La provincia de Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, desató una ola de críticas del sector financiero por su Presupuesto 2025. El mismo establece un incremento del 5% al 9% en la alícuota de Ingresos Brutos para los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), lo que incluye a las billeteras virtuales y a diversos prestadores del sector. Esta medida, no solo provocó comunicados en contra de la Cámara Argentina Fintech y de las cámaras que agrupan a los bancos sino también declaraciones públicas de compañías como Mercado Libre y empresarios del sector como Pierpaolo Barbieri y Sebastián Serrano. 

Si bien Santa Fe no es la única provincia que grava Ingresos Brutos para servicios financieros, es la que lidera el ranking por encima de Jujuy, donde se cobra 7%, Cordoba, 6,75%, y CABA, Mendoza y Provincia de Buenos Aires, todas con 5%. Lo que señalan desde el sector es que estos porcentajes en impuestos encarecen los pagos digitales y, por lo tanto, desincentiva su uso. 

"Hoy día, el único freno a la digitalización de la economía es el peso fiscal que se aplica sobre las personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos. Las herramientas existentes, disponibilizadas por múltiples actores del sistema financiero tecnológico, han demostrado ser accesibles, de uso sencillo y de adopción masiva. No es un tema de disponibilidad ni capacidad de uso, sino de viabilidad ante la carga tributaria", afirman desde la Cámara Argentina Fintech. 

Cómo es la presión tributaria sobre pagos digitales

Con el surgimiento de métodos de pago digitales, se establecieron distintos impuestos y retenciones que incluyen regímenes anticipados. Algunos de ellos son nacionales, otros provinciales y también existen los locales. Esta situación se repite en todo el mundo pero hay países que establecen porcentajes más pequeños para incentivar el uso del dinero digital. No es el caso de la Argentina, que cuenta con los porcentajes más altos de la región. 

"Las retenciones tributarias pueden ser entendidas como un mecanismo que diversos gobiernos utilizan para asegurar la recaudación de impuestos de manera anticipada a través del sistema de pagos. El caso de América Latina es paradigmático ya que pueden ser mecanismos relevantes para asegurar la fiscalidad de varios de nuestros países. Algunos ejemplos de ello pueden encontrarse en Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay o Costa Rica", destaca Gonzalo Plecity, director de asuntos públicos para Latam de Mastercard en un texto que publicó sobre el tema llamado: "Las retenciones tributarias y su impacto en la aceptación de pagos digitales. El desafío de nivelar la cancha en América Latina". 

En el texto, Plecity también destaca que "si bien a lo largo del tiempo estas retenciones se han vuelto cada vez más relevantes para los países de la región, también han tenido un efecto no deseado relacionado al costo de aceptación que los comercios perciben a la hora de aceptar un medio de pago como las tarjetas". "Este impacto puede ser significativo, sobre todo en pequeños comercios, y merece una atención particular, especialmente cuando se compara con otros medios de pagos digitales y el uso efectivo", advierte al respecto. 

La situación en la Argentina

Quienes estudian los temas impositivos explican que la Argentina avanzó durante los últimos años en el proceso de digitalización e inclusión financiera aún cuando la carga fiscal atenta contra la formalización de la economía. Mientras un pago en efectivo, popularmente llamado "en negro" porque es más difícil de rastrear para cobrar la retención o el impuesto, tiene una carga del 0%, aquellos hechos con tarjetas tienen una presión impositiva elevada. 

Hasta 2024 la carga tributaria, entre retenciones e impuestos indirectos, representaba un importe extra del 10.2% del costo de aceptar un medio de pago digital. En 2025, esa brecha se ha reducido pero continúa representando hasta un 75% del costo al comercio (Es decir: por cada peso que tiene de gasto un comercio por aceptar el pago con tarjeta de crédito, 75% son impuestos o retenciones). Adicionalmente al comercio, el consumidor también es deudor de un impuesto indirecto al pagar digitalmente de aproximadamente 1,2%, en concepto de Impuesto al Sello, a la respectiva jurisdicción local sobre su resumen de tarjeta de crédito.

La baja entre 2024 y 2025 se debe a que el Poder Ejecutivo eliminó la Retención sobre IVA y Ganancias, lo que impulsaba un terreno de juego desnivelado entre distintos medios de pagos electrónicos. Esto representó un descenso de hasta el 4%, lo que generó que la Argentina deje de ser el país de la región con mayor cantidad de retenciones sobre estos pagos e iguale a países como Uruguay. 

Sin embargo, el caso de Uruguay es distinto y así lo remarca Plecity en su texto: "Ha sido un país que ha estado a la vanguardia regulatoria, principalmente guiado por un regulador financiero muy capacitado a nivel técnico, en términos de generación de incentivos para la promoción de pagos digitales, como la devolución de IVA sobre la compra con tarjetas, que hoy es del 2%. Un incentivo claro al consumidor para promover la demanda de este medio de pago y generar incentivos para evitar el uso de efectivo". 

Volviendo a la Argentina, hasta 2024, en el peor de los casos, la carga tributaria asociada llegaba a 10,2%.  De ahí el famoso "descuento de 10% por pago en efectivo" que se popularizó entre los comerciantes. De todas formas, aún quedan pendientes algunas cuestiones, como el impuesto al cheque, y el régimen de retenciones en las provincias que sigue siendo muy regresivo, como apuntaron en estos días Marcos Galperín, Pierpaolo Barbieri y Sebastián Serrano, entre otros. 

Desde el sector afirman que los países con mayor penetración de pagos digitales como Brasil, Chile, en la región, o Estados Unidos o Europa, a nivel el global, no utilizan los sistemas de pago como herramienta de recaudación por su efecto nocivo sobre la formalidad y por ese motivo generan mayores incentivos para su uso. 

"Será crucial que nuestros gobiernos avancen en procesos de repensar sus propias políticas públicas para crear un ecosistema de pagos más equitativo y eficiente, promoviendo así la competitividad y sostenibilidad de los negocios en un mundo cada vez más digitalizado al mismo tiempo que co-construyen esquemas fiscales más progresivos para lograr ganar al efectivo y la informalidad", advierto Plecity. Y concluye al respecto: "En los próximos años, los reguladores fiscales y financieros, tendrán el desafío de generar, teniendo en cuenta sus contextos locales únicos, herramientas para lograr una mayor digitalización revisando las políticas fiscales, al tiempo que se simplifican procesos existentes".