La Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, suspendió el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuestaria previsto para este jueves en el que se iba a tratar el proyecto de Ley de Humedales.
La decisión surgió tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate.
Con las firmas de los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se solicitó que "se fije una nueva fecha" para la continuidad del debate, "con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales".
Así, la reunión prevista para este jueves a las 10, como continuidad del cuarto intermedio de la iniciada el jueves pasado, quedo finalmente suspendida sin nueva fecha de realización.
La posición de los gobernadores:
Los gobernadores del Norte Grande compartimos la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate.
• Cualquier ley que se apruebe debe considerar los siguientes presupuestos para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible:
• Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan. Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región. De otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática.
• Ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias.
• La ley debe focalizarse sobre los humedales naturales, no en los derivados de la acción antrópica.
• Debe respetarse en tal sentido, que corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional. Lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales.
• Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias.
• El Fondo de humedales no debe ser inferior al 0,3 % del presupuesto nacional. Dicho fondo debe integrarse en el próximo presupuesto, para garantizar que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley.
• La distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con criterios objetivos, claros y justos. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iniciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias.
• Cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales. Dicho órgano debe ser de carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales.
• Consolidación del COFEMA como ámbito de articulación interjurisdiccional para la coordinación de la implementación y aplicación efectiva de la ley.
A propósito Cofema desde hace varios años viene trabajando el tema, este año en asamblea se aprobó un proyecto que el Ministerio de Ambiente de Nacion comprometió el envío al Congreso a través del Poder Ejecutivo, eso no sucedió y no nos fue informado. Por ello el proyecto de ley de Cofema no fue analizado en el Congreso y representa la expresión más federal y de mayor consenso en los últimos años. Por ello debería ser tomada en cuenta en este debate.
La industria minera también marcó sus diferencias:
“Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados”.
“Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional”.
“Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento”.
“La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental”.
"Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales".
"La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras".
“Todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados”.
“Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono”.