En el mundo, ya hay una demanda de US$ 2.500 millones en préstamos anuales pero, en un país donde la coyuntura que predomina es la inestabilidad, ¿qué tanto puede crecer el sector?

Un pequeño préstamo puede hacer una gran diferencia. Y, en Argentina, pequeños impulsos al sector de las microfinanzas también podrían hacerla. Es que el país se quedó atrás en comparación con sus pares regionales, en gran parte debido a los altos costos operativos y la falta de un sistema regulatorio que impulse un desarrollo fuerte de los organismos microfinancieros. Sin embargo, el punto fundamental de estas entidades no deja de ser el doble propósito: la rentabilidad financiera y generar impacto social, objetivos que variarán según sean ONG o cooperativas, IMF reguladas o no reguladas.

A grandes rasgos, explica Ignacio Carballo (docente e investigador de la UBA y la UCA y especialista en inclusión financiera), el trade-off en el doble propósito también se equilibra de manera disímil de región a región: “En Asia, donde la industria microfinanciera es muy inmensa (entre otras cosas, porque nace en Bangladesh con el Grameen Bank del premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus), es relativamente más social con menor rentabilidad. En América Latina y el Caribe, el enfoque predominante es el comercial, con mayores tasas de interés y una óptica más enfocada en la rentabilidad, pero nunca olvidando el impacto social”.

A nivel global, y sobre la base de pronósticos conservadores, Carballo indica que las tasas de crecimiento anual de las IMF superan el 15%. A futuro, esto implica una demanda mayor a los US$ 2.500 millones para préstamos cada año, con US$ 300 millones a US$ 400 millones en capital de giro adicional requerido para respaldar dichas operaciones. Solo las 100 IMF más grandes aumentaron su base de clientes en un promedio del 26% al año y tienen una necesidad continua y creciente de capital.

En nuestro país, el relato es un poco diferente y bastante particular. “El sector está escasamente desarrollado, con condiciones externas que no favorecieron su evolución positiva: altos costos de financiamiento y fondeo, altos costos operativos, legislación que no fomenta ni comprende adecuadamente ni a las instituciones que desarrollan la actividad ni al segmento atendido por ellas”, explica Denise Ferreyra, al frente de ProMujer, una empresa social líder que apoya a mujeres en América Latina: hoy tiene 12.714 clientas y una cartera de más de $ 145 millones.

Ferreyra responsabiliza a la falta de normativa en Argentina como factor crucial a la hora de desarrollar el sector. “No hay leyes que obliguen a los bancos a destinar un porcentaje de su cartera a financiar esta actividad. Aunque el concepto de inversión de impacto social es de reciente introducción en el país, aún no se incluye a las microfinanzas”, advierte. Entre el amplio abanico de servicios microfinancieros utilizados en el mundo (microseguros, microdepósitos, microleasing, entre otros), en Argentina la palabra “microfinanzas” es casi un sinónimo de “microcrédito”.

Según el último informe de la Red Argentina de Microfinanzas (RADIM), Argentina cuenta con 51 instituciones microfinancieras y es el octavo país con menos oferentes de microcréditos en la región. Pero, más allá de un contexto que pareciera desanimar, Argentina llevó a cabo un fuerte impulso en el sector durante los últimos años: los indicadores demuestran que el número de instituciones aumentó un 31%, el número de préstamos activos ascendió un 5,22% y la cartera bruta creció un 136% de junio de 2014 a junio de 2017. Si bien el saldo promedio del crédito aumentó un 130,73%, parte del incremento se debe a las altas tasas inflacionarias durante el 2015 y 2016.

“Existe una demanda de microcréditos latente que supera ampliamente a la oferta vigente. Esta última cubriría menos del 10% de dicha demanda potencial”, indica Carballo. Según la licenciada Marta Bekerman, presidenta de Avanzar, “se estima que la oferta de microcréditos cubre menos de un 5% de la demanda potencial, que se estima en alrededor de 1.300.000 requerimientos”.

Y existen aproximadamente dos millones de demandantes potenciales de microcréditos. “Es un número inmenso que refleja un sector con grandes posibilidades de crecimiento, de eliminarse las barreras que detienen su desarrollo. Además, en nuestro país el ratio crédito sobre PBI es solo del 14% (en Uruguay es del 30%; en Brasil, 66%; en Chile, 107%). Es decir que el acceso a servicios financieros aún tiene mucho espacio para crecer”, agrega.

Riesgos y garantías

Las microfinanzas son un subsector dentro del mundo financiero y, por definición, también perciben ganancias, y muy grandes, a diferencia de lo que podría pensarse. Para que esa rentabilidad pueda ocurrir, las IMF deben establecer reglas del juego claras y con posibilidades reales de ser cumplidas.

“Los microcréditos otorgados por nuestra organización tratan de responder a las necesidades de la población a la que son destinados. Son flexibles y parten de una base de confianza en una población que normalmente no la recibe, por lo que se fortalece la relación”, explica Bekerman. Avanzar tiene una cartera de casi $ 5 millones, un total de 652 prestatarios y una tasa de devolución muy alta: el 95% de las personas pagan correctamente sus microcréditos.

