61,8% en abril). En febrero, esa cifra rondaba el 2%".
Por otro lado, el turismo es un importante generador de divisas. En condiciones de actividad previas a la cuarentena, generaba el 7,2% de las divisas (US$ 5200 millones, en cuarto lugar después de los sectores oleaginoso, cerealero y automotriz).
"Muchos de los hoteles se han visto obligados a acudir al financiamiento bancario para hacer frente a sus gastos corrientes, en un contexto de nula facturación. Este impuesto, claramente grava la inversión productiva, ya que se aplica sobre las participaciones societarias de las personas humanas. Implica pagar el impuesto sobre el valor total, ajustado por inflación, de las inversiones realizadas en actividades productivas en el país", explicó Amengual.
