Gustavo Lopetegui notificó un cambio en el régimen de subsidios a la explotación de yacimientos en Vaca Muerta que, según Tecpetrol, le ocasionará una pérdida de más de al menos US$ 140 millones. En el mismo sentido, YPF estimó su perjuicio en US$ 60 millones ante la CNV. Trama de una disputa por la rentabilidad no convencional.
El 23 de abril de 2018, una semana antes de la crisis financiera que derivó en la devaluación del peso a la mitad, una inflación de casi 50% y el retorno al FMI, Mauricio Macri emitió un mensaje desde Vaca Muerta. Desde allí les pedía a los argentinos que consumieran menos pero que confiaran en su país, uno que había vuelto a producir hidrocarburos e incluso pensaba en exportarlos; uno que, contenido entre las piedras, tenía todo para ser potencia. El idilio con el yacimiento de gas no convencional parece estar terminando. El martes, el flamante secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se sentó frente a las empresas que operan proyectos en aquellas tierras neuquinas y les comunicó una decisión respecto de la Resolución 46 de 2017. El temido cambio en las reglas de juego.
Gas Natural Subsidiado
En marzo de 2017, Juan José Aranguren firmó la resolución que le dio forma al denominado "Plan Gas", un programa de estímulo a la producción de gas no convencional por el cual el Estado garantiazaba, desde entonces y hasta 2021, un precio mínimo. Empezando por US$ 7,5 y bajando 0,5 por año hasta el final, las empresas recibirían la diferencia sobre un precio de mercado, que oscilaba entonces y ahora entre los US$ 5 y US$ 4 por millón de BTU. El plan apuntaba a compensar inversiones cuyo retorno se calcula al menos a 25 años, y el gran beneficiado del momento fue Tecpetrol, la rama petrolera de Techint que tiene inversiones comprometidas hasta 2019 por US$ 2.300 millones en Fortín de Piedra, el mayor yacimiento onshore de gas de la Argentina, que ya produce más del 10% de la oferta de gas en el país.
Fortín de Piedra, el yacimiento de Tecpetrol en Vaca Muerta.
La inauguración oficial de la obra tuvo lugar el 28 de agosto pasado. Fue un evento de peso político: a un mes de las primeras revelaciones del escándalo de los cuadernos, Mauricio Macri se mostraba junto a Paolo Rocca. La inversión valía la pena. Argentina necesitaba dólares y fuentes de trabajo. Y los estímulos de la R46 (más de 40% de compensación sobre el precio del mercado) así lo demostraban. Pero, además, la ecuación cerraba: el estímulo a la producción onshore resultaba más barato que la importación por barco de GNL (Gas Natural Licuado), cuyo costo total se calcula cerca de los US$ 9 por millón de BTU. La carrera por obtener renta no convencional se largó y la empresa de Paolo Rocca, seguida por YPF, fue la que mejor arrancó. De 0 en 2017 pasó a 8 millones de metros cúbicos diarios y actualmente su producción supera los 17 millones. Lo cual no solo aumentó el subsidio por volumen de producción sino por la baja considerable en el precio, dada la sobreoferta de recurso. En 2017, el Gobierno no solo no preveía semejante aumento. Tampoco imaginaba un 2018 como el que vivió la Argentina. Un país donde el déficit 0 no es solo un deseo o una plataforma electoral sino un programa del Fondo Monetario Internacional.
Hoy no se fía, ayer sí
Gustavo Lopetegui les comunicó a las empresas que operan en Vaca Muerta (Tecpetrol, YPF, PAE, CGC de Eduardo Eurnekian, CAPSA, Wintershall, Pluspetrol, entre las más importantes) que ya no se les pagará el subsidio por lo producido en su totalidad si no por lo estimado en el plan original. Esa interpretación le ahorra al fisco poco más de US$ 500 millones respecto de los casi US$ 1.300 que hubieran correspondido por la producción total. Un gasto que el recorte fiscal comandado por Nicolás Dujovne no está dispuesto a hacer. En sus comunicaciones frente a la CNV, tanto Tecpetrol como YPF señalan que la interpretación de Lopetegui difiere de lo previsto y tiene como consecuencia una pérdida de al menos US$ 140 millones y US$ 60 millones respectivamente.
Gustavo Lopetegui carga sobre sus espaldas con la decisión de arbitrar sobre un conflicto al que, si bien no es ajeno (era coordinador de área cuando Aranguren firmó la resolución), sí llega tarde. Los analistas coinciden en que las soluciones hubieran sido menos drásticas cuando la producción todavía se ubicaba sobre lo previsto. El ex secretario Iguacel, como afirmó en Forbes en diciembre, había asegurado que "los proyectos que estaban presentados tienen derechos adquiridos, algunos ya aprobados; se van a respetar, pero ya no vemos necesario seguir aportándoles ese incentivo". Más tarde de lo deseado, el Gobierno recortó ahí donde más le duele: en la "previsibilidad". El conflicto está lejos de terminar; recién está empezando.