“El sistema es el de incentivos dinámicos, que funciona premiando a los beneficiarios que muestran un cumplimiento estricto con el pago de las cuotas y consiste en otorgarles mayores montos en el momento de sus renovaciones”, completa el coordinador general de la organización, Carlos Pérez Niz. “Los riesgos asumidos son altos dado que la mayor parte de la población con la que trabajamos se encuentra dentro de la informalidad. Esto requiere hacer una evaluación cuidadosa de cada solicitante para evaluar su capacidad y voluntad de pago, lo cual no deja de ser un verdadero desafío”, agrega.

En el caso de ProMujer, como en el de muchas otras instituciones financieras, usan el sistema de garantía mutua y hoy tienen una tasa de repago puntual del 99,7%. De hecho, son muy pocos los casos en que sus prestatarias no cumplen con su compromiso de pago. Un caso similar es el de Semillas, una organización con casi dos años de existencia, más de $ 20 millones en créditos entregados y más de 3.000 beneficiarios. Están presentes en siete municipios y 28 barrios del conurbano bonaerense. Como ProMujer, trabajan con la metodología de grupo solidario y poseen una tasa de devolución del 99,95%. Una vez entregado el crédito, las personas pueden elegir el paso para pagarlo, variando entre cuatro, cinco y seis meses, y se paga cada 14 días. “Somos una entidad que no otorga productos enlatados ni estandarizados, sino que nos adaptamos a las necesidades de los beneficiarios que, además, acceden a una cierta cantidad de beneficios una vez que ingresan al programa”, indica Paula Franco, a cargo de la operatoria y el trabajo de campo del programa.

La tecnología también juega un papel importante a la hora de promover el desarrollo de las microfinanzas. En 2015, cuando nadie hablaba de fintechs, Sumatoria lanzó una plataforma de crowdfunding (sumatoria.org) que conecta emprendedores que demandan microcréditos para invertir en capital de trabajo con inversores sociales individuales que están dispuestos a financiarlos a través de pequeños aportes reembolsables, sin tasa de retorno pero con devolución, lo que marca un avance con respecto a la alternativa de donación que los particulares hacen a instituciones de este tipo.

“Ante un contexto de elevados costos operativos, falta de escala y concentración urban, nada suena más certero que el desarrollo de nuevas tecnologías y canales digitales para resolverlo”, explica Nicolás Xanthopoulos, coordinador general de la ONG que, el año pasado, selló un acuerdo con Mercado Pago, que puso a disposición su tecnología de pagos para reducir las tasas de financiamiento. Además, Sumatoria desarrolló un fondo propio en el que financiará y dará mentoreo a los emprendedores de la red para que sigan haciendo crecer sus negocios, en especial en temas de e-commerce y pagos digitales. Hasta hoy, financió unos $ 500.000 para 137 emprendedores, a través de más de 350 aportes de usuarios. Ahora analiza la posibilidad de retribuir a los inversores sociales con una tasa de retorno, para hacerlo más atractivo y constituirse como una de las primeras experiencias de inversión de impacto del país, demostrando así que, aunque todavía quede mucho camino por andar para potenciar el sector, ideas y proyectos para impulsarlo no faltan.

¿Y los bancos dónde estáñ

El caso del Banco Ciudad

La incursión del Banco Ciudad en microfinanzas comenzó hace casi 20 años, con la iniciativa de financiar como institución de segundo piso a aquellas IMF de CABA que necesitaban fondeo. Más de una década después, en 2013, el banco creó Ciudad Microempresas S.A., una entidad comercializadora de microcréditos que, según indican en la organización, logró posicionarse como la segunda institución con mayor market share en su segmento.

Fernando Elías, vicepresidente del Banco Ciudad.

Así, el banco ya superó los 10.000 clientes (con un ratio de devolución mayor al 90%), y el dinero entregado en microcréditos no para de crecer: en 2015, fueron $ 44 millones; durante 2016, se otorgaron $ 98 millones; en 2017, otros $275 millones; y, para 2018, proyectan alcanzar los

$ 500 millones. “Dado que en nuestro país la bancarización alcanza solo al 50% de la población, tenemos, como banco público, un gran desafío por delante y, a la vez, una gran oportunidad”, dice Fernando Elías, vicepresidente del Banco Ciudad. Y agrega: “También tenemos una amplia gama de productos para la inclusión financiera, por ejemplo la caja de ahorros con solo DNI, el Préstamo Hipotecario Social (refacción, construcción o compra), Caja Ladrillo (tarjeta de crédito para compra de materiales para la construcción) y microseguros, entre otros”.

El ejecutivo también señala los principales desafíos para continuar la expansión en microfinanzas: “Del lado de la demanda, está la problemática de aquellos que se desenvuelven en la economía informal y no encuentran ventajas en la formalización. El hecho de acceder a un banco se vincula con la necesidad de ingresar al esquema impositivo, y entonces gana el temor a una reducción del dinero disponible para el usuario final. Y otro de los obstáculos es el que enfrenta toda institución que brinda asistencia crediticia a sectores relegados, que tiene que ver con la información asimétrica, o sea, una escasez generalizada de datos respecto de nuestros potenciales clientes”.

Programas de educación financiera, apertura de sucursales en barrios vulnerables y mejoras en el acceso a partir de nuevas tecnologías (por ejemplo, con la implementación de una aplicación mobile que permitirá solicitar un microcrédito a través de un teléfono celular) son algunas de las estrategias que señala el ejecutivo como claves para afrontar el desafío.