Cada uno de los sectores energéticos en la Argentina estuvo condicionado en las últimas dos décadas por la inestabilidad de la macroeconomía: inflación, restricciones cambiarias, endeudamiento y defaults, falta de financiamiento o tasas impagables, y un ciclo no virtuoso que se retroalimenta con vaivenes regulatorios que ya no reconocen signos políticos. Todo se profundizó en el marco del escenario inédito e impensado de la pandemia, que enmarca el cuadro sobre el cual los distintos niveles de gobierno y las empresas intentarán este 2021 reconstruir al sector para transformarlo en un vector de competitividad, generador de actividad económica, mayor empleo como mejor condimento de reordenamiento social y un multiplicador de las necesarias divisas.
El incremento de la actividad económica y el consecuente impacto en la demanda de combustibles, la recuperación de los precios internacionales del crudo y el incipiente aliciente que significa el Plan Gas.Ar en cuanto a la previsibilidad volúmenes, plazos y precios están reanimando al gigante dormido de Vaca Muerta. La formación de la Cuenca Neuquina no solo ya se encuentra a niveles de hace un año, previo al derrumbe de demanda y cotizaciones, sino que acaba de alcanzar en febrero su segunda mejor marca de actividad, medida por la cantidad de fracturas realizadas por las operadoras, tanto en la ventana del gas como del crudo.
Daniel Dreizzen, consultor asociado de Ecolatina, destaca que en cualquier punto del mundo se requiere de complejos equilibrios entre sus sectores energéticos y los factores macroeconómicos locales, internacionales y políticos. Así, en esa lectura de coyuntura para el país, entendió que “en petróleo hay una buena perspectiva para este año, con precios por encima de los US$ 60 el barril que dan rentabilidad para invertir y con un cada vez más eficiente desempeño de las operadoras en Vaca Muerta”, que lograron reducir hasta un 50% los costos por pozo en el último lustro.
“No se puede esperar un boom de inversiones nuevas pero sí una reinversión de utilidades”, entendió el también exsecretario de Planeamiento Energético, al mencionar el recurrente problema de “una economía que presenta una complejidad financiera para entrar dinero y sacarlo que hace que no sean posibles las grandes inversiones de la magnitud que requiere el potencial de los recursos”.
Es de esperar que la producción siga creciendo empujada por el no convencional, incluso en gas natural. Dreizzen explicó que “el 70% del gas que se produce en el país quedó regulado por el Plan Gas.Ar que acaba de implementar el Gobierno y que va a permitir sostener la producción, cortar el declive de los últimos dos años, con lo cual se advierte mucha actividad forzada por los compromisos de mantener al menos los niveles de 2020”. Todo parece indicar, como dice el consultor, que “arriba de la tierra no están dadas las condiciones para mucho más”.
En el desarrollo del año irrumpe también la evolución del precio de los combustibles, una referencia transversalmente sensible a todos los sectores de la actividad económica y a la mayor preocupación de los argentinos, que es la inflación. Los valores en los surtidores luego de 10 meses de congelamiento iniciaron a mediados de agosto pasado una recuperación con subas mensuales que hasta hoy acumulan más del 35%, a pesar de lo cual las petroleras afirman que aún hay hasta un 15% de atraso respecto de la paridad de exportación.
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Lo que se expresa en los tótems de las más de 5.000 estaciones de servicio de todo el país es la evolución del precio internacional del crudo, el incremento de los precios regulados de los biocombustibles, la actualización trimestral de los impuestos a los combustibles líquidos y la rentabilidad de las petroleras, en particular de la número uno del mercado, que es YPF. Sumida en sus propios desafíos, las necesidades de caja escapan a toda ancla antiinflacionaria que quisiera imponer en un año electoral el Gobierno, su principal accionista.
Dentro del sector eléctrico, las dinámicas son diferentes. La generación eléctrica, a diferencia de la producción de gas y petróleo, presenta un margen de reserva de más del 20%, es decir, el exceso de capacidad respecto del día pico de demanda del año, lo cual permite un margen confortable hasta el final del mandato de Alberto Fernández sin inversiones nuevas. Las más afectadas son las generadoras térmicas más viejas, que cobran una tarifa muy baja desde el Gobierno anterior y no les alcanza para cubrir sus costos y realizar inversiones de mantenimiento.
