En el Boletín Oficial de este martes salió el Decreto 698/2024. El mismo amplía el sistema de percepción de tarifas en el transporte público. Es decir, abre el sistema para que no solo se pueda pagar con SUBE sino también con cualquier medio de pago y así permitir la interoperabilidad.

Como medida fue bien recibida en general ya que la desregulación del sistema SUBE en el transporte se venía pidiendo hace bastante. Sin embargo, no todos los jugadores que conforman la industria de medios de pago quedaron satisfechos con el decreto. Y es que el Artículo 4, según interpretación de fuentes consultadas por Forbes, puede desencadenar un nuevo monopolio. 
 

ARTÍCULO 4°.- El BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA será responsable del procesamiento de la totalidad de las transacciones y de la administración y mantenimiento del equipamiento embarcado y no embarcado, en las condiciones que a tal efecto establezca la Autoridad de Aplicación del presente y, de estimarlo necesario, podrá encomendarle el ejercicio de las funciones derivadas de su rol de Agente de Gestión y Administración -en forma total o parcial- a sus sociedades vinculadas en consideración de sus respectivas competencias.

Al observar el artículo con detenimiento se entiende que el Banco de la Nación Argentina será el único ente responsable de las transacciones y administre y mantenga los equipos. Esto sorprendió a muchas personas que venían siguiendo el proceso ya que hasta hace no mucho tiempo se planteaba salir del sistema SUBE hacia uno totalmente abierto donde todos los jugadores del sector compitieran entre sí. Incluso algunas empresa ya habían calculado cuánta inversión deberían realizar para reponer los equipos. 

“Desde mi punto de vista, armaron un monopolio para el Banco Nación con la captura de todos los medios de pago. Es un disparate porque todo el sector privado está listo para salir a competir”, cuenta a Forbes un directivo de una fintech local que se mostró disgustado por la decisión. Y remató: “Es un escándalo. Porque esto es entendible en un esquema cerrado propietario pero no en algo que es un estándar mundial y cuando existen muchas compañías con más capacidad y experiencia”. 

Otra fuente cercana al proceso se mostró más moderada al respecto y explicó que ese artículo “es parte del 'toma y dame' del acuerdo”. “Fue el punto que terminó destrabando esto. No deja afuera al resto de las empresas sino que pone al Banco Nación en una posición 'coelsistica' (NdR: en referencia a Coelsa y la compensación de pagos) por así decirlo. Las demás empresas del sector lo acordaron y en estas cuestiones creo que si no se dan estas cosas, los proyectos no avanzan. Es parte de las negociaciones para que las cosas sucedan. 

Finalmente, Forbes consultó con otros dos referentes del sector fintech que siguen de cerca las negociaciones y ambos dieron razones para compender por qué se tomó esta decisión. “Se le da prioridad al Banco Nación al procesamiento en el esquema de pago porque ellos tienen toda la información de subsidios, cuadros tarifarios, etc”, señaló una de las personas consultadas para esta nota. 

Mientras tanto, la otra argumentó que “esta es la manera más ordenada de salir de un sistema cerrado como lo es SUBE”. “Entiendo que una parte de la biblioteca diga que esto impulsa un nuevo monopolio pero salir de forma totalmente abierta podía generar un gran desorden. Porque a todas las empresas del sector les interesa trabajar con las líneas del subte por ejemplo pero a un municipio chico con una línea de colectivos, ¿quién le iba a dar servicio?. De esta manera garantizas salir del sistema cerrado y continuar ofreciendo servicio para todos”, explicó a Forbes. 

En esa línea, quienes están más a favor de este proceso indicaron que esta es solo la primera etapa. Por lo tanto, este decreto no querría establecer al Banco Nación como el único procesador de pagos para el transporte público para siempre sino que una vez estabilizado el nuevo sistema podría abrirse también este negocio a más empresas. “Yo creo que eso va a terminar pasando en una segunda etapa. Pero en este primer paso me parece correcta la decisión. Salimos de un sistema de pagos cerrado a uno abierto, que incluye todos los medios de pago en todos los transportes y en todo el país. Es positivo lo que se logró”, concluyó una de las fuentes que dialogó con Forbes. 

Quién se hará cargo de la renovación de los equipos 

La mayoría de los equipos que existen hoy en el transporte público para realizar el pago solo aceptan la tarjeta SUBE. Por lo tanto, se viene un proceso de renovación que tiene un costo y que debe definirse quién lo enfrentará. 

Como es el Banco Nación la entidad que realizará el procesamiento, debería ser quien reponga los equipos. Sin embargo, el gobierno actual no se muestra positivo a que el Estado realice gastos por lo que el Banco Nación deberá negociar con empresas privadas para que se hagan cargo de esa inversión. Algo que podría ser difícil si las compañías no ven incentivos para llevar a cabo ese desembolso de dinero. 

En este punto hay muchas versiones encontradas. Una de ellas señala que deben cambiarse todas las terminales y que eso costaría alrededor de US$ 50 millones. Mientras tanto, otras versiones indican que solo se debe cambiar menos del 10% de los equipos y que al resto se le puede sumar un lector que acepte todos los métodos de pago. “A precio real de mercado, si en el medio no ocurre nada extraño, esto último requeriría aproximadamente US$ 10 millones”, calcula una persona allegada al proceso. Mientras tanto, otra fuente discrepa con todas las versiones anteriores: “Son todos cálculos que corren pero que no tienen un argumento fuerte detrás. Es cierto que las inversiones las terminará haciendo el sector privado, por lo menos hasta ahora, pero no hay un número real al respecto”.