Un párrafo aparte merece el desempeño de las energías renovables que, a pesar de que las dificultades de financiamiento continúan, siguen sumando la entrada de nuevos proyectos al sistema y ganando MW en el total generado, alcanzando así récords de participación sobre el total. Tan es así que, junto a los ciclos combinados más eficientes, son las que llevan algo de alivio a la demanda de gas para generación, algo en particular necesario para los picos de invierno.
Pero la transmisión y la distribución eléctrica presentan “una situación mucho más comprometida porque el aumento de tarifas en 2019 fue parcial y en 2020 nulo, lo que llevó a las compañías a interrumpir los pagos por la energía que reciben y distribuyen” hasta acumular una deuda en pesos en torno a US$ 1.000 millones equivalentes, según explicó Santiago Alsina, Managing Director en Lazard.
Ante esta lectura del sector eléctrico, el analista de uno de los estudios que asesoró a la Argentina en la reestructuración de deuda privada identificó tres grandes riesgos referidos a “que se toquen los contratos, es decir, que se cambien las reglas de juego de las nuevas plantas que tienen contratos en dólares; que Cammesa aumente su atraso en los pagos, y que no aumenten las tarifas adecuadamente” en el actual proceso de costos y remuneración que inició el Gobierno.
Así, las perspectivas no son optimistas para el 2021: “Es un año de elecciones, y el Gobierno no quiere aumentar las tarifas como corresponde. Estirará al máximo posible los subsidios contrariamente a lo que pide el FMI, importará gas en el invierno, y tensionará el mercado energético al máximo”, afirmó Alsina.
En petróleo hay una buena perspectiva para este año, con precios por encima de los US$ 60 el barril, que dan rentabilidad para invertir.
Esas tensiones comienzan a desentrañarse estas semanas a partir de las audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Energía y los entes reguladores, motivados por la necesidad de implementar una tarifa de transición que cumpla el doble objetivo de dar un poco de aire a los actores del sistema energético, pero a la vez contener el impacto de las facturas en los bolsillos de los argentinos y sostener su evolución dentro de los parámetros de inflación oficiales.
La situación ya resultaba compleja en 2020, momento en que la larga cuarentena hizo difícil la implementación de cualquier política tarifaria. “En aquel momento, el Gobierno tuvo suerte de que los precios internacionales del gas natural, que es el principal recurso energético del país, bajaran sustancialmente, y la cuenta de subsidios no estalló”, dijo Alejandro Einstoss, economista y consultor en Energía y Servicios Públicos.
Pero esa coyuntura, explicó, “difícilmente se refleje para adelante porque los precios del GNL van a aumentar, la última negociación con Bolivia fue a las apuradas con aumento de precios y recortes de volúmenes, y ese viento de cola se terminó. Además, la renegociación con el FMI implica el ajuste de cuentas públicas que tienen a los subsidios como uno de los ítems fundamentales, y cualquier negociación implica necesariamente una revisión del tema tarifas”.
A la complejidad técnica y social de conformar nuevos cuadros tarifarios que resten presión a los subsidios, Einstoss -autor del libro Precios, tarifas y subsidios a la energía- suma la demanda de las necesidades de la coalición gobernante: “El año electoral va a terminar siendo determinante al momento de definir el nivel y el momento de los aumentos de tarifas” en todos los componentes de generación de transporte y distribución de luz y gas.
Las alternativas no son muchas. Lo que no se paga por tarifas se paga por subsidios, y si no a costa de la descapitalización de las empresas con la caída de la calidad de sus servicios. Pero ni siquiera la magnitud de los desembolsos del fisco asegura soluciones, ya que, de acuerdo con el reciente informe del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, en los últimos diez años los subsidios acumularon US$ 129.561 millones ?un monto que más que duplica el préstamo otorgado por el FMI en 2018?, con un pico en 2014 de US$ 19.876 millones. Esto no solo revela las dificultades sectoriales a ser asumidas, sino también su insostenibilidad, e indica que la solución del problema técnico de la producción en declive no puede ignorar la resolución prioritaria de este problema económico.
Ajena a todo debate interno, hay una agenda propia del sector, que se anticipa globalmente, vinculada a la transición energética; es decir, a la descarbonización total de las economías y el tránsito de los hidrocarburos hacia las fuentes renovables, en una mirada al futuro de sustentabilidad de los recursos. El mundo avanza hacia la electrificación, hacia los vehículos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde, en un camino en el que Argentina también tiene enorme potencial por la viabilidad y disponibilidad de sus recursos, sendero en el que se debe decidir a ingresar más temprano que tarde.
